En el contexto actual de disputa electoral, grupos políticos y económicos, asociados a sectas fundamentalistas, están contribuyendo a la exclusión educativa de más estudiantes en Paraguay. A la fecha existen cerca de 460.000 niñas, niños y adolescentes fuera del sistema educativo nacional, y no se están discutiendo las estrategias de retención y revinculación de las y los estudiantes para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación.
Uno de los grandes vacíos en el Presupuesto General de la Nación es la baja cobertura del programa de alimentación escolar, la nula capacidad de impresión de textos educativos vigentes y la deficiente infraestructura. Estos elementos son, en parte, cubiertos por fondos de la cooperación internacional para el desarrollo, debido a la inequidad fiscal y un gasto público que no prioriza el derecho a la educación.
El Parlamento de Paraguay no puede legislar sobre discursos de odio, miedo y mentiras, generando una regresión en la cobertura de servicios públicos de miles de estudiantes y sus familias. Cerca 38 de cada 100 niñas, niños y adolescentes viven en situación de pobreza, y con el programa de alimentación escolar se logra que al menos accedan de manera segura, a un alimento al día, entre semana, durante el periodo escolar, según la gestión de cada Gobernación y Municipio.
La Cámara de Diputados de Paraguay al realizar la derogación la Ley N.° 6659/2020 “que aprueba el Convenio de Financiación entre la Unión Europea y la República del Paraguay para el Programa de Apoyo a la Transformación del Sistema Educativo en Paraguay, y sus Anexos”, directamente a violado la Ley N.° 57/90, que «Aprueba y Ratifica la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño», que en su artículo 4°, indica: «Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole apropiadas para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas de conformidad con los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional»; entre otros instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que garantizan los derechos sociales, económicos y culturales de todas las personas.
Ante esto, advertimos, que el Estado paraguayo está incumpliendo no solo con la Constitución Nacional, sino también con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, por medio de los pactos y tratados firmados y ratificados en los últimos 40 años; hecho que socava la seguridad jurídica y clima de inversiones en el país, pudiendo traer serias consecuencias a la economía y al bienestar de toda la población.
Esperamos que en el Senado prime la cordura ante el tratamiento de este tema; e informamos al Estado paraguayo que desde nuestro rol de vigilancia y exigibilidad de derechos humanos de la niñez y la adolescencia realizaremos una comunicación a los órganos de tratado a los cuales el Estado de Paraguay se encuentra adherido, como también al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, del cuál es integrante en la actualidad, en defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país.
Asunción, 30 de noviembre de 2022.-