Repercusión de medidas contra el COVID-19 podrían profundizar desigualdades ya existentes en 76 municipios de 15 departamentos de Paraguay

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Presentación de resultados del estudio “Mil Voces” de CDIA y otras 26 organizaciones de la sociedad civil.

Las medidas aplicadas para evitar la propagación del coronavirus -en lo económico, social y educativo- podrían conducir a mediano y largo plazo a la profundización de las desigualdades ya existentes en nuestro país. Esta es una de las conclusiones del estudio “Mil voces: amplificando las voces de las personas referentes en las comunidades”, una consulta impulsada por el Observatorio de Políticas Públicas y Derechos de la Niñez y la Adolescencia (CDIA Observa), de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), de manera conjunta con 26 organizaciones de la sociedad civil en el marco de la pandemia Covid 19, cuyos resultados fueron presentados virtualmente hoy miércoles 7 de octubre, y transmitidas en vivo desde la página en Facebook de CDIA Observa.

Las palabras de apertura y cierre estuvieron a cargo del director ejecutivo de CDIA, Aníbal Cabrera Echeverría, la presentación del estudio a cargo de Celeste Gómez Romero, investigadora principal; y comentarios generales a cargo de Luis Caputo, investigador y docente universitario.

La existencia de grandes brechas para la educación a distancia, el aumento tanto de la violencia en los hogares como de las tareas domésticas y de cuidado soportadas por las mujeres (al que ahora se suma la enseñanza en casa), los despidos y el desempleo, la acentuación de falta de acceso a medicamentos y servicios de salud, son otras conclusiones del estudio realizado en base a la consulta a 1000 personas, mujeres y hombres, referentes de sus comunidades.

“Existe el desafío de no dejar a nadie atrás, pero ya existen personas y comunidades enteras dejadas a su suerte. La desprotección social en que la están no solo lleva a pensar en la existencia de un Estado ausente, también en la indolencia de la sociedad que normaliza el sufrimiento, como una forma común de convivencia, pero que en realidad es sumamente violenta. Este momento histórico que vive la humanidad, nos trae la impronta ética y moral, de no volver la normalidad; en re-pensar y re-construir otras realidades desde y para la dignidad humana, logrando tener desarrollo, en paz y democracia, donde el Estado garantice todos los derechos para todas las personas” señaló Aníbal Cabrera, director ejecutivo de CDIA.

La investigación releva una diversidad de percepciones subjetivas sobre un nuevo contexto que implica un cambio de época para nuestra humanidad. Y realiza el ejercicio de contextualizarlas a la luz de las garantías de los derechos humanos, desde las políticas públicas implementadas por el Estado. Las personas de las comunidades en situación de vulnerabilidad social y económica, en la cuarentena total y el inicio de la cuarentena inteligente, no la pasaron bien.

Han sido las organizaciones de las comunidades las que se activaron para responder a diversas situaciones de necesidades en sus territorios, desde la organización y el autofinanciamiento de los insumos para las ollas populares, pero también para otras necesidades de salud y recursos que eran requeridos. El ejercicio de enfrentar la histórica ausencia del Estado por medio de polladas generó la musculatura suficiente, la resiliencia de las personas y las comunidades, para responder a las adversidades que trajo consigo la pandemia.

Los no accesos a derechos, de parte de estos territorios, hacen que estén en la espera casi eterna de respuestas estatales, tanto del Gobierno nacional como local. La supervivencia se impone desde la fuerza de las personas y la organización comunitaria, a pesar de la desidia de las autoridades electas y administrativas. Miles de personas han perdido sus fuentes de ingresos, la mayoría forma parte de la fuerza laboral de la economía informal; y son quienes las primeras que caen de los circuitos económicos durante las crisis, siendo excluidas de modo casi constante.

Las personas que se encuentran en situación de pobreza están en mayor riesgo social y económico: de hecho están excluidas de modo político, y su ejercicio de ciudadanía es limitada, debido a situaciones de utilización de parte de los partidos políticos. En este contexto, acortar las brechas de desigualdades va a llevar más tiempo, dado que la baja inversión social en este sector, la escasa redistribución de la riqueza en el país y las debilidades de los servicios públicos en territorio estarían obstaculizando un mayor y mejor desarrollo de las personas.

