El Comité de los Derechos del Niño fue creado por la Convención de los Derechos del Niño y está integrado por 18 expertos independientes, electos por un mandato de cuatro años para vigilar y monitorear el cumplimiento de la Convención. El Comité tiene tres funciones fundamentales: Examinar a los Estados parte, mediante una revisión que se realiza cada cinco años aproximadamente; interpretar la Convención, siendo el órgano encargado de su interpretación oficial a través de observaciones y recibir denuncias y quejas individuales para determinar si el Estado ha violado la Convención o sus protocolos opcionales, estableciendo medidas de reparación a los derechos de niñas, niños y adolescentes
– ¿Qué mecanismos o formas tiene el Comité para garantizar la participación de sus beneficiarios, es decir, las niñas, los niños y adolescentes?
Todos los procesos del Comité son participativos y de consulta, en los cuales participan los Estados, la sociedad civil organizada, y los niños, niñas y adolescentes. En el caso de Paraguay, donde recientemente terminamos el examen, los niños, niñas y adolescentes enviaron un Informe Alternativo.
Posteriormente, algunos representantes de estas organizaciones viajaron a Ginebra, donde mantuvieron reuniones privadas con los miembros del Comité, expresando sus preocupaciones y los temas que estaban trabajando. El Comité toma en cuenta esas aportaciones y las plantea al Estado. Este proceso lo aplicamos tanto en el examen de los Estados como en la elaboración de observaciones finales, y la vía más directa y reciente es que niñas, niños y adolescentes, tras cumplir ciertos requisitos, pueden presentar denuncias ante el Comité por violaciones a los derechos establecidos en la Convención y los Protocolos.
– En ese contexto, ¿cuáles crees que son las principales áreas que necesitan mayor atención en Paraguay, según las observaciones que hizo el Comité?
En el documento de recomendaciones que adoptamos en mayo de este año, luego de un proceso –que dura aproximadamente un año y que culmina con la presencia del Estado en Ginebra–, planteamos algunas cuestiones que el Estado debe abordar con urgencia. Lo primero es el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. En segundo lugar, los malos tratos, el descuido y la explotación sexual. La tercera cuestión es el matrimonio infantil y las prácticas nocivas. En cuarto lugar, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluyendo la tortura. La quinta es el acceso a los servicios de salud, y finalmente, los derechos de niñas, niños y adolescentes pertenecientes a comunidades indígenas. El documento tiene más de 50 páginas, pero estas seis áreas son las que el Estado debería abordar prioritariamente.
– ¿Viste algún avance o visibilidad en estos temas en Paraguay?
El Comité reconoce ciertos avances, como en el caso de la legislación adoptada, pero también señala áreas donde se necesita mejorar. Un ejemplo (de esto último) es el matrimonio infantil. El Comité establece que el matrimonio debe estar prohibido para personas por debajo de la edad de 18 años, pero Paraguay aún permite excepciones que permiten matrimonios con autorización parental o judicial. Esto debe ser eliminado y establecerse una prohibición absoluta. También abordamos prácticas nocivas, como las uniones de hecho, que deben ser tratadas mediante políticas públicas.
A pesar de que el documento puede resaltar más lo negativo, el rol del Comité es ayudar al Estado a avanzar. Tomo las palabras del ministro de la Niñez y Adolescencia de Paraguay, quien al cierre de la sesión él dijo que Paraguay no iba a retroceder en términos de derechos y creo que es el hecho de ir a Ginebra, el hecho de presentar su informe y el hecho de expresar esa voluntad es una cosa que el comité tiene que considerar de manera importante, porque de alguna forma expresa una voluntad de seguir recorriendo un camino, que no va a retroceder en términos de derechos del niño, sino que va a tomar las recomendaciones y va a plantearse avanzar sobre eso.
– ¿Cuáles son las acciones más urgentes que Paraguay debería implementar para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes?
Entre las cuestiones urgentes, una de las cuestiones que nos llamó la atención fue la práctica del «criadazgo». Paraguay enfrenta un gran desafío, ya que detrás de esta práctica existe explotación infantil, especialmente de niñas, y otros delitos ocultos bajo una práctica culturalmente aceptada. El Comité ha pedido al Estado que tome medidas urgentes para eliminar esta práctica, restituir los derechos de las víctimas y llevar a cabo investigaciones cuando detrás de esta práctica se oculten delitos.
– ¿Cómo ves la participación de la sociedad civil en el seguimiento del cumplimiento y la garantía de los derechos de la niñez en Paraguay?
El proceso del Comité tiene tres pilares: los Estados, la sociedad civil y las niñas, niños y adolescentes. A esto, agregaría una cuarta: las agencias de Naciones Unidas, en particular UNICEF.
