COMUNICADO: Violencia en Paraguay afecta a 6 de cada 10 niños y niñas anualmente

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Desde la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), red de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa, promoción, vigilancia y exigibilidad de los derechos de la niñez y la adolescencia en Paraguay, recordamos cuanto sigue:

Anualmente, 6 de cada 10 niños o niñas en el país ha sufrido algún tipo de violencia¹, principalmente perpetrado en su entorno más cercano. Los constantes hechos de violencia hacia la niñez y la adolescencia, y en particular hacia quienes se encuentran en situación de “criadazgo”, son prácticas que se constituyen en reflejos de la nuestra actual sociedad y de la normalización de la violencia en Paraguay, la cual es ejercida principalmente hacia las niñas en todas las formas terribles que se puedan dar.

En lo que se refiere al Criadazgo, debe ser identificado y reconocido como una de las peores formas de esclavitud en la actualidad, y que se constituye en una práctica socioeconómica que existe históricamente en el país. Esta forma moderna de esclavitud que consume la vida de cerca de 47.000 niñas, niños y adolescentes (NNA) en Paraguay². Ante la ausencia de un Sistema de Protección Social efectivo, acorrala a las personas, familias y comunidades en situación de pobreza, haciendo de ellas presa fácil de las redes criminales, como son las redes de trata de personas. La trata que afecta a niñas, niños y adolescentes, con fines de explotación laboral y sexual, sigue sumiendo a una gran parte de la población rural, indígena y suburbana.

Por su parte, el “Sistema Nacional de Protección y Promoción Integral a la Niñez y la Adolescencia” se encuentra descentralizado en sus competencias a nivel local, pero no en los recursos; por lo tanto no tiene capacidad para abordar las diversas situaciones de violencia en la que viven miles de niños, niñas y adolescentes en Paraguay. La violencia hacia la niñez y adolescencia no tiene clase social; es una práctica cultural aceptada en nuestro país, acompañada por el silencio criminal.

Por lo anterior, desde la CDIA solicitamos una vez más a las autoridades nacionales de los tres poderes del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- y a las autoridades locales (gobernaciones y municipios) con suma urgencia cuanto sigue:
1. ESTANDARIZAR la legislación nacional sobre las penas en actos de violencia hacia la niñez y la adolescencia.
2. AUMENTAR la inversión pública en el Sistema Nacional de Protección y Promoción Integral a la Niñez y la Adolescencia, en sus niveles nacional, departamental y local;
3. PROMOVER políticas públicas que tiendan a la prevención de la separación de niños y niñas de su entorno familiar.
4. FORTALECER las capacidades de los equipos técnicos de las CODENIS en todos los municipios del país, con mayor corresponsabilidad con la SNNA, y en coordinación con los gobiernos departamentales.
5. AGILIZAR las investigaciones y resoluciones de procesos judiciales de casos que involucran violencia hacia la niñez y la adolescencia.
6. GENERAR acciones concretas para la abolición de las prácticas de criadazgo en el Paraguay y dejar de lado la normalidad de la violencia en todas sus formas.

Recordamos que ante situaciones que pongan en riesgo la vida de niños, niñas y adolescentes, la ley debe aplicarse de forma irrestricta, a fin de equilibrar la profunda asimetría de los actos de violencia de personas adultas hacia la niñez y la adolescencia, no sólo en términos físicos sino también psicológicos. La responsabilidad ante lo que le suceda a una niña o niño víctima es absoluto cargo de la persona adulta, no se puede imputar responsabilidad alguna en las víctimas.

A un año de la muerte de Carolina Marín, adolescente en situación de criadazgo que fue asesinada en la ciudad de Vaquería, Caaguazú, reafirmamos nuestras voces para exigir una justicia imparcial y ejemplar.

¡Es tiempo de erradicar de manera urgente los actos de violencia hacia niñas, niños y adolescentes en el Paraguay!
¡Es tiempo de dejar el silencio!