El estudio ofrece una aproximación a la situación de familias y comunidades en situación de vulnerabilidad en el contexto de la pandemia del Covid 19, desde la percepción de mujeres y hombres referentes de grupos comunitarios. La consulta se realizó de manera conjunta con 26 organizaciones de la sociedad civil, relevando la percepción de mil referentes de organizaciones comunitarias, mujeres y hombres, de 76 municipios de 15 departamentos del país. Entre las organizaciones consultadas se encuentran comisiones vecinales, Asociación de Cooperadoras Escolares (ACEs), comisiones pro-escuela, centros de estudiantes, organizaciones juveniles, clubes deportivos, centros comunitarios, organizaciones campesinas, comités de mujeres, comisiones de iglesias y organizaciones indígenas, entre otras.

BRECHA DIGITAL Y EDUCACIONAL

La propuesta “Tu escuela en casa”, implementada por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), presenta serias dificultades para las comunidades consultadas. Primeramente, evidencia la brecha educacional entre las distintas generaciones, dado que las personas adultas manifiestan como un problema el no comprender los contenidos escolares y, en segundo lugar, revela una vez más la brecha digital existente en el país, por la cual muchas familias no tienen acceso a equipos e Internet y, si lo tienen, es a través de la modalidad de paquetes de datos, la cual implica una carga muy onerosa y deben priorizar los gastos familiares. Este escenario lleva a pensar el rol del Estado para garantizar el derecho a la conectividad y, de esta forma, hacer realidad el derecho a la educación de miles de niñas, niños y adolescentes.

La nula pertinencia de la respuesta a la situación de la educación va a implicar una crisis educativa sin precedentes en el país. La exclusión educativa va generar un daño fuerte a la presente generación escolar, acrecentando las desigualdades y las segregaciones de clase. La escuela pública, con un rol fundamental en la construcción y configuración de equidad social, fue dejada de lado en un momento crucial para las comunidades.

En la prevención de la violencia en las comunidades, la escuela, una de las principales referentes para brindar contención, seguridad y orientación a miles de niñas, niños y adolescentes, decidió de modo institucional obviar dicha emergencia; a pesar de los conocidos esfuerzos de los equipos docentes.

AUMENTO DE TAREAS DOMÉSTICAS Y DE CUIDADO SOPORTADAS POR LAS MUJERES

El confinamiento ha traído aparejados dos desafíos: el aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes desde las casas y el aumento de las tareas domésticas. En este sentido, siguen siendo las mujeres las principales responsables de asumir estas actividades. Además de las tareas de cuidado, de personas enfermas, con discapacidad o adultas mayores, ya soportadas por las mujeres de una manera desigual debido a los estereotipos de género imperantes en nuestra sociedad, se debe sumar ahora la responsabilidad de educar e implementar “Tu escuela en casa”. Estas tareas en su mayoría no son compartidas ni asumidas por los hombres.

La distribución de las tareas domésticas y de cuidados al interior de las familias sigue siendo baja. Son las mujeres quienes llevan todo el peso del trabajo no remunerado asociado a lo anterior. Incluso las niñas y las adolescentes realizan de modo preponderante estas tareas. El ejercicio pendiente hasta ahora de cruzar las respuestas del Estado, en las políticas de cuidados, principalmente en primera infancia, que signifique que miles de mujeres puedan acceder al mercado de trabajo, a modo de lograr una autonomía económica y liberarse de las diversas situaciones de violencia de género que pueden estar viviendo. El Estado debe dejar de mirar a los costados, caso contrario las mujeres seguirán siendo violentadas y muertas; y niños y niñas seguirán viviendo en la violencia y quedando en orfandad.

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Los hogares también son el centro de otra problemática: la violencia intrafamiliar. El imperativo de permanecer en las casas ha levantado la alerta sobre la violencia hacia las mujeres y las niñas en sus hogares y, si bien es un tema no siempre abordado de manera explícita, se reconoce que son las mujeres rurales y las niñas, niños y adolescentes urbanos quienes se verían más afectados por esta problemática. Urge en esta materia fortalecer el sistema de prevención y protección, y generar los canales institucionales adecuados para que las respuestas efectivas lleguen a todas las personas.

