El Ministerio de la Defensa Pública (MDP) y la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) firmaron un acuerdo marco de cooperación interinstitucional, con el objetivo de constituir un espacio de articulación y coordinación para incidir en políticas públicas y vigilar el cumplimiento de los derechos humanos a la luz del marco normativo vigente, a nivel nacional e internacional, generando estrategias que contribuyan al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes a nivel país. La firma se realizó en la sede de MDP, el pasado 22 de septiembre de 2021.
La defensora general, Dra. María Lorena Segovia, resaltó la importancia del acuerdo y solicitó además el apoyo de la sociedad civil, especialmente de CDIA, en la abogacía ante el Parlamento en relación al presupuesto 2022 del MDP. “No podemos seguir aceptando presupuestos que no nos dan solución, porque al final la ciudadanía se cansa y dice que no hacemos nada. Tenemos dos meses para instalar el tema en el Parlamento, pido la ayuda de CDIA, de las organizaciones que integran la red, para avanzar en relación a esta prioridad, porque sin presupuesto no vamos a hacer mucho” expresó.
Resaltó que la institución solicitó al Poder Legislativo un mayor presupuesto para nuevos rubros de defensores y defensoras: para el distrito de Naranjal donde se creará una nueva unidad de defensoría, para violencia contra las mujeres en circunscripciones que tienen mucha actividad y sin embargo solo un defensor o defensora, y otros para defensores y defensoras dedicados exclusivamente a niñez y adolescencia. “Si se aprueba esta propuesta de presupuesto, vamos a avanzar con 20 defensores y defensoras que al final van a estar en el ámbito de la niñez, porque detrás de una mujer víctima de violencia hay niñas, niños y adolescentes”.
Aníbal Cabrera Echeverría, director ejecutivo de CDIA, manifestó su acuerdo con la necesidad de que el MDP cuente con mayor presupuesto para mejorar el acceso a la justicia y la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, agregando un aspecto más a tener en cuenta: el “cuidado del cuidador o cuidadora”. Esto implica la estrategia de cuidado que tienen las personas profesionales de la psicología y trabajo social que están atendiendo la gran cantidad de casos terribles que afectan a la niñez y la adolescencia. “Hay que ver el salario pero también toda la estrategia de acompañamiento y cuidado a dichas personas, para que mejore la calidad de los abordajes hacia niñas, niños y adolescentes” expresó el director de CDIA.
Por otra parte, el MDP está dándole mayor autonomía presupuestaria al Instituto Técnico Superior de la Defensa Pública, explicó la Dra. Segovia. “Que el presupuesto de capacitación esté claramente determinado y definido, da más claridad a la gestión en el manejo presupuestario y administrativo”.
El MDP y la CDIA vienen desarrollando conjuntamente además una serie de encuentros sobre acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes, realizados en el marco de la Campaña “XXVII Semana por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes edición 2021”. El primero fue sobre “La articulación a nivel local para la prevención y promoción de derechos de niñas, niños y adolescentes” realizado el 3 de setiembre pasado y el siguiente fue sobre “Mapeo de recursos locales para la promoción y garantía de derechos de adolescentes en conflicto con la ley penal” realizado el 24 de dicho mes.
El MDP es una institución autónoma y autárquica que brinda asistencia y representación jurídica gratuita a personas en situación de vulnerabilidad, vigilando la efectiva aplicación del debido proceso en el ámbito jurisdiccional, reconocida por su labor institucional en la promoción del acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad.
La CDIA trabaja desde 1993 como una red de organizaciones de la sociedad civil con acciones firmes en la defensa, promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes de Paraguay. Tiene un rol protagonista, generador de propuestas, con capacidad de incidir en políticas públicas y con un papel de monitoreo y vigilancia del quehacer del Estado en materia de los derechos de niñas, niños y adolescentes.