Desde la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia – CDIA, red que articula acciones de 29 organizaciones de la sociedad civil de Paraguay en los ámbitos de la promoción, vigilancia y exigibilidad de derechos de las niñas, niños y adolescentes desde 1993, expresamos nuestra preocupación por la utilización que hacen en el Parlamento Nacional de las niñas, niños y adolescentes, bajo falsos argumentos y discursos de odio, generando un ambiente de crispación en la sociedad y la propagación de pánico moral. Advertimos que obstaculizar el acceso a fondos de cooperación internacional para el desarrollo, y más a grupos de población en situación de vulnerabilidad, es una violación a los derechos humanos.
La ratificación de la derogación de la Ley N.° 6659/20 que aprueba el Convenio de Financiación firmado entre la República del Paraguay y la Unión Europea para el “Programa de Apoyo a la Transformación del Sistema Educativo en el Paraguay y sus anexos”, significa que se dejará un vacío de más 110 mil millones de guaraníes del presupuesto del Ministerio de Educación y Ciencias, afectando a más de 50.000 estudiantes en el acceso a la alimentación escolar desde septiembre de 2023, como también en la provisión de útiles escolares y refacciones edilicias previstas para el 2024.
Recordamos que el derecho al desarrollo es clave para reducir las desigualdades entre los países y al interior de los mismos, por eso la cooperación internacional para el desarrollo cumple un papel esencial en contribuir, paliar y/o complementar las acciones de los Estados en vías de desarrollo, a modo de alcanzar niveles óptimos de bienestar de todas las personas, sin discriminaciones.
Señalamos que la eliminación de recursos del apoyo presupuestario de libre disponibilidad del Presupuesto General de Gastos de la Nación, destinados al Ministerio de Educación y Ciencias, sin brindar alternativas de financiamiento público, es un hecho negligente y criminal de parte de las autoridades electas. Más cuándo en la práctica no se busca responder a las necesidades de cerca de 476.872 niñas, niños y adolescentes que hoy están fuera del sistema educativo, por motivos de acceso, calidad y pertinencia de la educación y el aprendizaje; así como por pobreza, discriminaciones y violencias.
Hacemos un llamado al Poder Ejecutivo para que prime la cordura, vetando este proyecto de ley que pone en riesgo la permanencia de miles de estudiantes en el sistema educativo nacional de Paraguay. Además, las autoridades nacionales deben mostrar señales claras de la existencia de una real seguridad jurídica en el país, seriedad en las relaciones internacionales y garantizar derechos humanos para todas las personas.
Asunción, 9 de agosto de 2023.