11 de junio de 2021
Ante los hechos de pública notoriedad generados por la brutal represión a la pacífica protesta ciudadana, que involucra a un gran número de personas adolescentes que han sido asesinadas, desaparecidas o sometidas a prisión de forma arbitraria, en establecimientos no aptos como coliseos y bodegas donde también existen indicios de que han sido víctimas de torturas, malos tratos, tratos crueles, degradantes y humillantes, por parte de las fuerzas policiales, civiles y grupos paramilitares, las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes manifestamos nuestro más profundo repudio y hacemos un llamado a la comunidad internacional a sumarse a la absoluta condena a este accionar criminal que tiene como principal responsable al Estado de Colombia.
Las muertes, torturas y lesiones graves provocadas con premeditación y alevosía que han llegado a la luz pública constituyen crímenes de lesa humanidad que violentan la conciencia humana y generan el más enérgico repudio de la ciudadanía en general y de las organizaciones de Derechos Humanos que, como las abajo firmantes, denunciamos estos hechos haciendo un llamado a la activación de los mecanismos de Derechos Humanos regionales e internacionales. También llamamos a las autoridades públicas del Estado de Colombia a cesar en forma inmediata estas brutales represiones, realizar las investigaciones correspondientes y juzgar a las personas responsables, incluyendo a las jerarquías administrativas y políticas involucradas.
Este accionar criminal contra la protesta social atenta contra los Derechos Humanos amparados en los tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano y la propia Constitución Nacional, constituyendo crímenes de lesa humanidad que deben ser investigados y condenados. Asimismo, generan la obligación de reparar a las víctimas y sus familias, y la asunción de responsabilidades frente a la justicia, la ciudadanía colombiana y la comunidad internacional, adoptando medidas de no repetición y poniendo fin a la reinante impunidad ante las muertes de activistas sociales, jóvenes, periodistas, campesinos y demás personas que han sido ejecutadas de modo extrajudicial durante este periodo de protestas, pero también desde la firma de los acuerdos de paz del 24 de noviembre de 2016.
Vivir en libertad y democracia implica un respeto irrestricto a la dignidad humana. Garantizar los derechos humanos es responsabilidad directa del Estado y sus auditores, tanto electas como administrativas, a nivel local y nacional.
FIRMAN:
