Posicionamiento público

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El 2 de septiembre de 2020, el Estado y la sociedad le hemos fallado a Liliana y Aurora, dos niñas de 11 años quienes fueron asesinadas por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) como resultado de las malas prácticas y omisiones estatales en el distrito Yby Yaú, departamento de Concepción, Paraguay. El Estado, teniendo información de inteligencia, no activó los mecanismos de prevención y protección hacia ellas para cuidarles de todo tipo de violencia o vulneración en sus derechos y, una vez muertas, tampoco las reconoció como víctimas y, no dictó medidas de protección para la restitución de sus derechos vulnerados. Por lo tanto, el Estado paraguayo es el principal responsable en esta cadena de omisiones que costó la vida de ambas niñas.

En democracia, el Estado es el garante de los derechos de todas las personas que se encuentren en su territorio, sean nacionales o extranjeras. Las autoridades nacionales, electas y/o administrativas, deben cumplir el marco legal vigente en el país y asumir la responsabilidad subsidiaria del Estado en el cuidado del bien más preciado de una sociedad: la niñez y la adolescencia.

Desde el año 2013 hay un incongruente gasto en seguridad y defensa porque no va acompañado de la inversión en las personas. Hasta ahora la única respuesta del Estado a la violencia de grupos criminales armados ha sido la fuerza, una estrategia incompleta que expone a las comunidades a más vulnerabilidades. Las desigualdades históricas deben ser abordadas con un sistema de protección social.

Recordamos que el artículo 54 de la Constitución Nacional indica la “protección al niño/a” y expresa que: “La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de garantizar al niño su desarrollo armónico e integral.” En la Convención sobre los Derechos del Niño, el articulo 2 indica: “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar que el niño sea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, de sus tutores o de sus familiares.”

Considerando la serie de irregularidades por parte de la FTC en la zona norte del país y las faltas observadas en la intervención del Ministerio Público, desde la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, exigimos cuanto sigue:

– Que las autoridades de seguridad y justicia realicen y garanticen una investigación en profundidad, independiente e imparcial, de los hechos acontecidos en el distrito de Yby Yaú, departamento de Concepción, que han tenido como resultado la muerte de dos niñas por parte de la FTC.

– Que las fuerzas públicas de seguridad tengan y apliquen protocolos específicos de actuación en el abordaje de niñas, niños y adolescentes, en virtud de su carácter de sujetos protección especial.

– Que se realice una investigación para explicar el entierro en tumbas NN de las dos niñas, la no realización de una autopsia con la debida diligencia, y la destrucción de sus prendas.

Exhortamos a los tres Poderes del Estado a que implementen todas las medidas de prevención, protección y no repetición de este tipo de hechos, que implican el reconocimiento de la existencia de indicios de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados criminales no estatales.

Dada la gravedad de los hechos y la desconfianza generada por las actuaciones iniciales de las autoridades, las fuerzas de seguridad y los operadores del sistema de justicia, remitiremos un informe de los hechos a los sistemas de Derechos Humanos, Interamericano (OEA) y Universal (NN.UU.).

Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de Paraguay.