El reciente fallecimiento de una niña de 13 años en Santa Rosa del Aguaray, luego de una cesárea de urgencia, vuelve a dejar en evidencia la grave falla del Estado paraguayo en su deber de prevenir y proteger a niñas y adolescentes frente a la violencia sexual y sus consecuencias. El Ministerio Público, en el 2024, registró 3.521 denuncias de abuso hacia niñas, niños y adolescentes.
Como sociedad, no podemos seguir cargando sobre los hombros de las niñas la responsabilidad de un embarazo que es siempre de alto riesgo, pues no están preparadas física ni emocionalmente para ello. Obligarlas a vivirlo las expone a perder la vida. En el 2024, el Ministerio de Salud y Bienestar Social identificó a 347 niñas, de entre 10 y 14 años, que dieron a luz.
El embarazo a una edad temprana es consecuencia de abusos.
Sin embargo, muchas veces, el propio sistema estatal las empuja a continuar con embarazos forzados. Esta realidad no debe normalizarse. Estas niñas son víctimas de abusos y de un sistema de protección que les ha fallado.
La justicia es fundamental, pero no es suficiente el castigo al agresor. También es urgente investigar por qué fallaron las instituciones que debían prevenir y proteger y sobre todo, qué respuesta de protección damos a las niñas.
Es clave avanzar en leyes y políticas que garanticen la prevención del embarazo en edades tempranas y una educación integral de la sexualidad, basada en la ciencia y los derechos humanos, dirigida tanto a niñas, niños y adolescentes como a sus familias.
Se debe garantizar la salud integral, el acceso a servicios de resarcimiento y apoyo a las niñas y adolescentes victimizadas, que les permita seguir adelante con proyectos de vida dignos.
Además, los protocolos de atención a víctimas de abuso sexual deben aplicarse de manera efectiva en todas las instituciones públicas. Las y los funcionarios, sean del ámbito administrativo como judicial, deben tener la capacitación necesaria para actuar con celeridad, ética y eficiencia.
Exhortamos al Estado paraguayo a que asuma plenamente su rol como garante de derechos y promueva un diálogo amplio, responsable y comprometido entre todos los sectores: sociales, políticos, civiles y privados. La erradicación del abuso sexual de niñas, niños y adolescentes no puede seguir siendo una promesa pendiente.