COMUNICADO: Maltratadas, violadas, obligadas a ser madres y asesinadas: casos que reflejan la realidad de niñas y adolescentes en una sociedad indolente

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COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Asunción, 28 de marzo de 2018

Ante los frecuentes y resonados casos de diferentes formas de violencia hacia las niñas y las adolescentes durante el último mes, desde la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), red que articula diversas organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la vigilancia, defensa y exigibilidad de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia en Paraguay, observamos con profunda preocupación cuanto sigue:

  • Una niña Nivaclé de 12 años, queda embarazada como resultado de un abuso sexual en Loma Plata (Boquerón); una niña de apenas 10 años fallece en la ciudad de Guayaibí (San Pedro); una adolescente de 14 años muere, al momento a dar a luz, en el Hospital Regional de Itauguá; la madre de otra niña oriunda de San Vicente Pancholo (San Pedro), denuncia que su hija, una niña de 13 años, fue abusada y se encuentra embarazada y que ni la Fiscalía ni la Codeni han actuado. Una adolescente de 16 años muere dando a luz a sus mellizos en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, la misma ya había sido violada a los 13 años por su padrastro, dando a luz en su momento a un bebé. A pesar de las distancias entre los lugares donde han ocurrido estos casos, ellos no son aislados: todas estas niñas y adolescentes comparten la característica de haber sido abusadas sexualmente durante sus infancias.
  • Entre el 2014 y el 2016, el registro de casos de abuso sexual infantil de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA) se duplicó, pasando de 160 casos a 365 casos¹; cifra alarmante que solo evidencia la punta de un iceberg, pues en este terreno existe un alto subregistro de una situación que es vista como normal por gran parte de la sociedad.
  • El embarazo infantil y adolescente en Paraguay es una realidad; se registra, por día, el nacimiento de dos bebés cuyas madres son niñas de entre 10 y 14 años de edad, mientras que las madres de otros 55 nacidos vivos por día, cuentan con entre 15 y 20 años de edad.
  • Las causas de estas cifras son diversas y complejas, pero tienen una conjunción: la vida y el cuerpo de niñas y adolescentes que son obligadas a asumir roles y responsabilidades que no deben ser propios a su edad y por tanto a su desarrollo evolutivo biopsicosocial. Esta situación resulta en que 2 de cada 3 niñas o adolescentes embarazadas no terminen el ciclo escolar, perpetuando el ciclo de pobreza a la generación siguiente y precarizando sus propias vidas.
  • La desigualdad social continúa siendo una constante determinante en el desarrollo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, existiendo claras evidencias de que los sistemas de protección articulados por el Estado aún resultan insuficientes en su efectividad.
  • Persisten aún importantes desaciertos históricos en los Gobierno de turno en su labor de administrar un Estado que cumpla con su función de garante de derechos, incluso por acción u omisión pueden implicar retrocesos –como por ejemplo, la eliminación del enfoque de género en la educación pública– que ponen en riesgo estándares mínimos conquistados, en relación al ejercicio y goce pleno de derechos.
  • La niñez y la adolescencia son etapas de transición y desarrollo biológico, psicológico, sexual y social de las personas que, por sus complejas características, requieren de atenciones particulares, prioritarias y centrales por parte de los Estados, que en su obligación de respetar, proteger y satisfacer los derechos humanos, deben delinear políticas públicas como medio para alcanzar el horizonte del bienestar de la población en general, y de niñas, niños y adolescentes (NNA) en particular.
  • Este grupo de población (NNA) representa al 36% de las personas que viven en el territorio nacional². Sin embargo, el peso numérico de esta población no ha hecho que adquiriera la relevancia suficiente que lo ponga como foco principal de la agenda política y pública, ni garantiza que la voluntad política sea traducida en presupuestos adecuados y servicios especializados.
  • Existe una baja presión tributaria y por tanto baja inversión social en Paraguay; es urgente para erradicar las desigualdades el invertir en la niñez y adolescencia, no como una cuestión de caridad o de incluir una dosis de simpatía (o empatía) en una estrategia de desarrollo económico. Se trata de invertir en desarrollo humano³, de crear una sociedad cohesionada y una economía fuerte incluyendo efectivamente a este grupo etario del cual depende nuestro futuro, aunque paradójicamente lo olvidamos en el presente.

Por lo anterior, exigimos a las autoridades nacionales de los tres Poderes del Estado y de los tres niveles de gobierno (nacional, departamental y municipal) que cumplan de modo urgente todas las recomendaciones internacionales en materia de protección hacia la niñez y la adolescencia, junto con los marcos normativos vigentes en el país y en particular con la Ley N° 5.777/2016 de “Protección integral para mujeres contra toda forma de violencia”, que establece las responsabilidades estatales para la prevención, atención y sanción de la violencia a través de una serie de medidas a ser ejecutadas para la prevención, detección y atención de la violencia, entre ellas, algunas orientadas específicamente a la protección de los derechos de las niñas y las adolescentes.

Consejo Directivo

CDIA Paraguay

Contactos:

Ricardo Derene – 0981 242 427

Maribel Mercado – 0985 523 938

Aníbal Cabrera – 0971 914 915


 

¹ Datos proveídos por la SNNA al Observatorio de Políticas Públicas y Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la CDIA, 2017.

² Datos proveídos por la Dirección de Encuestas a Hogares de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos al Observatorio de Políticas Públicas y Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la CDIA. La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del 2016 estima que la población paraguaya asciende a 6.854.366 habitantes, de los cuales 2.547.809 tienen menos de 18 años de edad.

³ Entendido como “el proceso de expansión de las capacidades de las personas que amplían sus opciones y oportunidades” (PNUD, Informe de desarrollo humano).

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