Caso CEI: querella apelará sentencia de juicio por muerte de los dos adolescentes

Hoy, martes 26 de diciembre de 2017, a las 19.00 hs, la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) presentarán un escrito de apelación contra la Sentencia Definitiva (S. D.) Nro. 528, dictada en el juicio caratulado: “Ignacio Franco Fernández y otros s/ homicidio doloso y otro”, por el Tribunal de Sentencia de Luque, conformado por Abg. Alicia Orrego, Abg. Lilian Rosaura Flores y Abg. Rubén Morínigo.

La presentación será realizada en la oficina de atención permanente de la circunscripción del Departamento  Central, en la ciudad de San Lorenzo, por las abogadas Sonia Von Lepel y Natalia Rodríguez, de la Codehupy y la CDIA, respectivamente, quienes ejercen la querella adhesiva en este caso.

En la sentencia del juicio por las muertes de los adolescentes Francisco Rojas y Néstor Duarte, ocurridas en el Centro Educativo de Itauguá (CEI) el 21 de abril del 2014, fue condenado el ex guardia perimetral del CEI, Adrián Díaz, a cuatro años y siete meses de privación de libertad. Así mismo, el Tribunal decidió absolver de culpa y pena a los otros dos procesados: Ignacio Franco Fernández y Juan Carlos Saucedo, por no encontrar probada su participación en la muerte de los dos adolescentes bajo custodia del Estado.

Ante los elementos que demuestran la participación y responsabilidad del encausado Ignacio Franco Fernández en el hecho culposo, las abogadas de la querella presentarán la impugnación de la sentencia número 528 del pasado 27 de octubre. Mediante la apelación, se espera que dicha decisión sea revertida; y que las familias de los dos adolescentes puedan ejercer próximamente las acciones de reparación respectivas.

Aquí los antecedentes del caso: https://goo.gl/u5k529

Contactos de prensa:

Abg. Natalia Rodríguez – 0971 479 973

Posicionamiento público de la CDIA sobre el incendio en el Centro Educativo de CDE y la situación de los y las adolescentes privados de libertad en Paraguay

Ante los hechos acontecidos en la mañana del 13 de septiembre de 2017, cuando un grupo de adolescentes privados de libertad realizaron una protesta por las malas condiciones de vida y malos tratos al interior del “Centro Educativo” de Ciudad del Este (Dpto. de Alto Paraná, Paraguay); que derivó en un incendio, con 14 adolescentes afectados por humo y el fuego [1], y la posterior muerte de uno de ellos [2], de un total de 42 adolescentes presentes en el lugar; manifestamos cuanto sigue:

  1. Solidaridad con los adolescentes afectados por la tragedia y sus familias, todas ellas víctimas de un modelo de desarrollo excluyente que genera violencia estructural, y normaliza el mal trato, condiciones de vida inhumanas e incluso las torturas.
  2. Preocupación por las constantes situaciones de protestas y fugas en los mal llamados “Centros Educativos”, a cargo del Ministerio de Justicia dependiente del Poder Ejecutivo, cuyas autoridades principales y funcionarios públicos no prestan el debido cuidado y protección que requieren los y las adolescentes privados de libertad, que es responsabilidad del Estado paraguayo.
  3. Recordamos que en septiembre de 2004, hace 16 años, el Estado paraguayo fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la violación los derechos humanos de más de 4.000 adolescente privados de libertad en el Instituto de Reeducación del Menor “Panchito López” [3]; entre estas violaciones se encuentra la muerte de 12 adolescentes en un incendio en el año 2001. El Paraguay asumió el compromiso internacional de aplicar medidas de no repetición ante estos hechos.
  4. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), tras su visita de seguimiento en 2016 recomendó [4]“solicitar una inspección de los extintores de incendio […] y desarrollar las acciones pertinentes para que los mismos estén en condiciones para ser utilizados”, y “elaborar un plan de evacuación para casos de incendio y otros siniestros”.
  5. En su mayoría los y las adolescentes en privación de libertad no cuentan con un proceso judicial justo y de acuerdo a su contexto y desarrollo biosicosocial. El acceso a la justicia no está garantizado de modo adecuado, tiene un alto sesgo punitivo antes que educativo y de reinserción, dado que el modelo de justicia restaurativa no es aplicado a cabalidad por los y las operadores de justicia, debido a la baja especialización de estos.

Las diversas situaciones que viven los y las adolescentes en privación de libertad, son responsabilidad del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pues existe una deuda histórica del Estado paraguayo hacia el acceso a la justicia de este grupo de población, al no destinar los recursos necesarios que permitan un abordaje integral. Es tiempo de dejar de lado las excusas y cumplir en su totalidad la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en temas de justicia penal adolescente.

