Este miércoles. 9 de octubre, la Cámara Alta sancionó la ley conocida como “Ley Garrote” con una mayoría de votos. De esta manera, la aprobación o rechazo de la misma queda en manos del Presidente de la República, Santiago Peña.
En ese contexto, el Grupo Impulsor, integrado por varias organizaciones de la Sociedad Civil, entre ellas la CDIA, emitió un comunicado solicitando el veto total de la ley.
Este jueves, 10 de octubre, en conferencia de prensa, el vocero del grupo y Secretario Ejecutivo de la Codehupy, Dante Leguizamón, hizo énfasis en que las OSFL ya rinden cuentas y que no están en contra del control.
“Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia, nuestro compromiso con el control, pero necesitamos poder sentarnos a dialogar y construir efectivamente un proceso de simplificación y un proceso que busque incentivar el derecho a la participación, respetando el derecho a la intimidad y otros derechos constitucionales. Y esta ley claramente, desde el momento que fue concebida, no tiene esa intencionalidad y no tiene esa idea de ninguna manera, puede asegurar, facilitar o impulsar el cumplimiento del derecho a la participación”, enfatizó.
Agregó que además del veto de la ley, el Grupo Impulsor solicita la instalación efectiva de una mesa de trabajo. En la cual se pueda analizar la normativa existente hoy, porque la Sociedad Civil hoy cumple con toda la exigencia legales que existen hoy en nuestro país.
“Esta ley duplica y triplica distintos mecanismos de control o de transparencia. A partir de eso (la mesa de trabajo) buscamos poder simplificar un proceso efectivo que pueda asegurar el derecho a la participación y el derecho a construir, digamos, una democracia con una base con el respeto a los Derechos Humanos”, subrayó.