Las organizaciones de la sociedad civil, adheridas a esta carta abierta, repudiamos el proceso que derivó en la reelección de Miguel Godoy como titular de la Defensoría del Pueblo de la República del Paraguay, debido a que se caracterizó por oscuras negociaciones basadas en el cuoteo político antes que las consideraciones sobre el perfil adecuado que debe reunir la persona que resultare electa a un cargo tan importante para una sociedad democrática en el marco de un Estado Social de Derecho.
Desde el surgimiento de la Defensoría del Pueblo en la Constitución de 1992, las personas que han sido electas con el criterio de cuoteo político, han sido un ejemplo lamentable del perfil que no se necesita para este cargo. Este mecanismo de selección en tiempo récord (el martes 3 de noviembre el Senado integró la terna y el miércoles 4 ya fue reelegido por Diputados) marca también un nuevo modus operandi de un Parlamento que está más que nunca alejado de los intereses reales del pueblo.
Según el Art. 276 de la Constitución, las funciones del Defensor del Pueblo son: la defensa de los derechos humanos, la canalización de los reclamos populares y la protección de los intereses comunitarios. Tres ejes misionales que nunca se han cumplido desde dicha institución, para tener un real Estado Social de Derecho en democracia.
La Defensoría del Pueblo es una institución que desde la perspectiva de la sociedad civil que trabaja en la defensa, promoción, vigilancia y exigibilidad de los derechos humanos, hasta ahora no ha cumplido con su rol constitucional y su mandato misional. Es una institución que debe realizar monitoreo de los derechos humanos y la exigibilidad y el cumplimiento de los servicios públicos vinculados a la protección, cuidado y atención a sectores diversos y más desprotegidos de la sociedad paraguaya, así como ante la violación de sus derechos por parte de las instituciones del Estado paraguayo.
En un grave nivel de distorsión de su rol constitucional y mandato institucional, últimamente la Defensoría del Pueblo realiza acciones supletorias e incluso caritativas, usurpando funciones de otras instituciones públicas del Estado paraguayo, brindando atenciones directas en las comunidades, alejándose así de su función misional, que es hacer que las instituciones públicas brinden servicios públicos de calidad para todas las personas, sin discriminaciones, y desde el enfoque de derechos humanos.
Por otra parte, preocupa su debilidad institucional: con cerca de 200 servidores públicos, y al menos 29 delegaciones en distintos puntos del país, pero sin presupuesto ni desarrollo institucional adecuado para poder realizar las funciones que son de su competencia a lo largo del territorio nacional.
Ante esta serie de debilidades, tanto de carácter personal como institucional, es urgente y prioritario tomar los recaudos pertinentes para tener a la cabeza de dicha institución el mejor perfil que necesita el país para ese cargo: personas con trayectoria, que conozcan el funcionamiento de la justicia, los derechos humanos y la administración pública. Cabe destacar que durante este mandato ya fenecido dicha instancia ha perdido la categoría dada por Naciones Unidas a las instituciones nacionales de derechos humanos, y que entre las recomendaciones de la ONU al Paraguay, está mejorar la designación transparente del Defensor del Pueblo y el fortalecimiento institucional y presupuestario de la entidad. Paraguay asumió ese compromiso ante la comunidad internacional y nacional.
La reelección de Miguel Godoy como Defensor del Pueblo es una afrenta a la democracia y a la ciudadanía; y convierte al Poder Legislativo en una instancia de cuoteos y favoritismo que responden a intereses sectarios, contribuye a un retroceso de los DDHH. y está cada vez más lejos de ser servidores/as del pueblo. En un contexto de agravamiento de la crisis política, económica, social y ambiental, se necesita más que nunca el cumplimiento de las funciones genuinas de la Defensoría del Pueblo: más de 7 millones de habitantes de este país esperan que esta institución funcione.
Es tiempo de romper con las prácticas políticas de la dictadura, y con memoria, justicia y paz, consolidar nuestra democracia y sus instituciones republicanas, sobre la base de fraternidad, libertad e igualdad.
Asunción, 4 de noviembre de 2021.
Organizaciones firmantes: Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), Asociación Callescuela, Base Educativa y Comunitaria de Apoyo (BECA), ENFOQUE Niñez, Enseña por Paraguay, Fundación La Salle Paraguay, Fundación Hugo, Fundación Vencer, Global Infancia, Good Neighbors Paraguay, Mamá Cultiva Paraguay, Servicio, Paz y Justicia de Paraguay (SERPAJ-Py), Vincularte Asociación Civil, DECIDAMOS – Campaña por la expresión ciudadana, Semillas para la Democracia, Japoli – contra la desigualdad, Kuña Roga – Encarnación, Techo Paraguay, Tierraviva.