Por Aníbal Cabrera Echevería.
Dirección Ejecutiva CDIA Paraguay.
El desarrollo evolutivo de una sociedad se da en términos de sus prácticas, modos de pensamiento, formas de convivencia y gestión de sus problemas. Una sociedad moderna traza sus pautas socioculturales de relacionamiento por medio de marcos legales, que luego se traducen a marcos institucionales y buscan brindar un nuevo paradigma de valores desde donde velar por el bienestar individual y colectivo.
En 1989, el mundo realizó un pacto sobre cómo velar por las nuevas generaciones de la humanidad, buscando propiciar ambientes sanos y seguros de crianza, y cuidados que dignifiquen a las personas desde su nacimiento hasta su adultez. La observancia de los derechos humanos, el desarrollo y la paz se concretó así, como en otros documentos, en la Convención Internacional de Derechos del Niño y la Niña; siendo el instrumento jurídico más ampliamente firmado y ratificado por los Estados integrantes de las Naciones Unidas.
En Paraguay existen avances en derechos humanos en el papel, con marcos legales, diseño de políticas públicas e instalación de instituciones nacionales y locales. Pero también existen fuertes brechas entre el papel y la realidad, puesto que se tienen accesos limitados a estos servicios en diversas zonas del país, baja o nula cobertura de la promoción (prevención) y protección (atención), con una débil capacidad de articulación y coordinación entre los tres niveles de Gobierno (nacional, departamental y municipal) y los OEE (Organismos y Entidades del Estado) que integran el Sistema de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia de Paraguay. Es necesario puntualizar que el Código de la Niñez y la Adolescencia cumple 18 años de su promulgación, desde donde se han descentralizado competencias del nivel nacional al local, pero no así los recursos.
El presupuesto público es la principal herramienta de desarrollo de un país y la inversión social es un elemento clave: los marcos legales sin recursos necesarios para su aplicación pueden verse obsoletos o quedarse en una mera declaración de principios que no se traducen en un bienestar real —en este caso— del grupo de población más importante del país: niñas, niños y adolescentes que representan al 35% del total de personas en 2019. La responsabilidad de contar con los recursos necesarios para garantizar derechos es del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, junto con gobiernos locales como Gobernaciones y Municipalidades. La planificación de los servicios públicos debe ser en base a datos y estadísticas oficiales de calidad, que permitan tomar decisiones de manera más racional. El control ciudadano, la transparencia y la rendición de cuentas, también son importantes.
Por día, en promedio, mueren cuatro niños/as con menos de un año de edad y cerca de siete niños/as con menos de siete años de edad, por motivos que muchas veces son prevenibles, según datos oficiales del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS). La Fiscalía General indica que recibe diariamente un promedio de ocho denuncias de abuso sexual en niñas, niños y adolescentes; dato que debe llamar la atención en cuanto a los mecanismos de prevención y protección tanto en el ambito familiar como comunitario. Es urgente reducir dichas cifras alarmantes.
El país que produce alimentos para el mundo sigue teniendo niñas y niños en situación de desnutrición, pobreza y pobreza extrema, principalmente en comunidades indígenas y comunidades rurales. Desde las organizaciones de la sociedad civil se ha trabajado intensamente para lograr un Código de la Niñez y la Adolescencia garante de derechos, acompañando todos los esfuerzos del sector público para fomentar e incrementar la inversión en niñez, pero aún no es suficiente. Los marcos legales son procesos socioculturales que se van instalando y modificando.
El Estado debe pasar de campañas de comunicación, que son importantes, a programas concretos que garanticen calidad de vida de todas las personas. En una sociedad machista y adultocéntrica, en la que más de 50 niñas, niños y adolescentes quedaron en la orfandad en 2018 a causa de la violencia de género, es prioritario trabajar desde el sistema educativo. Es necesario adecuar los marcos legales, las instituciones y las prácticas de operadores del sistema de protección de niñez y adolescencia a las nuevas fronteras de derechos que hace 30 años no estaban contempladas, en contextos actuales sumamente diversos. Las voces protagónicas de niñas, niños y adolescentes son esenciales para generar un cambio real en el modo de convivencia actual en la sociedad y en el fortalecimiento de la democracia.