El crimen de María Fernanda nos impactó profundamente como sociedad. Sabemos que no hay palabras ni acciones que reparen el dolor de su familia, por eso, exigimos una investigación exhaustiva y justicia real. No puede haber lugar para la impunidad.
Esta dolorosa situación nos ha llevado a preguntarnos ¿Qué falló?, ¿cómo se pudo haber evitado? En lugar de abordar estos interrogantes con profundidad, desde el Poder Legislativo se propone aumentar la cantidad de años de privación de libertad para adolescentes sin considerar los estudios previos que dan cuenta de la ineficacia de ese tipo de medidas. Una respuesta superficial y reactiva frente a una crisis social que ya estalló.
Es fundamental preguntarnos: ¿Es realmente este el camino para lograr una sociedad más segura? El aumento de las penas no reduce la reincidencia ni aborda las causas profundas que llevan a muchos adolescentes a entrar en conflicto con la ley. Por el contrario, podría reducir las posibilidades de reintegración social, finalmente, con impactos negativos también en la sociedad en general.
Prevenir para que no haya más víctimas
Endurecer las penas no es la solución. Problemas estructurales y complejos no se solucionan con respuestas simples y punitivas a personas que están en un proceso de desarrollo.
Es necesario cambiar el enfoque. Se requiere un compromiso real del Estado para que no haya otras víctimas que lamentar. Para ello, debemos apostar por políticas de prevención, inclusión y justicia restaurativa.
Urge una política pública de educación sexual, que tenga un abordaje integral, basada en evidencia científica; que todas las instituciones educativas cuenten con profesionales de la salud mental con formación adecuada, que el MSPyBS amplíe y fortalezca los establecimientos de atención integral a la salud de adolescentes, donde puedan recibir información a tiempo, sin miedos ni tabúes. Es necesario que el Estado apoye a las familias y comunidades para promover entornos protectores y ofrezcan acompañamiento adecuado; y que además se planteen soluciones efectivas ante el microtráfico de estupefacientes que destruye la vida de tantas niñas, niños, adolescentes y jóvenes, a través del consumo o el involucramiento en su distribución.
Un sistema penitenciario colapsado
Actualmente, el sistema penitenciario de Paraguay está en crisis, alberga a 18.000 personas aproximadamente, cuando su capacidad es para 11.200, y según criterios internacionales opera al 808% de su límite (MNP). Ante esta realidad ¿en qué mejorará aumentar los años de condena para los adolescentes que luego serán trasladados a penitenciarías de personas adultas? La justicia penal adolescente también presenta grandes debilidades en su capacidad de lograr la readaptación social de aquellos que han ingresado.
El Mencanismo Nacional contra la Tortura, en el 2021, seguía señalando que la prisión preventiva en adolescentes sigue siendo mayor al número de adultos, mostrando así una falta de especialización del sistema de justicia juvenil.
Debe realizarse una evaluación crítica de la Política Penal Adolescente y del Plan de Acción de la Política Penal de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, cuya vigencia fue hasta el 2024. Hasta la fecha, el Ministerio de la Niñez y Adolescencia (MINNA) ni otro estamento del Estado, han mostrado la actualización de ambas políticas.
Prevención y justicia real
Es urgente mirar también a la justicia; ya no pueden regir corrupción e impunidad en los procesos judiciales y con denuncias que caen al vacío, sin respuestas.
En memoria de todas las víctimas de crímenes, como país y sociedad debemos pensar cuáles son los verdaderos desafíos que tenemos, y exigir que los gobernantes de turno no se aprovechen del dolor ni de la frustración de la ciudadanía proponiendo proyectos populistas que no previenen que sigan existiendo más víctimas de violencias.