La mayoría de las niñas, niños y adolescentes del Paraguay vive en condiciones de pobreza, violencia, abusos, falta de oportunidades, de acceso a salud, agua potable, alimentación, educación, vivienda, tierra; sus vidas padecen tremendas desigualdades sociales, políticas, económicas, culturales y ambientales. Desde la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) hemos divulgado datos que ilustran esta lacerante situación, con fuente en los registros de información pública.
Lamentamos que en lugar de analizar causas y tomar medidas para revertir con urgencia la situación que los datos oficiales indican, la Cámara de Diputados decida poner en peligro derechos ya conquistados para interpelar a la titular del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, la señora Teresa Martínez Acosta. La actual Ministra es una funcionaria de intachable trayectoria en el Estado paraguayo, bajo cuya gestión se elaboró un Plan Nacional de Niñez y Adolescencia (2019-2024), herramienta de política pública para prevenir y proteger de violencia, pobreza y desigualdad a miles de niñas, niños y adolescentes del Paraguay.
Por primera vez nuestro país cuenta con un Ministerio de la Niñez y la Adolescencia con competencia para orientar y liderar la política pública de modo intersectorial e interinstitucional, y con un nuevo plan elaborado y aprobado por el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, sobre la base de diagnósticos y consultas en todo el territorio nacional en beneficio de niñas, niños y adolescentes: el 35% de la población del Paraguay. El plan está diseñado para cerrar las diversas brechas de desigualdades que son naturalizadas en la sociedad paraguaya y que golpean con mayor fuerza a niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual, quienes sufren discriminación, invisibilización y exclusión; es decir, son despojados de su dignidad humana.
Advertimos que el Estado Paraguayo se ha comprometido al Principio de No Regresividad ante la comunidad internacional, por lo que los derechos humanos deben ser progresivos. La actual interpelación por motivos político-partidarios pone en riesgo el interés superior de la niñez y la adolescencia y todos los avances del Estado en materia de democracia y derechos en los últimos treinta años.
Los avances en políticas públicas con enfoque de derechos humanos, basadas en datos oficiales y que tengan a las personas en el centro de las acciones, deben proseguir. Los derechos deben ser garantizados con presupuestos suficientes en el nivel nacional, departamental y municipal. La interpelación actual debe evidenciar los fallos del Estado para prevenir y proteger a la niñez y la adolescencia. Un voto de censura, en este caso, implica el fracaso de una gran parte de la clase política y su desinterés por la instalación de un Estado Social de Derecho, como lo indica la Constitución Nacional.
Todas las personas deben crecer con derechos para vivir sin violencias. Los datos indican que tenemos hipotecado el presente y futuro del Paraguay, la niñez y la adolescencia. Hoy el Estado, la sociedad y las familias del país estamos bajo interpelación por esta dolorosa realidad. ¿Qué haremos para transformarla?
Asunción, 15 de diciembre de 2020.
Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de Paraguay.