Bajo el lema «Exigimos nuestros derechos por un presente justo y futuro digno», niñas, niños y adolescentes del Espacio de Diálogo presentaron a la Mesa Interinstitucional los siete derechos priorizados para esta edición de la campaña.
El Espacio de Diálogo –que nuclea a organizaciones de Niñas, Niños y Adolescentes de varias partes del país–, lanzó el 13 de agosto una nueva edición de la Semana por los Derechos, en un evento virtual que contó con la presencia de referentes de distintas instituciones públicas, organizaciones civiles, de la cooperación internacional, de agencias de Naciones Unidas, entre otras.
A través de esta campaña de comunicación, NNA comparten las necesidades que pasan junto a sus familias, los principales derechos que necesitan que el Estado priorice, así como propuestas en el marco del cumplimiento de sus derechos.
Esta campaña, que se realiza desde 1994, es apoyada por Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) en articulación con una Mesa Interinstitucional, la cual está conformada por organizaciones de la sociedad civil, instituciones del Estado, agencias de cooperación y del Sistema de Naciones Unidas, academias, embajadas y otras. En el 2026, la campaña se realiza también con el apoyo de Plan International Paraguay, así como del proyecto «Mombyry Che Tapyigüi. Abordaje integral del criadazgo” implementado por Global Infancia, CDIA, Fundación Buen Pastor y Enfoque Niñez, cofinanciado por la Unión Europea.
La campaña que lleva como lema este año «Exigimos nuestros derechos por un presente justo y futuro digno», prioriza siete derechos elegidos colectivamente por las niñas, niños y adolescentes como: Trabajo digno, Tierra, Salud y educación integral de la sexualidad, protección y salud mental, participación protagónica, inclusión y educación.
¿Por qué priorizaron estos derechos?
Las prioridades fueron definidas a partir de las experiencias y realidades compartidas por niñas, niños y adolescentes durante el proceso de construcción de la campaña. En relación con el trabajo digno, diferenciaron el trabajo digno de adolescentes de la explotación laboral de niñas y niños. Plantearon que las y los adolescentes que trabajan, dentro de lo que permite la normativa, deberían poder hacerlo en condiciones seguras, con capacitaciones y una remuneración justa, sin que el trabajo les impida estudiar y con medidas que prevengan la explotación.
Sobre salud y Educación Integral de la Sexualidad (EIS), señalaron la importancia de contar con información adecuada para conocer, cuidar y proteger sus cuerpos, sus emociones y relaciones, y advirtieron que cuando estos temas no son abordados en el hogar o en la escuela, pueden quedar expuestos a información errónea o a situaciones de violencia. También reclamaron mejores condiciones en los servicios de salud, con insumos, infraestructura adecuada y atención de calidad.
En cuanto al derecho a la tierra, destacaron el vínculo de la tierra con la vida, la alimentación, el acceso al agua, la identidad y el sustento de las comunidades campesinas e indígenas. También expresaron preocupación por las amenazas de desalojos violentos en algunos territorios y por las consecuencias que la pérdida de tierras tiene sobre las familias y sus comunidades, lo cual afecta directamente a niñas, niños y adolescentes.
En protección y salud mental, reclamaron espacios de deporte, arte y cultura donde niñas, niños y adolescentes puedan desarrollar sus capacidades y talentos, además de profesionales de salud mental en las escuelas y acceso a información y acompañamiento para cuidar sus emociones y sentimientos.
Respecto a la participación protagónica, exigieron espacios de participación reales, con representación efectiva y sin manipulación, donde sus voces sean escuchadas y tengan incidencia en las decisiones que les afectan. También plantearon la necesidad de fortalecer los centros de estudiantes y garantizar la participación de estudiantes en los espacios donde se toman decisiones.
En materia de inclusión, señalaron que no se trata solamente de poder acceder a una escuela, institución o espacio, sino de contar con las condiciones necesarias para participar, aprender y desarrollarse con igualdad de oportunidades. En particular, reclamaron espacios, servicios y transporte accesibles para las personas con discapacidad y remarcaron que las decisiones sobre inclusión deben construirse también con quienes viven estas realidades.
Finalmente, en relación con la educación, plantearon la necesidad de una educación de calidad sostenida por docentes capacitados, el apoyo de las familias, inversión pública, aulas dignas, tecnología y condiciones adecuadas para aprender. También reclamaron que las políticas educativas se traduzcan en acciones concretas y no solamente en promesas.
Datos que evidencian la necesidad de seguir promoviendo derechos
En el marco del lanzamiento, la CDIA también presentó el Boletín Estadístico 2026 de CDIA Observa, una publicación que reúne información oficial sobre la situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Paraguay.
Entre los principales datos, el informe reveló que 72 niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 19 años fallecieron por suicidio durante 2025. Además, 8.893 nacimientos se registraron en niñas y adolescentes de 10 a 19 años, mientras que más de 90.000 niñas, niños y adolescentes de entre 10 y 17 años se encontraban trabajando.
El boletín también evidenció otras realidades que requieren respuestas urgentes, como la falta de registros oficiales sobre niñas, niños y adolescentes afectados por desalojos forzosos, la situación de niñas, niños y adolescentes indígenas y con discapacidad, las brechas en la culminación de la educación media y que más de 105.000 niñas, niños y adolescentes aún no cuentan con cédula de identidad. En conjunto, estos datos muestran los desafíos pendientes para garantizar plenamente sus derechos.
Durante agosto y parte de septiembre, la campaña continuará con la difusión de contenidos sobre los principales mensajes, recomendaciones y manifiesto de las NNA. Además contará con actividades impulsadas por organizaciones e instituciones en distintos puntos del país, se realizará la publicación de «El País que Soñamos», un periódico elaborado por niñas, niños y adolescentes, que imaginan cómo serían las noticias en un Paraguay donde sus derechos estuvieran plenamente garantizados, con un presente y un futuro más dignos para todas y todos.
Integrantes de la Mesa Interinstitucional de esta campaña, edición 2026
Instituciones públicas: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS); Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Ministerio de la Defensa Pública (MDP), Ministerio de la Mujer; Unidad Técnica del Gabinete Social (UTGS), Instituto Nacional de Estadística (INE); Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), Junta Municipal de Asunción (JMA).
Organizaciones de la sociedad civil: Aldeas Infantiles SOS Paraguay, Asociación Callescuela, Asociación Global Infancia; Beca, Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI), Decidamos, Fundación Teletón Paraguay; Plan Internacional Paraguay; Servicio Paz y Justicia Paraguay.
Academia: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN/UNA); Facultad de Ciencias Sociales (FACSO/UNA), Universidad Iberoamericana (UNIBE).
Agencias de cooperación y organismos internacionales: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID); Embajada de la República Federativa del Brasil en Paraguay; Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Organización Panamericana de la Salud (OPS), ONU Mujeres.