Necesitamos una sociedad civil activa, que pueda desarrollar su labor de manera independiente y libre, ya que la información oficial por sí sola no basta para un análisis adecuado. En países donde no hay fuentes alternativas, el proceso de evaluación es pobre. Por ello, el Comité necesita de una sociedad civil crítica e independiente para cumplir con su tarea. Además, la sociedad civil innova en metodologías y estrategias que a veces los Estados adoptan y amplían a nivel nacional.
¿Cómo puede la sociedad en general involucrarse más en la promoción y protección de los derechos de las niñas y los niños?
Primero, es necesario conocer los derechos de las niñas y niños: informarse, conocer los procedimientos, saber que existe un Comité y cómo trabaja, y, sobre todo, que existe la Convención. Esta Convención es el tratado de Derechos Humanos más ratificado en la historia de las Naciones Unidas. Fue aprobada en 1989 y supuso un cambio muy importante en la consideración de niñas, niños y adolescentes, que necesitan de la sociedad civil que les acompañe los procesos de promoción y defensa de sus derechos. Sin ese acompañamiento, es muy difícil avanzar. Además, debemos entender que niñas, niños y adolescentes también son parte del proceso social, y su voz es necesaria en este camino. Su opinión debe ser escuchada, y las personas adultas e instituciones tenemos mucho que aprender para garantizar que sus voces estén presentes en el escenario de las relaciones sociales.
¿Podemos decir que este es un momento más complejo o desafiante que en otras etapas durante estos 35 años de la Convención de los Derechos del Niño?
Me gusta mucho recordar las palabras de mi colega japonesa, quien fue presidenta del Comité después de mí. Cada año, presentamos un discurso en la Asamblea General sobre lo que hemos hecho, y en 2022, Mikiko Otani alertó sobre un fenómeno preocupante: “Como nunca antes, estamos asistiendo a un movimiento conservador que está atacando las bases mismas de la Convención, especialmente la idea de que los niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos y tienen el derecho a expresar su opinión, y que esta debe ser tomada en cuenta”. Esto está ocurriendo a nivel global, incluso en foros de Naciones Unidas, en nombre de valores familiares y religiosos.
Es una coyuntura preocupante porque hasta ahora no habíamos vivido algo así. Durante el examen al Estado paraguayo, también marcamos que es un retroceso golpear una conquista histórica de hace 35 años. Cuando se reconoció que los niños tienen la misma dignidad y derechos que cualquier persona, la diferencia es que están en desarrollo y, por eso, necesitan que las instituciones y las personas adultas los protejan y afirmen sus derechos fundamentales. Nunca antes en la historia de la humanidad se había logrado el nivel de consenso que se logró en 1989, y es alarmante que se retroceda.
Hay que estar alertas a eso, el discurso de los Derechos del Niño llegó para enriquecer nuestra vida social, para reconocer a un sujeto al que históricamente se le negaba su condición de sujeto y hay que entenderlo de esa forma. Todo lo demás que se dice son argumentos de grupos que se sienten incómodos desde que apareció la Convención. Entonces detrás de esos discursos conservadores, está esa vuelta atrás y nosotros no queremos volver atrás.
Sobre Luis Pedernera
Es Comisionado del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Fue Presidente del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas (2019/2021) y actualmente se desempeña como vicepresidente y punto focal sobre represalias y amenazas a defensores de derechos humanos de acuerdo a las Reglas de San José.
Actualmente es miembro del Comité Académico del Certificado de Estudios Avanzados en Justicia Juvenil de la Universidad de Ginebra y el Institut de droit de la Enfant, Suiza; Consejo de Administración de la Oficina Internacional de Derechos del Niño, Montreal, Canadá; Comité Ejecutivo de la Red Internacional de Derechos Humanos, Ginebra Suiza; Asamblea de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) Ginebra, Suiza.
Además, se desempeñó como Presidente de la Reunión de Presidentes de Órganos de Tratados de Derechos Humanos de Naciones Unidas y fue Miembro de la de Junta de Gobierno de la African Child Policy Forum.
Cuenta con una vasta experiencia en el monitoreo a los sistemas de justicia penal adolescente; es asesor en asuntos sobre derechos del niño para entidades públicas, privadas, agencias de Naciones Unidas, Instituciones Nacionales de Derechos Humanos y Defensorías de la Niñez en diferentes regiones. Se desempeña como docente invitado a dictar clases y conferencias sobre derechos del niño en Universidades y eventos académicos en diferentes regiones del mundo.
Es autor de numerosos artículos sobre derechos del niño y derechos humanos para publicaciones especializadas y académicas.