Por Luis Pedernera
Resumen
En el artículo se aborda un repaso general y posterior reflexión de los avances y deudas en relación a los derechos de niñas, niños y adolescentes, particularmente en la región latinoamericana, con motivo de los 30 años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos de la Niña y el Niño.
Palabras claves: Convención sobre los Derechos de la Niña y el Niño – Latinoamérica – Políticas Públicas – Pobreza – Justicia – Participación – Institucionalización.
Hace 30 años, el 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, «ese luminoso y vivo documento que consagra los derechos de todos los niños sin excepción a una vida de dignidad y de autorrealización», como bien la describió Nelson Mandela.
El elevado número de Estados que ratificaron la Convención —196 para ser preciso—, la ha vuelto un instrumento global que representa la síntesis más clara de una comunidad moral universal, que en un momento dado reaccionó frente a las condiciones de vida a las que muchas niñas, niños y adolescentes de todo el mundo se ven sometidas y sometidos.
A pesar de las enormes mejoras en la vida de estas niñas, niños y adolescentes logradas durante los últimos 30 años y al discurso unánime en favor de sus derechos, los desafíos siguen siendo importantes y persistentes: la pobreza y la exclusión social, la criminalización, la violencia, el castigo, la discriminación, la trata, la explotación sexual, la migración, las consecuencias nefastas de los conflictos armados, de cierta actividad empresarial y el cambio climático, entre muchos otros.
Todos estos son temas de urgente resolución en una agenda de derechos, pero quiero detenerme particularmente en las deudas pendientes de nuestra región para con las políticas para la infancia. Entre ellas destaco las siguientes:
Datos. Nos enfrentamos a serios problemas a la hora de recolectar datos confiables porque son escasos o inexistentes, su recolección es asistemática o se superponen, entre otros motivos. Como consecuencia de ello, difícilmente podamos tener una clara dimensión de la situación de las niñas, niños y adolescentes, así como tampoco podremos pensar, desarrollar, revisar y evaluar las decisiones y medidas tomadas por las políticas sobre la materia.
Coordinación. Sin duda, falta un desarrollo robusto a la hora de lo que se ha denominado pensar la política de infancia a partir de una lógica de sistema de protección, que no debería ser ni más ni menos que la coordinación entre las agencias responsables de las diferentes áreas de la política pública —educación, salud, seguridad social, deporte, recreación, vivienda, empleo, entre otras— para una mejor acción y utilización de los recursos en el terreno de la infancia.
Pobreza, violencia y desigualdad. Vivimos en la región con los mayores niveles de violencia y desigualdad a pesar —y esto es lo particular— de que no tenemos conflictos bélicos como otras regiones del mundo. Aún así, los niños siguen siendo los más pobres de la población y esto se vuelve crítico para el caso de las niñas, la niñez indígena o niñez campesina.
Criminalización. Si tuviera que elegir una imagen que describiera la situación de la niñez de nuestra región, el movimiento de un péndulo sería la más acertada. Este péndulo oscila entre dos cuestiones centrales en relación a las condiciones de vida de los niños: la pobreza y la criminalización. En la agenda política de nuestros países son recurrentes propuestas de rebaja de la edad de imputabilidad para juzgar a las personas menores de 18 años como adultos y por jueces de adultos, así como el aumento de penas, la creación de nuevos delitos o el debilitamiento de las garantías esenciales de un estado de derecho en nombre de la seguridad para habilitar a las fuerzas de seguridad el uso de la represión.
Institucionalización. Sigue siendo elevado el número de niñas y niños internados en instituciones, en detrimento de una vida en familia y junto a su comunidad. La decisión del internamiento de la niña o el niño, la mayoría de las veces, obedece a su condición de pobreza y es la muestra más clara de la incapacidad estatal de dar respuestas alineadas con el crecer en un ambiente familiar tal como lo reconoce la Convención en su preámbulo.
El caso más emblemático de hasta dónde pueden llevar las políticas de institucionalización es el ocurrido en Hogar Seguro, en Guatemala, donde —recordemos— el 8 de marzo de 2017 un incendio provocó la muerte de 41 niñas y lesiones a cerca de 500. Este caso sintetiza múltiples problemas, entre ellos, cuestiones como la impunidad y la corrupción. Las niñas de este “hogar” habían denunciado días antes del incendio una posible red de trata y prostitución, así como las pésimas condiciones en las que se encontraban internadas. Tales denuncias no fueron escuchadas. A la fecha, la acción de la justicia avanza a ritmo exasperadamente lento y acciones tales como el anuncio de una querella contra las víctimas, conocida —no sin asombro— en octubre de 2019, refuerza la idea de impunidad. Tragedias como esta ocurren por múltiples causas y también por la escasa acción de la justicia que permite que la voz y el testimonio de niñas, niños y adolescentes no sean tenidos en cuenta.
Hoy nos une la retórica a favor de los derechos de la niñez, pero la adhesión a la Convención de los Derechos de la Niña y el Niño no puede servir únicamente como acción de autopromoción. Los Estados deben avanzar en estrategias específicas para dar respuesta a las cuestiones de la infancia y para ello hay que dar paso urgente a las acciones. Los derechos deben concretarse en cada niña, niño y adolescente de nuestras comunidades. Si bien el lema de los objetivos de desarrollo sostenible es «nadie debe quedar atrás», las niñas, niños y adolescentes siguen quedando atrás.