 

Asunción, 15 de septiembre de 2017

 

Consejo Directivo

CDIA Paraguay

 

Contactos:

Aníbal Cabrera – (0971) 914 915

Miguel Fleitas – (0961) 490 995


[1] Motín e incendio en correccional de menores del Este deja 14 heridos. Ver en: http://www.abc.com.py/edicion-impresa/judiciales-y-policiales/motin-e-incendio-en-correccional-de-menores-del-este-dejan-14-heridos-1631663.html

[2] Muere adolescente quemado en un motín en CDE y cuatro están graves. Ver en: http://www.ultimahora.com/muere-adolescente-quemado-un-motin-cde-y-cuatro-estan-graves-n1107956.html

[3] Caso Panchito vs. Paraguay, Corte Interamericana de DH. Sentencia del 02 de septiembre de 2004. Ver en:  http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=221&lang=e

[4] Informes de visitas de seguimiento del MNP al Centro Educativo de CDE en 2016. Ver en: http://www.mnp.gov.py/index.php/repository/informes-de-monitoreo-y-seguimiento/centros-educativos/func-startdown/230/

Caso CEI: Inicia juicio y forense afirma que no solo fueron utilizados balines de goma en los disparos hechos contra los adolescentes

En la mañana de este martes 1 de agosto dio inicio el juicio oral y público por el caso del presunto asesinato de dos adolescentes privados de libertad en el Centro Educativo Integral de Itauguá (CEI), por parte de dos ex guardias perimetrales de la institución, ocurrido en abril de 2014. El proceso fue elevado a juicio oral y público el 22 de junio de 2015, pero se hallaba suspendido desde diciembre de 2016.

Las partes involucradas en el proceso penal comparecieron ante el Tribunal de Sentencias integrado por la jueza Alicia Orrego Pérez, en calidad de Presidenta, junto con los magistrados Lilian Flores Negri y Rubén Morínigo, en calidad de miembros, de la Circunscripción Judicial de Central, de la ciudad de Luque.

Un testimonio clave durante la audiencia fue el del Dr. Pablo Lemir, médico forense y Director de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, quien afirmó que las balas extraídas de los cuerpos de las víctimas adolescentes no correspondían a balines de goma, sino a materiales metálicos; con lo cual se descarta la posibilidad de que los disparos realizados solo corresponden a las armas reglamentarias permitidas en los Centros Educativos.

La acusación por parte del Ministerio Público está a cargo de la Fiscal Adriana Patricia Soledad González, de la Unidad Fiscal Nro. 1 de Itauguá; por su parte, la querella adhesiva criminal formulada desde la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) es llevada por la Abg. Natalia Rodríguez y la Abg. Sonia Von Leppel, respectivamente.

ANTECEDENTES

El 21 de abril de 2014, una medida de protestas fue realizada por los adolescentes privados de libertad en el CEI, como medida de protesta ante las constantes situaciones de maltratos físicos y verbales, la mala calidad de la alimentación, la falta de insumos de básicos de higiene y aseo, entre otros.

Luego de que fuera desactivado un motín con quema de colchones al interior del CEI, los adolescentes Francisco Daniel Rojas Insfrán (16) y Néstor Javier Duarte Rodríguez (17) habrían sido asesinados por guardias que realizaron disparos con armas de fuego contra un grupo de adolescentes privados de libertad.

Accedé a más información sobre el caso en nuestro apartado #NosPrivanDerechos: https://goo.gl/FTwBjL

CASO CEI: Juicio en suspensión y pendiente de nueva fecha para su realización

El 21 de abril de 2014, luego de que fuera desactivado un motín con quema de colchones en el Centro Educativo Integral de Itauguá (CEI), Francisco Daniel Rojas Insfrán (16) y Néstor Javier Duarte Rodríguez (17) habrían sido asesinados por guardias que realizaron disparos con armas de fuego contra ambos adolescentes privados de su libertad en el CEI. Según lo informado, la quema de colchones fue realizada en el interior de los pabellones como medida de protesta ante las constantes situaciones de maltratos físicos y verbales, la mala calidad de la alimentación, la falta de insumos de básicos de higiene y aseo, entre otros.

En septiembre de 2014, la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) presentaron una querella adhesiva criminal por homicidio doloso contra los presuntos autores de los disparos que dieron muerte a los dos adolescentes privados de libertad.