Consejo Directivo
CDIA Paraguay

Contactos:
Maribel Mercado, Secretaría General – (0985) 523 938
Aníbal Cabrera Echeverría, Dirección Ejecutiva – (0971) 914 915


¹(2011) Estudio sobre maltrato infantil en el ámbito familiar. Paraguay – https://www.unicef.org/paraguay/spanish/py_resources_estudio_maltrato.pdf

²(2013) Encuesta Nacional de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes 2011: Magnitud y características del trabajo infantil y adolescente en el Paraguay – http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_22015/lang–es/index.htm

Posicionamiento conjunto ante la privación ilegítima de libertad hechos de tortura a una adolescente y no independencia de operadores de justicia (CDIA – Serpaj-Py)

Ante las situaciones de privación ilegítima de libertad, denuncia de torturas por parte de efectivos de seguridad del Estado, la desprotección constante de la niñez y la adolescencia en la zona norte del país y las injerencias de otros poderes del Estado en las actuaciones de la defensora publica María Inés Acosta Fernández; la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia – CDIA y el Servicio de Paz y Justicia – SERPAJ-Py, manifestamos cuanto sigue:

1. RECHAZAMOS de forma absoluta lo sucedido con una adolescente de 17 años, madre de dos niños (2 años y 9 meses respectivamente), detenida y presentada a los medios como apoyo logístico del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), junto con otras dos personas, en la zona de Kuruzu de Hierro, ciudad de Horqueta, departamento de Concepción.

2. APOYAMOS el accionar responsable de la Defensora Pública, María Inés Acosta Fernández, quien, en el ejercicio de su labor como defensa de la adolescente, denunció públicamente que la misma sufrió hechos de torturas por parte de militares (vestidos de particular). En dicho acto la misma expresa haber sido golpeada, luego le han colocado bolsa de plástico por la cabeza, como forma de asfixia; con la finalidad de indagar sobre el paradero de un familiar. También, relató la adolescente que le implantaron armas de fuego y otras pruebas.

3. SOLICITAMOS una investigación sobre la denuncia de la Defensora Pública, quien expresó que un funcionario de alto rango del Ministerio del Interior, le envió mensaje de texto que dice: “deje de apretar tanto, como defensa obstruye los trabajos del Ministerio Público”. Debe primar la independencia de los Poderes del Estado, más en los casos concernientes a las actuaciones de la justicia, de modo libre e imparcial.

4. REITERAMOS nuestra preocupación sobre militarización de la zona norte, lugar donde las FTC y el Ministerio Público generan zozobra en la población antes que prestar seguridad real; es la tercera adolescente en menos de dos años que es aprehendida como supuesto “apoyo logístico”, cuando deberían de aplicarse medidas de protección, dada sus edades.

5. REPUDIAMOS todo tipo de violencia ejercida desde grupos armados regulares e irregulares, que genera zozobras y amedrentamientos a la población que habitan los territorios del Norte.

6. NOS SOLIDARIZAMOS con las personas afectadas por todos estos hechos (secuestros, detenciones arbitrarias, persecuciones, represiones, asesinatos sin investigación, ejecuciones extrajudiciales, etc.)

7. RECORDAMOS que el artículo 38 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño¹ exhorta a los gobiernos a que tomen todas las medidas posibles a fin de velar para que ningún niño, niña o adolescente participe directamente en conflictos armados. El Protocolo Facultativo de Naciones Unidas sobre la participación de los niños en los conflictos armados² entró en vigor el 12 de febrero de 2002 y tiene como objetivo aumentar la protección de los niños, niñas y adolescentes durante los conflictos armados.

8. URGIMOS al Estado la aplicación del artículo 4 del protocolo facultativo que exige a los gobiernos adoptar todas las medidas posibles para impedir que grupos armados recluten y utilicen para sus fines a niños, niñas y adolescentes, cada Estado deberá tomar las medidas legales necesarias para prohibir y castigar esas prácticas.

9. EXIGIMOS que las autoridades nacionales de los tres Poderes del Estado y los operadores de justicia tomen las medidas urgentes para que este tipo de hechos cesen, como ser: a) La tipificación penal del acto de reclutamiento por grupos no estatales como delito; b) El reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes reclutados como víctimas junto con sus familias; c) La creación de programas especializados para la prevención, la protección y el restablecimiento de derechos y d) la ampliación de los planes, programas y proyectos que el Estado viene desarrollando tendientes a garantizar el ejercicio y goce efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

10. REALIZAREMOS una comunicación urgente a la Oficina del Alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sobre las actuaciones del Estado en estas situaciones manifestadas en el presente posicionamiento conjunto; tanto al Comité de Derechos del Niño/a, como a la Relatoría de Independencia de Magistrados y Abogados.

