Generar, impulsar, fortalecer y consolidar espacios respetuosos y democráticos de participación protagónica de niñas, niños y adolescentes fue el compromiso asumido por autoridades de instituciones del Estado, organizaciones de la sociedad civil y de la cooperación internacional presentes en el cierre de la Campaña “XXVII Semana por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, edición 2021” realizada el pasado viernes 17 de setiembre de modo presencial en el salón de usos múltiples de la Fundación DENIDE, en la ciudad de Asunción. La campaña anual es impulsada desde hace 27 años por la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) junto con grupos organizados de niñas, niños y adolescentes, organizaciones de la sociedad civil, instituciones del Estado a nivel nacional y local, agencias del sistema de Naciones Unidas y organismos de cooperación internacional.
José Antonio Galeano, comisionado nacional y presidente del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), expresó que “nuestro primer compromiso es incluir en nuestras recomendaciones que las instituciones abran espacios de participación a niñas, niños y adolescentes. Este es un elemento central. Y como segundo compromiso, abrimos la posibilidad de reuniones periódicas de la Comisión Nacional del MNP, integrada por tres comisionadas y tres comisionados, con niñas, niños y adolescentes, para que se enteren de lo que hacemos y poder escuchar sus voces, de manera que nos sirva de insumo a la hora de rendir nuestros informes y recomendaciones”. Recordó que la función del MNP es realizar visitas y monitoreo, producir informes con recomendaciones a diversas instituciones del Estado. “Cuando visitamos los centros educativos, que se llaman así pero en realidad son cárceles para adolescentes en conflicto con la ley penal, recomendamos al Ministerio de Justicia una cantidad de cuestiones. Cuando visitamos un hogar de abrigo de niñas, niños y adolescentes también realizamos recomendaciones al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y a otras instituciones” citó como ejemplos.
Edgar Ríos, defensor adjunto en lo civil, en niñez y adolescencia del Ministerio de la Defensa Pública (MDP), señaló que “nos comprometemos como institución a crear espacios de participación con niñas, niños y adolescentes, a enriquecer e impulsar esos espacios”. Resaltó que “tenemos que abogar por la inversión en la educación, que significa infraestructura, bibliotecas, tecnología, capacitación y formación docente, además de insumos sanitarios especialmente con este contexto de pandemia”. Destacó que uno de los temas surgidos desde las y los adolescentes en el trabajo grupal fue la necesidad de promover la educación integral de sexualidad y de implementar mejoras en el acceso y la atención a la salud: vacunas, medicamentos, entre otros.
Eduardo Escobar Said, viceministro de Protección Integral del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), felicitó a la CDIA en nombre de la ministra Teresa Martínez, explicando su ausencia porque coincidió con algo sumamente importante que es la audiencia de defensa del presupuesto de dicha cartera de Estado ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso Nacional, teniendo en cuenta que la inversión es fundamental para poder generar políticas públicas a fin de garantizar derechos a niñas, niños y adolescentes. Felicitó también a toda la sociedad civil por generar el espacio de diálogo con niñas, niños y adolescentes, facilitando que el diálogo intergeneracional sea más dinámico. Reconoció que las debilidades del Estado son muchas y que, aunque hay grandes avances en el cambio de paradigma, aún queda mucho pendiente. Señaló que una de las principales debilidades es la falta de integralidad y la articulación entre los programas del Estado, ya que muchos de los problemas pueden ser abordados de manera más eficiente, como la pobreza multidimensional. Resaltó que el compromiso del MINNA es “generar las herramientas para vincular los diferentes programas del Estado”.
Mirtha Rivarola, oficial de género y adolescencia del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) indicó que los indicadores dolorosos de esta realidad nos interpelan, destacando la necesidad de que la política pública responda a las necesidades de la población. Como ejemplo citó los indicadores de embarazo de niñas y adolescentes: “a pesar de indicadores dolorosos y fuertes las políticas públicas no responden”. Enfatizó la importancia de escuchar las voces niñas, niños y adolescentes y trabajar con ellas y ellos para que su entorno sea el más sano posible.
También estuvieron presentes la diputada nacional Norma Camacho, en representación del Frente Parlamentario por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia; la señora Nury Montiel, directora de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la señora Lorena Garcia, directora país de Plan International, y Rafael Obregón, representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Paraguay, quienes participaron en los trabajos grupales con las niñas, niños y adolescentes.
Aníbal Cabrera Echeverría, director ejecutivo de CDIA, señaló que el compromiso concreto de la CDIA como plataforma nacional de organizaciones de la sociedad de derechos de niñez y adolescencia es “seguir con lo que estamos haciendo: promoviendo espacios de diálogo y participación de grupos de niñas, niños y adolescentes; apoyando a nuestras organizaciones integrantes a generar este tipo de espacios y procesos al interior de sus programas y proyectos con las comunidades; así estamos contribuyendo a la construcción de una ciudadanía democrática y crítica con capacidad de exigir sus derechos”.
La publicación presentada en la fecha “El país que soñamos. Lo que hubiera pasado y pasará si se cumplen todos nuestros derechos”, elaborada por niñas, niños y adolescentes organizados de diversas localidades del país, expresando su visión acerca de una sociedad en la que se respeten sus derechos, fue un insumo importante para estos debates con autoridades y referentes, a través de los cuales ejercieron su derecho a ser escuchados, a participar en las decisiones que les afectan, expresar sus emociones y vivencias y peticionar a las instituciones públicas sobre mejores condiciones de vida, en donde sus derechos sean respetados y garantizados.
La campaña anual en su edición 27, con el lema “Derechos cumplidos, voces escuchadas” consistió en una serie de acciones autogestionadas de exigibilidad y promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia desarrolladas durante todo el mes de agosto e inicios de septiembre por organizaciones de la sociedad civil promotoras de los derechos de la niñez y la adolescencia junto con Organismos y Entidades del Estado a nivel nacional, departamental y municipal, con apoyo de agencias del sistema de Naciones Unidas y la cooperación internacional. La iniciativa fue declarada “de interés” por el Poder Ejecutivo, a través del Decreto N° 5.039/94, del 8 de agosto de 1994.
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