La violencia intrafamiliar hacia mujeres, niñas y niños sigue existiendo, aún en cuarentena y en pandemia. La normalización de estos hechos, y el contexto de encierro hacen que no se perciba su magnitud.

OLLAS POPULARES COMO ESTRATEGIA COMUNITARIA

Las medidas de distanciamiento social y cese de actividades impactaron sobre el empleo y el trabajo, especialmente sobre la economía informal, ocasionando tanto a hombres como mujeres una inmediata reducción en sus ingresos. La falta de ingresos redujo la capacidad individual y familiar de acceder a una alimentación regular y de calidad, especialmente en las zonas urbanas y en mucha proporción en las rurales, debido al cultivo de autoconsumo. Ante esta situación, el informe evidencia la respuesta de las organizaciones comunitarias a través de la realización de ollas populares y la gestión de todos los recursos e insumos que se necesitan para llevarlas a cabo.

Se estima que el trabajo de estas mil personas, referentes de sus comunidades, contribuyeron a generar un fuerte alivio a la crisis social y económica generada por la pandemia, durante la cuarentena total y el inicio de la cuarentena inteligente, entre los meses de marzo y junio de 2020, llegando a atender a cerca de 150.000 personas y a 35.000 familias por medio de la realización de las ollas populares.

CRISIS DEBILITÓ AÚN MÁS LA ATENCIÓN EN SALUD

Un sistema de salud en crisis es lo que se evidencia debido a su débil y precario funcionamiento, como también su limitada cobertura. El estudio expone el constante reclamo por la escasez de insumos, medicamentos y profesionales, y esta situación de crisis por la pandemia, incluso parece haber afectado la regularidad en la provisión de los servicios de salud generales y especializados, como los dirigidos a personas con discapacidad.

Este momento sin precedentes y cargado de incertidumbres en diferentes planos afecta la salud mental, tanto de personas adultas como de niñas, niños y adolescentes. Desde la percepción de las personas referentes, se denotan altos grados de preocupación en las personas adultas, así como un número importante de niñas, niños y adolescentes tristes y preocupados.

El cuidado y la atención de salud mental siguen estando en rezago al momento de brindar respuestas desde las garantías del Estado en cuanto a derechos humanos. Se han derivado diversos hechos: si bien los casos de suicidio no aumentaron pero sí se duplicaron los intentos de suicidio en este tiempo. La salud sigue limitándose a las cuestiones físicas, sin generar una mirada integral y preventiva en las comunidades.

MUJERES SON MÁS CRÍTICAS A ACTUACIÓN POLICIAL

En el plano de la seguridad ciudadana, son las mujeres, referentes de las comunidades, quienes se han mostrado más críticas a la actuación de la policía nacional en las comunidades, durante la cuarentena total y el inicio de la cuarentena inteligente. En este sentido, el Estado debe garantizar la seguridad ciudadana, en el marco de la legalidad con enfoque de derechos humanos; sin perjuicio de vulnerar libertades fundamentales, como derechos civiles y políticos.

El estudio realizado recopiló información cuantitativa y cualitativa sobre ocho dimensiones: organización y participación ciudadana; trabajo y empleo; seguridad alimentaria; salud integral; educación y la escuela en casa; cuidados, crianza y protección social; Estado e institucionalidad, y seguridad ciudadana. Este trabajo impulsado por el Observatorio de Políticas Públicas y Derechos de la Niñez y la Adolescencia la CDIA, fue posible gracias al apoyo del proyecto “Nuestros derechos en la Agenda 2030: participación ciudadana intercultural para la equidad de género en niñez y adolescencia” cofinanciado por la Unión Europea. Incluye recomendaciones para el desarrollo de políticas públicas a nivel nacional y local, dirigido a comunidades en riesgo de mayor vulnerabilidad social y económica.

Link para descargar el estudio: http://bit.ly/resumen-estudio1000voces