Contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas

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Esta semana se conmemoró el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas (23 de septiembre). Según datos del Observatorio sobre Políticas Públicas y Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), en nuestro país:

⏩ De 2013 a 2019 se registraron 625 niñas, niños y adolescentes víctimas de trata, el 71% de ellas niñas y adolescentes mujeres. Fuente: Datos proporcionados a la CDIA por el Ministerio Público en 2020.

⏩ De 2013 a 2019, se registraron 783 niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial, donde el 88% son niñas y adolescentes mujeres. Fuente: Datos proporcionados a la CDIA por el Ministerio Público en 2020.

En los últimos años se elevó la cantidad de denuncias de este tipo de hechos punibles, pero al mismo tiempo sabemos que existe un gran sub registro que no nos permite dimensionar la cantidad real de personas que se encuentran en situación de trata de personas. Las niñas y las adolescentes son las principales víctimas, las redes del crimen organizado buscan a personas de comunidades en situación de pobreza y a personas vulnerables para atraparlas en estas redes criminales, que vulneran los derechos de las personas. El Estado es responsable de la restitución de dichos derechos, y de generar condiciones de calidad de vida.

Al tener identificadas las comunidades de origen de niñas, niños y adolescentes víctimas de trata y/o explotación, las instituciones públicas deben generar todos los mecanismos de abordaje “raíz” de la problemática, para generar contención social y económica en las comunidades de origen, por medio de programas de protección social. Sin la generación de un desarrollo endógeno de las comunidades, de la mano de los Gobiernos locales, es imposible responder a este tipo de problemáticas. Las respuestas dadas desde el sector justicia son insuficientes y tardías.

Un Estado ausente de modo histórico tiene la responsabilidad, por medio de sus autoridades, de ponerse a la altura de las necesidades y los tiempos, y dar respuestas claras y maduras a estos crímenes que cada año afectan a cientos de personas en Paraguay. Es tiempo de invertir en las personas más vulnerables.