El Estado paraguayo sigue en deuda con las garantías de bienestar y derechos de niñas, niños y adolescentes

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APUNTES AL INFORME DE GESTIÓN PRESIDENCIAL NO REFLEJA TODA LA REALIDAD


El Estado está en deuda con las niñas, niños y adolescentes del Paraguay, y las informaciones presentadas en el tercer informe de gestión del Presidente de la República, Mario Abdo Benítez, no condicen con la realidad que se vive a diario en las comunidades más vulnerables del país. 


Al contrario de lo señalado en el informe presidencial, la violencia y la pobreza extrema han recrudecido en el grupo de población de niñas, niños y adolescentes, que representa a 35 de cada 100 habitantes del país. La falta de coordinación de las políticas públicas a nivel nacional y local, seguida de los escasos presupuestos para sostener esas políticas es cada vez más alarmante y se evidencia mucho más en la crisis del sistema de salud: miles de familias han perdido a sus seres queridos por la inoperancia del Gobierno en gestionar los servicios y en proveer a tiempo las vacunas. 


La pandemia de COVID-19 impacta cada vez más a niñas, niños y adolescentes, sus familias y sus comunidades: las personas que están en pobreza y pobreza extrema se hallan al borde de la indigencia y sobreviven sin que existan políticas específicas de prevención y atención.


Niñas, niños y adolescentes de pueblos indígenas constituyen la población más vulnerable y menos protegida: hemos sido testigos de cómo han sido desalojados de sus tierras en procedimientos policiales y fiscales cuestionados e incluso ilegales, con viviendas y escuelas destruidas, teniendo que acampar al costado de las rutas o en plazas de ciudades, a la espera de respuestas institucionales insuficientes que se limitan al asistencialismo sin tener en cuenta los factores causantes de estas expulsiones. Estamos lejos de tener un Estado que reconozca y atienda la interculturalidad de los grupos más vulnerables. 


Por ejemplo, la cobertura de microseguro social, destacando la cobertura de sepelios “incluyendo el titular más cuatro adherentes del grupo familiar dentro del rango de edad de 0 a 17 años”, es una muestra de la baja cobertura e incluso la cuasi-privatización de los servicios sociales.


La profundización de la crisis sanitaria, económica, social y ambiental expulsa a cada vez mayor cantidad de niñas, niños y adolescentes a las calles, expuestos a más violencia, explotación y adicciones. La cantidad de suicidios y desapariciones va en aumento y esa realidad no se puede contener solo con campañas de comunicación.


En referencia al Programa de Desarrollo Infantil Temprano (PDIT), han construido centros de primera infancia en espacios dentro de escuelas alejadas de centros urbanos, en lugares donde ni siquiera hay niñas y niños en las comunidades. Además, todas las indicaciones técnicas expresan que no se debe escolarizar o generar propuestas de educación formal a la primera infancia. Este es un claro ejemplo de la prepotencia que tenía el anterior Ministro de Educación y Ciencias, quien sin dialogar con las comunidades fue a imponer un modelo formal cuando debe ser un modelo de atención no formal para la primera infancia. Estos errores conceptuales luego tienen altos costos de inversión y generan una fuerte desprotección a los grupos que más necesitan. 

En cuanto al acceso a tecnología de estudiantes indígenas, en varias comunidades (tanto indígenas como rurales) la señal de internet no llega: no pasa por tener el equipo sino por tener conexión y recursos para pagar dicha conexión. La educación ha pasado de un modelo analógico a un modelo digital pero sin considerar todos los factores de inclusión efectiva. La calidad educativa pésima ahora generó una feroz exclusión educativa, cuyo impacto veremos en los próximos años. 

Las comunidades generaron su propia resiliencia, dando respuestas con ollas populares que incluso tienen una ley de apoyo que no se cumple a cabalidad. Este Gobierno ha tenido la oportunidad única de transformar el Estado y cambiar la vida de miles de personas, pero decidió seguir acomodado a los intereses sectarios de los grupos económicos de poder y la clientela política que debe alimentar para sostenerse políticamente.

En Paraguay las mujeres, las adolescentes y las niñas padecen situaciones de violencia y abuso sexual todos los dias, y la respuesta del Gobierno es una mesa de trabajo entre instituciones que no tienen presupuesto para hacer lo que el marco legal les obliga. La restitución de derechos vía la justicia es importante pero no le devuelve la vida a las mujeres asesinadas ni mejora la trayectoria de vida de las niñas victimas de violencia sexual: se debe invertir en prevención y eso implica cambiar pautas socioculturales que normalizan estas situaciones por medio del sistema educativo formal. 

A tres años de gestión, el actual Gobierno nacional sigue patinando en lodo, sin dar respuestas acertadas, sin generar reales transformaciones que impacten en las siguientes generaciones y sin capacidad de dimensionar el rol del Estado como el principal garante de derechos humanos para la generación de bienestar en toda la población. 

Paraguay necesita pasar de ser un “Estado pollada”, que se gestiona en base a donaciones exteriores, a ser un real Estado Social de Derecho que utiliza los recursos existentes en el país para generar desarrollo, cobrar impuestos justos y redistribuir los recursos por medio de servicios públicos de calidad en el todo el territorio, sin discriminaciones.  


Consideraciones generales desde la Dirección Ejecutiva de la CDIA sobre el informe de gestión presidencial del 1 de julio de 2021.