Organizaciones coinciden en que retiro de marco rector implica gran retroceso

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Varias de las organizaciones que participan del último informe de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) coinciden en señalar que el retiro del marco rector pedagógico de la educación integral de la sexualidad, decidido por el exministro de Educación, Luis Riart, constituye un gran retroceso en la lucha por la plena vigencia de los derechos humanos en nuestro país.

El análisis de coyuntura incluido en el informe, en el que participaron representantes de las organizaciones que integran la Codehupy, firmado por la facilitadora Line Bareiro, destaca que “El marco rector constituía el proyecto más importante de tolerancia y educación democrática en el Paraguay desde la apertura política. Fue construido en un amplio proceso consultivo y logró un alto nivel en su formulación”, pero, sin embargo, fue cuestionado por “las opciones o preferencias sexuales y sobre todo la teoría de género, a las que en forma constante los sectores fundamentalistas católicos de la sociedad paraguaya han llamado como ideología de género”.

En este sentido, las organizaciones cuestionan al Consejo Nacional de Educación y Cultura (Conec), que se pronunció en contra del marco rector señalando que “la educación de la sexualidad debe hacerse en el contexto real de las culturas, la situación socioeconómica y política del país, partiendo de lo que nos identifica como paraguayos y aspirando a los ideales compartidos por la ciudadanía, sin dejarnos presionar por corrientes y propuestas educativas foráneas, que no responden a los valores universales, a nuestras culturas ni a los fines y objetivos de la educación paraguaya”. “Resulta muy difícil pensar en avances en derechos humanos cuando el consejo que asesora la educación en el Paraguay democrático utiliza argumentos más propios de las pasadas dictaduras, que acusaba de ideología foránea toda idea con la que no concordaba”, aseguran las entidades.

Además, cuestionan el hecho de que el Conec haya afirmado que no son vinculantes los convenios y compromisos internacionales suscritos por el Estado paraguayo que se citan como argumento de apoyo, porque supuestamente no han sido ratificados por el Congreso Nacional. Algunos de esos instrumentos son la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), ratificada en 1986 por ley 1215; la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por ley 57/90; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, ratificada por ley 605/95; los Convenios de la OIT 182 y 156, ratificados por las leyes N° 1657/01 y 3338/07 respectivamente; el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por ley N° 4/92, entre otros. “El Conec no puede considerar como no vinculantes a instrumentos con plena vigencia en el Paraguay. Es muy difícil suponer que sea simplemente ignorancia lo que ha llevado al Conec a difundir que esos instrumentos sean no vinculantes”, resaltan.

Para Javier Chamorro y Heve Otero, del Observatorio de Políticas Públicas y Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), los argumentos de quienes están en contra del marco rector “se acercan más al fundamentalismo y a un enfoque religioso, que no debería influir en la enseñanza, que, por Constitución Nacional, debe ser laica y garantizar los derechos a recibir información sobre los derechos sexuales y reproductivos, que, por diversos tratados, están garantizados para niñas, niños y adolescentes en Paraguay”.

Conec desconoce trabajo realizado

Además de rechazar el marco rector pedagógico para la educación integral de la sexualidad, el Conec señaló al MEC que está elaborando “otro documento alternativo que recoja opinión sobre la política que debe orientar la educación de la sexualidad en el contexto de la educación integral de la persona”, con lo que desconoce el trabajo realizado desde 2007 por un comité gestor interinstitucional que realizó un proceso de consulta que incluyó a adolescentes, formadores de docentes, padres, madres y líderes religiosos. Esto fue resaltado en el artículo sobre derechos sexuales firmado por Mirta Moragas, de la Alianza Nacional de la Campaña por la Convención de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos.

“La resolución propone dejar todo como al principio e iniciar un proceso de elaboración de un documento orientador en el cual solo participará el MEC y se dejará de lado a otras instituciones estatales que tuvieron participación en la elaboración del marco rector, como el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, la Secretaría de la Mujer de y la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia”, advierte Moragas.

La autora menciona que en octubre de 2011 se realizó el diálogo entre el Estado y el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer (Cedaw), que expresó su preocupación por la suspensión de la aplicación del marco rector, “que había sido elaborado por el Ministerio de Educación de manera participativa con la colaboración de varias instituciones, con el fin de proporcionar una educación integral a niños y evitar las conductas de riesgo y los abusos que persisten en la sociedad”.

Finalmente, las organizaciones expresan cierta esperanza por las declaraciones del nuevo ministro de Educación, Víctor Ríos, quien, al asumir el cargo, criticó a los sectores que se oponen a la implementación del marco rector y que “sin conocer el proyecto, tratan de distorsionar el pensamiento de la ciudadanía”. Luego aseguró que la preocupación del MEC es “promover una educación sexual integral con bases científicas, en base a conceptos académicos y estamos dispuestos a discutir con toda la sociedad pero no a aceptar oscurantismos”.

Derecho a la educación

Sobre el mismo tema, en su artículo sobre la situación del derecho de la educación, Ramón Corvalán, del Servicio Paz y Justicia – Paraguay (Serpaj-Py), opina que la resolución ministerial por la cual se deja sin efecto el proceso de socialización del marco rector pedagógico para la educación integral de la sexualidad, así como la implementación que debería seguir luego de su revisión en el sistema educativo nacional, emitida el 21 de setiembre de 2011 por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), “constituye un gesto que pone en peligro la vigencia de una serie de principios, contenidos, fines y objetivos del derecho a la educación en general, y de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en particular”, y además “expresa más bien los perfiles de la moralidad pública de esta sociedad particularmente conservadora, antes que traducir el principio de progresividad del derecho”, de acuerdo al experto.

Corvalán menciona en su artículo un comunicado firmado por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) – Paraguay y la Articulación por el Cumplimiento de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Mujeres (ACDM), que señalan que con la decisión del MEC “las niñas, los niños y jóvenes ‘pierden la oportunidad de recibir, en escuelas y colegios una educación sexual integral científica que les permita evitar situaciones como la violencia, el abuso, la explotación, el embarazo no planificado’”, y además se evita que reciban aprendizajes para la prevención del VIH e infecciones de transmisión sexual, “así como romper con los prejuicios, mitos y temores que giran en torno a esta temática, ante la ausencia de información y del abordaje claro y procesual de éstos y otros temas”.

“La situación en que se encuentra el marco rector muestra el largo recorrido que aún falta para avanzar en una tarea clave de la educación con perspectiva de derecho”, apunta el autor.

Por su parte, Mirta Ruiz Díaz, de la fundación Vencer, en el artículo sobre discriminación hacia las personas que viven con VIH/Sida, indica que la falta de implementación del marco rector de educación sexual niega a la población adolescente y joven la posibilidad de informarse y prevenir el VIH, convirtiéndose esta situación “en una grave violación al derecho de información y educación”.

Fuentes recomendadas

Javier Chamorro – CDIA.

Tel.: (595 21) 227 061.

Ramón Corvalán – Serpaj Py.

Tel.: (595 21) 481 333.

Mirta Ruiz Díaz – fundación Vencer.

Tel.: (595 21) 331 139.

Jesús Montero Tirado – Conec.

Tel.: (595 21) 226 341.

Redacción: Diego Brom

Edición: Marta Benítez

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