Lamentamos el fallecimiento de una niña de 4 años1 (Departamento de San Pedro) y, el asesinato de una adolescente de 13 años2 (Departamento de Canindeyú) el día de ayer, ambas de comunidades indígenas, hechos que ponen en relieve las carencias que existen en cuanto a prevención y protección de la violencia hacia las niñas, las adolescentes y las mujeres de pueblos indígenas en Paraguay.
Ser mujer en un país que normaliza la violencia y el abuso sexual conlleva un riesgo mucho mayor cuando se hace un análisis interseccional; mirando las asimetrías de género, económicas, sociales, políticas, culturales e incluso ambientales, se observa que para quienes viven en zonas rurales y/o comunidades indígenas, son riesgos que se potencian al máximo.
La indefensión en la que se encuentran las niñas, las adolescentes y las mujeres en Paraguay, de comunidades urbanas, rurales e indígenas es un problema estructural, dado que existen marcos legales de prevención y protección como la Ley N.° 5777, que en la práctica no se implementan de modo efectivo por falta de voluntad política y de presupuesto público a nivel nacional, departamental y municipal.
El presupuesto del Ministerio de la Mujer desde que asumió el gobierno de Mario Abdo Benítez en 2018, se ha reducido en 42%, hecho que debilita aún más las acciones de los servicios públicos que deben ser brindados con calidad y calidez a las niñas, las adolescentes y las mujeres que requieren atención.
Los gobiernos locales, tanto municipales como departamentales, no tienen presupuestos específicos destinados a implementar los marcos legales que les facultan y obligan a responder ante los casos de violencia hacia las niñas, las adolescentes y las mujeres.
El actual gobierno de Paraguay tiene un doble discurso referido a la vida y a la familia, sin embargo los servicios públicos del Estado que deben garantizar el bienestar social a todas las personas, en la práctica no existen, no funcionan adecuadamente o no son implementados por falta de recursos financieros y sesgos ideológicos que despojan de derechos y discriminan a todas las personas y sus familias.
Los datos oficiales de feminicidios de niñas, adolescentes y mujeres, de abusos sexual, de violencia intrafamiliar, de embarazo infantil, muestran que el Paraguay no es un lugar seguro para este grupo de población; y la respuesta del Estado, que debería tomar decisiones de políticas públicas y presupuesto en base a la evidencia, muestra un nulo interés en atender y frenar estos crímenes, violando así derechos humanos.
Exigimos justicia y no impunidad, pero también medidas de prevención, protección y atención integral, que articulen esfuerzos entre los servicios públicos y la justicia para garantizar la vida e integridad de las niñas, las adolescentes y las mujeres que viven en Paraguay, sin discriminaciones.
Asunción, 13 de diciembre de 2022