Como sociedad tenemos la responsabilidad de ser partes activas en la aplicación de los Protocolos Facultativos ratificados por nuestro Estado, especialmente en la exigibilidad y la vigilancia de su aplicación y en este caso en particular, el reclutamiento de adolescentes por grupos distintos a las Fuerzas Armadas es un fenómeno reiterado en la zona norte y que nos es reconocido ni abordado por el Estado, a pesar de que organizaciones como el Serpaj – Paraguay e integrantes de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, han venido advirtiendo que Paraguay debía tomar todas las medidas necesarias para evitar que este fenómeno se instale en el país.

Asunción, 25 de noviembre de 2.016.-

Contacto por el SERPAJ–Py:
Vidal Acevedo – (0971) 336 934

Contacto por la CDIA:
Maribel Mercado – (0985) 523 938

Comunicado disponible en PDF: https://goo.gl/zpv8IA


¹ NNUU / UNICEF, Convención de Derechos del Niño, ver en: http://www.unicef.es/infancia/derechos-del-nino/convencion-derechos-nino

² NNUU / UNICEF, Protocolo facultativo sobre la participación de los niños en los conflictos armados, ver en: http://www.unicef.org/spanish/crc/index_30203.html 

 

Comunicado: Nuevos métodos, el mismo arreo de siempre (Serpaj-Py y CDIA)

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

NUEVOS MÉTODOS, EL MISMO ARREO DE SIEMPRE

El Servicio Paz y Justicia Paraguay (Serpaj-Py) y la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), expresan su absoluto rechazo a la nueva estrategia de arreo de jóvenes para el Servicio Militar Obligatorio (SMO), implementada por la Dirección General de Reclutamiento, Reserva y Movilización (DIGERRMOV), dependiente de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), a través de la utilización de vehículos particulares, hecho denunciado en publicaciones periodísticas de la fecha¹; y manifestamos cuanto sigue:

1. El reclutamiento forzoso constituye una privación ilegítima de la libertad y abuso de autoridad, que se encuentra castigada en el Código Penal, estableciendo sanciones de hasta 5 años de cárcel. Su realización viola la Constitución Nacional (artículos 5, 9, 11, 12, 15, 16, 17 y 41); la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículos 9, 12 y 20); la Convención de Naciones Unidas de los Derechos del Niño (artículos 35 y 37) y su Protocolo Facultativo sobre la participación de los niños en los conflictos armados ; además del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas (artículos 9 y 17), instrumentos de Derecho Internacional firmados y ratificados por el Estado paraguayo.

2. Las FFAA nos demuestran que no respetan los derechos humanos ni sus actos se hallan enmarcados en el Estado de Derecho, dado que la utilización de manera discrecional de los recursos públicos no puede ser legitimada mediante una “orden particular”, como la emitida por el Director General de la DIGERRMOV, Gral. Div. Milciades Rojas Fleitas, el pasado 2 de marzo de 2016.

3. Es inaceptable la actividad denominada “servicio de inteligencia”, consistente en la provisión de combustible a vehículos particulares, confirmando nuevamente que las FF. AA. siguen siendo una institución sin control, con recurrentes casos de corrupción y manejo espurio de la cosa pública.

4. Solicitamos, a las autoridades competentes, iniciar una investigación inmediata sobre la ejecución presupuestaria en general y en particular del rubro 360, por parte del Ministerio de Defensa Nacional, para la adquisición de combustibles y lubricantes, que ha experimentado un incremento sustancial durante los últimos años.

5. Exigimos al Presidente de la República, señor Horacio Cartes, en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, su intervención para frenar cualquier tipo de arreo en todo el territorio nacional, así como disponer la investigación exhaustiva de estos hechos y el castigo a sus responsables.