El caso fue elevado a juicio oral y público por el Juez Miguel Ángel Bernardes el 22 de junio de 2015, quien admitió la acusación fiscal en el auto de apertura a juicio por el presunto asesinato de los jóvenes en contra de Ignacio Franco Fernández, Juan Carlos Saucedo y Adrián Díaz, ex guardias perimetrales del CEI.

La audiencia preliminar de junio de 2015 contó con la participación de las madres de Francisco y Néstor, durante la cual una de ellas exigió justicia al Estado paraguayo, para que la situación “no vuelva a suceder con sus compañeros aún recluidos (en el CEI) y tratados de la peor manera”.

El juicio está en suspensión desde el 9 diciembre de 2016, fecha en la cual no pudo llevarse a cabo por una providencia del entonces presidente interino del Tribunal de Sentencia de Luque, Hugo Villasanti, debido a un pedido formulado por la defensa de acceder a las grabaciones del circuito cerrado del CEI en la fecha de los hechos, agregar pruebas que no están adjuntas al expediente y ante otros pedidos de las partes. Concretamente, la defensa de los acusados solicitó la nulidad del proceso, mediante un incidente de nulidad de la audiencia preliminar.

A 3 años del hecho, cumplidos el pasado 21 de abril, aún no se dicta resolución del Tribunal de Apelación de Central (Palacio de Justicia de San Lorenzo) con respecto a la apelación deducida por la parte querellante; por lo que el proceso sigue pendiente para la realización del juicio oral. El Tribunal de Apelación de Central está conformado por: María Teresa González de Daniel, Fabriciano Villalba y María Lourdes Cardozo de Velázquez.

LITIGIO ESTRATÉGICO
Tanto la CDIA como la Codehupy, organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos en el Paraguay, han acompañado a los familiares de las víctimas mediante una querella adhesiva, comprendida en el marco de litigio estratégico con los siguientes objetivos:
– Búsqueda de justicia: que sean investigados los hechos y sea determinado el grado de responsabilidad penal de los acusados, y su posterior sanción.
– Acompañamiento psicológico y comunitario: realizado a los familiares de los adolescentes asesinados.
– Instalación de políticas públicas integrales dirigidas a adolescentes en conflicto con la ley penal: con acciones que garanticen los derechos humanos de los y las adolescentes privados de su libertad, y principalmente para la no repetición de este tipo de hechos.

CASO PANCHITO LÓPEZ Y LA CONDENA AL ESTADO PARAGUAYO
En el 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado Paraguayo por el caso “Instituto de Reeducación del Menor Panchito López”, por múltiples violaciones a los derechos humanos de aproximadamente 4.000 adolescentes, entre los años 1996 y 2001, pues a juicio de la Corte IDH el Estado paraguayo no adoptó las medidas de protección que está obligado a tomar a favor de los y las adolescentes privados de su libertad.

La sentencia de la Corte determinó principalmente:
– La declaración de una política de Estado en materia de adolescentes en conflicto con la ley consistente con los compromisos internacionales del Paraguay;
– Contemplar estrategias, acciones apropiadas y la asignación de los recursos que resulten indispensables para que los adolescentes privados de libertad se encuentren separados de los adultos, y;
– La creación de programas de educación, médicos y psicológicos integrales para todos los adolescentes privados de libertad.

SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN ADOLESCENTE PRIVADA DE LIBERTAD EN PARAGUAY
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) brinda información sobre sobre el estado de las y los adolescentes privados de libertad, donde “el 52% manifestó haber sido golpeado, maltratado o insultado en el centro educativo por parte de los educadores/guardias”¹, según consta en el Informe de Gestión 2016.

El CEI es mayor centro educativo del país, pues alberga a 35% de la población adolescentes; tras una de visita de seguimiento llevada a cabo en abril de 2016, pudo constatarse lo siguiente²:
– Al menos 85% de sobrepoblación: 191 adolescentes estaban privados de libertad; el CEI dispone de cupo para 120, con 9 pabellones; aunque según estándares de la Corte IDH solo dispone de capacidad para 70 personas, pues se estiman 7 metros cuadrados por cada persona privada de libertad.
– Infraestructura insuficiente: con clara sobrepoblación, el CEI solo disponía de 97 camas, muchas de ellas en malas condiciones, para toda su población; además los pabellones no disponían de ventilación ni iluminación adecuada. También fueron detectados techos con goteras y paredes con humedad; ninguno de los pabellones contaba con duchas suficientes ni agua caliente.
– Mayoría por hechos punibles contra la propiedad: 7 de cada 10 adolescentes (71,8%) estaban privados de libertad por hechos punibles contra la propiedad; 14,4% por hechos punibles vinculados a delitos por sustancias estupefacientes; y el 9,6% por hechos punibles contra la vida.
– Falta de asesoría jurídica y acompañamiento: 84% de los adolescentes entrevistados manifestaron que no fueron asesorados por los/as abogados/as del CEI, tampoco sus familias.
– Derecho a la salud: solamente el 80% de ellos manifestó que existe atención sanitaria en el CEI.