La Convención, en su artículo 12, pide a los Estados que escuchen y tengan en cuenta lo que dicen niñas y niños. Todos estamos siendo espectadores privilegiados del movimiento de la niñez más genuino de los últimos tiempos denominado viernes por el futuro que marchan por sus derechos.
Ya hemos escuchado a Greta Thunberg diciendo que las niñas y los niños nos están mirando y que lo que ocurra con el mundo que les dejemos es nuestra responsabilidad. Miles y miles de niñas y niños de todo el mundo son niños defensores de los Derechos Humanos tal como hemos comenzado a llamarlos luego de nuestro último día de debate general en 2018. Son quienes han tomado en sus manos la promoción y la protección de los derechos humanos, en particular, los que afectan a su vida y desarrollo. En nuestra región son muchos los ejemplos de movimientos de niñas, niños y adolescentes protagonistas y defensores de sus derechos; tal vez el más reciente sea la protesta de estudiantes secundarios por el aumento del boleto en Chile que pone en el centro del debate cuestiones centrales que el Estado debe atender.
Cada niña, niño y adolescente tiene algo que decir sobre el mundo en el que quiere vivir. Todas las personas adultas tenemos el deber de escucharlos y tomar en cuenta sus opiniones. Es el momento oportuno para renovar compromisos con la agenda de los derechos de la niñez y pensar en nuevos desafíos.
En un trabajo de investigación, Francisco Pilotti da cuenta del proceso de debates que culmina con la aprobación de la Convención sobre Derechos de la Niña y el Niño y aporta un dato interesante que es la escasa presencia latinoamericana en las discusiones del borrador de la Convención; quizás por ello, en algunas cuestiones, la niñez de la CDN es una niñez muy occidental. A 30 años de la aprobación de la Convención, se impone una relectura en clave latinoamericana del tratado para que el texto vivo —del que nos hablaba Mandela— recoja por fin las muchas infancias y adolescencias de nuestra región.
Los derechos de la niña y el niño deben ser parte de una alianza que trascienda a las organizaciones e instituciones encargadas de la niñez. Pensar en derechos de la niñez y adolescencia nos debe impulsar a trascender la autorreferencia y abordar el trabajo que viene como parte de una agenda planeada como proyecto colectivo con otras luchas —la de las mujeres, la de las personas campesinas, las de los pueblos originarios, la de la diversidad— para realmente avanzar hacia nuevas relaciones sociales.
Finalmente, debemos reconocer que todavía estamos frente a un sujeto al que personas adultas e instituciones les niegan la capacidad de autorepresentarse y, por ello, de los derechos de la niña y el niño seguimos hablando las personas adultas sin que niñas y niños nos hayan elegido para ello. Las personas adultas —con las mejores intenciones— seguimos hablando en nombre de niñas, niños y adolescentes. En mi modesta experiencia de trabajo en el Comité, escuchar a niñas y niños me ha permitido apreciar la potencia de su relato, porque es un relato vivido, exento de todo juego retórico con el que las personas adultas solemos adornar nuestros discursos. Son testimonio de experiencias concretas capaces de desmontar con una sola palabra cualquier justificación a la que podemos alegar las personas adultas y allí reside uno de los elementos centrales para que su voz y protagonismo entren en juego en el contexto de la vida social.
Slavoj Zsizek relata una anécdota que me interesa presentar al final. Cuenta este autor que se encontraba Picasso en su estudio en París durante la segunda guerra mundial y lo visita un oficial alemán. Es allí que este oficial ve el Guernica y queda sorprendido frente a esa pintura, lo único que atina es a preguntarle a Picasso, “¿esto lo hizo usted?”. Picasso responde “no, esto lo hicieron ustedes”.
Esta anécdota, pensando ahora como un diálogo imaginario entre las niñas, niños y adolescentes y las personas adultas a 30 años de la Convención sobre Derechos de la Niña y el Niño, no tendría que reproducirse.
² https://lahora.gt/criminalizan-a-victimas-de-hogar-seguro/
⁴ZIZEK, Slavoj, Sobre violencia seis reflexiones marginales, Piados, Buenos Aires, Argentina, 2009.
LUIS PEDERNERA
Ex Presidente del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Vicepresidente de la Reunión de los Presidentes de Órganos de Tratados de DDHH de la ONU. Miembro del Comité Académico del Certificado de Estudios Avanzados en Justicia Juvenil de la Universidad de Ginebra y de L´ Institut International des Droits de L´Enfant de Suiza. Miembro de la Junta del African Child Policy Forum.
Fue secretario ejecutivo de la coalición uruguaya de seguimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño. Integró el 1er Consejo Nacional Consultivo de Niñez y Adolescencia en Uruguay. Integró el Consejo Coordinador de la Red Latinoamericana y Caribeña por los Derechos de Niños/as y Adolescentes (REDLAMYC).
Cuenta con una vasta experiencia en el monitoreo a los sistemas de justicia penal adolescente, trabajando específicamente en la lucha contra la tortura y la criminalización de niños.