Contactos para medios de prensa:
Vidal Acevedo, integrante de SERPAJ PY – (0971) 336 934
Aníbal Cabrera, Dirección Ejecutiva CDIA – (0971) 914 915


¹ Investigación periodística sobre el caso, ver en: http://www.ultimahora.com/ffaa-arrean-jovenes-el-servicio-militar-usando-vehiculos-particulares-n1009307.html

² Protocolo de NNUU sobre participación de NNA en conflictos armados, ver en: http://www.unicef.org/spanish/crc/index_30203.html

Aquí el Comunicado en PDF: https://goo.gl/ugCvUB

Comunicado: Posicionamiento público sobre el Caso #Curuguaty – ¡Es tiempo de liberar a la justicia!

POSICIONAMIENTO PÚBLICO SOBRE EL CASO #CURUGUATY
¡ES TIEMPO DE LIBERAR A LA JUSTICIA!

Desde la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA); DECIDAMOS – Campaña por la expresión ciudadana, y POJOAJU, Asociación de ONGs del Paraguay, coaliciones de diversas organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa, promoción, vigilancia y protección de los derechos humanos, la democracia y desarrollo en el Paraguay, en relación al fallo sobre el caso Curuguaty que condena a 11 campesinos, a sus familias, a sus comunidades y a toda nuestra sociedad, expresamos cuanto sigue:

1. HAN PASADO 4 AÑOS DESDE QUE OCURRIÓ UNA DE LAS PEORES MASACRES EN TIEMPOS DE PAZ Y DEMOCRACIA QUE HA VIVIDO NUESTRA SOCIEDAD. El 15 de junio de 2012, 17 personas (6 policías y 11 campesinos) fueron asesinadas durante una confusa intervención policial en un campo estatal ocupado por un grupo de labriegos; los campesinos, sujetos de la Reforma Agraria, reivindicaban sus derechos a la tierra¹, a una vida digna para ellos y sus familias.

2. DE UN MODO ABSOLUTAMENTE PARCIAL, LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO/MINISTERIO PÚBLICO, HA REALIZADO LAS INVESTIGACIONES SOBRE LOS HECHOS; extrañamente solo desde la perspectiva de aclarar la muerte de los 6 oficiales de la policía; no así, de los 11 campesinos, de los cuales existen indicios de que al menos 5 de ellos hayan sido ejecutados de modo extrajudicial². Es imposible pensar que 50 personas, entre ellas mujeres, niños, niñas y adolescentes, puedan llevar adelante una emboscada a 324 efectivos de la Policía Nacional.

3. HAN SIDO CONDENADOS 11 CAMPESINOS (HOMBRES Y MUJERES) A UN TOTAL DE 125 AÑOS DE CÁRCEL, A NUESTRO ENTENDER EN AUSENCIA DE PRUEBAS Y MANIPULACIONES DE LAS EVIDENCIAS DEL CASO, por unanimidad del Tribunal de Sentencias en fecha 11 de junio de 2016, conformado por los jueces: Ramón Trinidad Zelaya, Benito González y Samuel Silvero; dando por probada la acusación sustentada por los fiscales Liliana Alcaraz, Nelson Ruiz y Leonardi Guerrero, por los supuestos delitos de: homicidio doloso agravado consumado y homicidio doloso en grado de tentativa acabada, además de asociación criminal e invasión de inmueble ajeno.

4. NO HAN EXISTIDO LAS GARANTÍAS DE UN DEBIDO PROCESO, UNA INVESTIGACIÓN IMPARCIAL Y UN JUICIO JUSTO, que brinden seguridad jurídica y paz a las familias, tanto de los policías como de los campesinos, y toda la sociedad paraguaya. Es necesario aclarar los hechos del 15 de junio de 2012; y que sean tomadas medidas de no repetición en futuros casos de intervención policial en comunidades rurales, donde las vulneraciones de derechos son más evidentes en niños, niñas y adolescentes.

5. ADVERTIMOS al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que la deficiente gestión en las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado y el actuar parcial del Tribunal de Sentencias, hacen pasible al Estado paraguayo a denuncias ante el sistema de justicia interamericano (CIDH/OEA) y el sistema de justicia universal (NNUU), con consecuencias de fuertes sanciones; esta situación debe ser atendida con la debida seriedad por las autoridades nacionales y toda la ciudadanía.