¹ Informe Anual de Gestión – Año 2016: http://www.mnp.gov.py/index.php/repository/informe-anual-de-gestion/Informes-anuales-de-gesti%C3%B3n/Informe-Anual-de-Gesti%C3%B3n—A%C3%B1o-2016/

²  Informe de Seguimiento Centro Educativo Itauguá – Abril 2016: http://www.mnp.gov.py/index.php/repository/informes-de-monitoreo-y-seguimiento/centros-educativos/Centros-educativos/Informe-de-Seguimiento-Centro-Educativo-Itaugu%C3%A1/

Juicio sobre adolescentes asesinados en el CEI fue postergado por el Tribunal

El Presidente interino del Tribunal de Sentencia de Luque, Hugo Villasanti, mediante una providencia, aplazó el juicio oral y público de la Causa Nº 934/14: “Ignacio Franco Fernández y otros s/ homicidio doloso”, relacionada a la muerte de dos adolescentes varones durante un motín en el Centro Educativo de Itauguá (CEI), el 21 abril de 2.014¹. De esta forma el juicio, cuyo inicio estaba fijado para el pasado viernes 9 de diciembre, no cuenta con una nueva fecha para su realización.

El aplazamiento estuvo fundado en un pedido formulado por la defensa, de acceder a las grabaciones del circuito cerrado del CEI en la fecha de los hechos, y otros pedidos de las partes, sobre pruebas que no han sido incluidas al expediente. Por su parte, la defensa también ha solicitado la nulidad del proceso, mediante un incidente presentado ante el Tribunal.

El Tribunal de Sentencia está originalmente compuesto por Alicia Orrego Pérez, en calidad de presidenta y actualmente con permiso, acompañada por Lilian Rosaura Flores y Rubén Morínigo, en calidad de miembros.

Antecedentes

El 21 de abril del 2.014, varios adolescentes recluidos en el CEI habrían iniciaron una acción de protesta en reclamo a constantes situaciones de maltratos físicos y verbales, mala calidad de la alimentación, falta de insumos básicos; con el objetivo de llamar la atención de los funcionarios administrativos del CEI, habrían quemado colchones en el interior de sus pabellones.

Cuando ya la tensión había disminuido, varios guardias o educadores, entre ellos los acusados (Juan Carlos Saucedo, Ignacio Franco Fernández y Adrián Jara), se habrían acercado hasta el pabellón 3B del CEI, donde habrían realizado disparos con armas de fuego, a quemarropa, hacia el interior del pabellón en el cual se hallaban más de una veintena de adolescentes. Como consecuencia de dicha acción, fallecieron los adolescentes F. D. R. I. (16 años) y N. J. D. R. (17 años), mientras que otros resultaron heridos.

El 23 de enero de 2.015 fue formulada la acusación contra los educadores señalados, a cargo de la Abg. Teresita Torres Molas del Ministerio Público, Unidad Fiscal Nº 1 de la ciudad de Itauguá.

La acusación fue acompañada por la querella adhesiva formulada desde la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy). Las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores, o reglas de Beijing, indican que el personal de los centros de atención de adolescentes no debe portar armas.

Desde el 2.004 existe una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que sanciona al Estado Paraguayo en el caso “Instituto de Reeducación del Menor Panchito López”, por violar los derechos a la vida, a la integridad personal, al debido proceso y a la protección judicial de aproximadamente 4.000 jóvenes que pasaron por dicho lugar entre 1.996 y 2.001, en razón de que el Estado no adoptó medidas especiales de protección que está obligado a tomar a favor de adolescentes privados de su libertad². El Panchito López contaba con capacidad para 15 internos, pero albergaba entre 200 y 300 al mismo tiempo; debido a esta condición, entre el 2.000 y el 2.001, durante 3 incendios, murieron un total de 12 adolescentes, y decenas resultaron heridos.

Imagen: Diario Última Hora


 

¹ http://www.hoy.com.py/nacionales/guardias-compran-balas-con-su-dinero-reconoce-ministerio

² https://www.facebook.com/notes/cdia-observa/comunicado-ante-gesti%C3%B3n-de-conflictos-dentro-del-centro-educativo-itaugu%C3%A1-y-ases/740676492620038