En Paraguay, el Ministerio de Educación y Ciencias -MEC- promueve una educación para la dictadura, no para la democracia y la ciencia, al realizar un sumario administrativo a equipos docentes y directivos de una institución educativa en donde sus estudiantes, ejerciendo su derecho la educación, han generado contenidos a partir del análisis de la realidad, comprensión del contexto y utilizando el pensamiento crítico. El ejercicio vital que debe desarrollarse para lograr una educación en democracia sobre la base de la libertad y la ciencia.
El Estado paraguayo envía el claro mensaje a la sociedad, de que no va ejercer su papel de ente rector de políticas educativas y de garante de derechos, utilizando la Resolución 29.664/2017, conocida como Resolución Riera y las disposiciones administrativas en la situación dada en el Escuela Guazú de Ciudad del Este. Está reacción desmedida deja en indefensión tanto a estudiantes por investigar y explorar, como a docentes por realizar su trabajo de acompañar el desarrollo educativo de niñas, niños y adolescentes. Esta decisión sostiene el oscurantismo medieval que naturaliza la violencia hacia miles de niñas, niños y adolescentes, tanto dentro como fuera del sistema educativo, y vulnera aún más a este grupo de población que debe ser protegido.
La celeridad del MEC en procesar al cuerpo docente en este caso es inversamente proporcional a la debida diligencia en el que se conoció en el mismo día sobre un caso de abuso sexual ocurrido en una institución educativa, donde no se procedió con el mismo empeño en facilitar el esclarecimiento de los hechos y deslindar responsabilidad. Prevenir la violencia es plena responsabilidad de las autoridades educativas, que desde el 2018 siguen sin implementar la Ley N.° 6202 “que tiene por objeto la prevención del abuso sexual y la atención integral de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual”.
La libertad de expresión, de ideas, de cátedra, son derechos constitucionales que en democracia no pueden estar supeditados a creencias y valores del ámbito privado, sin base científica. Es responsabilidad de las autoridades de nivel nacional y local, tanto electas como administrativas, generar las condiciones necesarias para garantizar todos los derechos para todas las personas, sin discriminaciones, en el diseño e implementación de las políticas públicas.
El Estado paraguayo, por medio de sus instituciones y autoridades, debe garantizar la protección de las personas, y no criminalizarlas como es el caso de Ciudad del Este, en donde la persecución institucional refuerza la idea de que el pensamiento divergente no forma parte de la propuesta pedagógica del sistema educativo nacional, y expone al país al incumplimiento de instrumentos jurídicos nacionales e internacionales. Para vivir en democracia se necesita practicar sus valores fundantes que son la libertad, la igualdad y la fraternidad.
Asunción, 15 de octubre de 2022.