CDIA – DECIDAMOS, Campaña por la expresión ciudadana – POJOAJU

Asunción, 18 de julio de 2016

Contacto:
Raúl Monte Domecq, Comisión Directiva POJOAJU
(0981) 433 555

Aníbal Cabrera Echeverría, Dirección Ejecutiva CDIA
(0971) 914 915

Fernando Rojas, Coordinador de Enlace DECIDAMOS
(0971) 377 060


¹ Informe de CODEHUPY sobre el caso, ver en: http://quepasoencuruguaty.org/informe-ddhh-caso-marina-kue/

² Definición de ejecuciones extrajudiciales, ver en: http://www.meves.org.py/?node=page,66&meves=guided,605,0#

Aquí el comunicado en PDF: https://goo.gl/gU4oEy

Comunicado sobre movilización estudiantil de mayo 2016 en Paraguay

 

Asunción, 04 de mayo de 2016

COMUNICADO SOBRE MOVILIZACIÓN ESTUDIANTIL

DE MAYO DE 2016 EN PARAGUAY

Desde la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), red de 35 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa, promoción, vigilancia y protección de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia en el Paraguay, teniendo en cuenta las movilizaciones del sector estudiantil de la educación media (secundaria), manifestamos cuanto sigue:

 

1-. ENTENDEMOS QUE LA ACTUAL CRISIS EDUCATIVA ES SOLO UN SÍNTOMA DEL PROBLEMA ESTRUCTURAL POR EL CUAL ATRAVIESA NUESTRO PAÍS, que no ha logrado ser atendido de manera integral por este gobierno ni por los anteriores; situación que va más allá de los actos de corrupción constantemente denunciados, que guarda relación con las falencias del modelo de gestión educativa y del mismo Estado. Los reclamos estudiantiles deben ser escuchados y atendidos con mucha más solvencia y seriedad.

 

2-. REPUDIAMOS ENÉRGICAMENTE LA PRESENCIA DE LA POLICÍA NACIONAL, DE ANTIMOTINES Y DE LA FISCALÍA, COMO MECANISMO DE AMEDENTRAMIENTO A HACIA LOS Y LAS ADOLESCENTES. En la era democrática esta práctica resulta inadmisible y nos remite a prácticas dictatoriales, donde estos órganos del Estado simplemente cumplen un rol persecutor y represivo. Nuestra Constitución Nacional, entre otras normativas, claramente establece el rol del Estado en lo que refiere a la protección de la niñez y la adolescencia ante todo tipo de violencia, debiendo ser, en todo momento, garante de derechos.

 

3-. INSTAMOS A LOS TRES PODERES DEL ESTADO A TENER UNA LECTURA MÁS SINCERA Y REAL SOBRE EL CONTEXTO NACIONAL, convocando a todos los sectores de la sociedad a dialogar sobre una agenda de prioridades país, lo cual puede facilitar la implementación de acciones que redunden en el bienestar de toda la población, principalmente de aquellos históricamente excluidos y vulnerados.

 

4-. RECORDAMOS QUE EL PARAGUAY SE HA COMPROMETIDO A PROMOVER LA PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, en la Convención de las NN.UU. sobre los derechos de la niñez y el Código de la Niñez y la Adolescencia, que implica reconocerlos como CIUDADANOS, sujetos de derechos con capacidad de informarse, opinar, expresarse y organizarse, siendo debidamente tenidos en cuenta en los espacios de tomas de decisiones que los afecten directa o indirectamente, tanto en el ámbito privado (sus familias) como en el ámbito público (escuelas, comunidades, etc.).

 

5-. Finalmente, INVITAMOS A LA CIUDADANÍA, A LAS ORGANIZACIONES Y A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, A ACOMPAÑAR LAS MOVILIZACIONES, respetando los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, desde el rol social que nos corresponde, el de personas adultas respetuosas de todas las voces y formas de expresión que existen en nuestra sociedad, dejando de lado actitudes mezquinas y autoritarias, que poco contribuyen en la construcción de una sociedad democrática, justa y equitativa.

 

Consejo Directivo

CDIA Paraguay

Contactos:

Aníbal Cabrera Echeverría – (0991) 214 215

Maribel Mercado – (0985) 523 938


Descargue aquí la versión PDF: https://goo.gl/VIOY9c