Posicionamiento público de la CDIA sobre el incendio en el Centro Educativo de CDE y la situación de los y las adolescentes privados de libertad en Paraguay

Ante los hechos acontecidos en la mañana del 13 de septiembre de 2017, cuando un grupo de adolescentes privados de libertad realizaron una protesta por las malas condiciones de vida y malos tratos al interior del “Centro Educativo” de Ciudad del Este (Dpto. de Alto Paraná, Paraguay); que derivó en un incendio, con 14 adolescentes afectados por humo y el fuego [1], y la posterior muerte de uno de ellos [2], de un total de 42 adolescentes presentes en el lugar; manifestamos cuanto sigue:

  1. Solidaridad con los adolescentes afectados por la tragedia y sus familias, todas ellas víctimas de un modelo de desarrollo excluyente que genera violencia estructural, y normaliza el mal trato, condiciones de vida inhumanas e incluso las torturas.
  2. Preocupación por las constantes situaciones de protestas y fugas en los mal llamados “Centros Educativos”, a cargo del Ministerio de Justicia dependiente del Poder Ejecutivo, cuyas autoridades principales y funcionarios públicos no prestan el debido cuidado y protección que requieren los y las adolescentes privados de libertad, que es responsabilidad del Estado paraguayo.
  3. Recordamos que en septiembre de 2004, hace 16 años, el Estado paraguayo fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la violación los derechos humanos de más de 4.000 adolescente privados de libertad en el Instituto de Reeducación del Menor “Panchito López” [3]; entre estas violaciones se encuentra la muerte de 12 adolescentes en un incendio en el año 2001. El Paraguay asumió el compromiso internacional de aplicar medidas de no repetición ante estos hechos.
  4. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), tras su visita de seguimiento en 2016 recomendó [4]“solicitar una inspección de los extintores de incendio […] y desarrollar las acciones pertinentes para que los mismos estén en condiciones para ser utilizados”, y “elaborar un plan de evacuación para casos de incendio y otros siniestros”.
  5. En su mayoría los y las adolescentes en privación de libertad no cuentan con un proceso judicial justo y de acuerdo a su contexto y desarrollo biosicosocial. El acceso a la justicia no está garantizado de modo adecuado, tiene un alto sesgo punitivo antes que educativo y de reinserción, dado que el modelo de justicia restaurativa no es aplicado a cabalidad por los y las operadores de justicia, debido a la baja especialización de estos.

Las diversas situaciones que viven los y las adolescentes en privación de libertad, son responsabilidad del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pues existe una deuda histórica del Estado paraguayo hacia el acceso a la justicia de este grupo de población, al no destinar los recursos necesarios que permitan un abordaje integral. Es tiempo de dejar de lado las excusas y cumplir en su totalidad la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en temas de justicia penal adolescente.

 

Asunción, 15 de septiembre de 2017

 

Consejo Directivo

CDIA Paraguay

 

Contactos:

Aníbal Cabrera – (0971) 914 915

Miguel Fleitas – (0961) 490 995


[1] Motín e incendio en correccional de menores del Este deja 14 heridos. Ver en: http://www.abc.com.py/edicion-impresa/judiciales-y-policiales/motin-e-incendio-en-correccional-de-menores-del-este-dejan-14-heridos-1631663.html

[2] Muere adolescente quemado en un motín en CDE y cuatro están graves. Ver en: http://www.ultimahora.com/muere-adolescente-quemado-un-motin-cde-y-cuatro-estan-graves-n1107956.html

[3] Caso Panchito vs. Paraguay, Corte Interamericana de DH. Sentencia del 02 de septiembre de 2004. Ver en:  http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=221&lang=e

[4] Informes de visitas de seguimiento del MNP al Centro Educativo de CDE en 2016. Ver en: http://www.mnp.gov.py/index.php/repository/informes-de-monitoreo-y-seguimiento/centros-educativos/func-startdown/230/

Juicio sobre adolescentes asesinados en el CEI fue postergado por el Tribunal

El Presidente interino del Tribunal de Sentencia de Luque, Hugo Villasanti, mediante una providencia, aplazó el juicio oral y público de la Causa Nº 934/14: “Ignacio Franco Fernández y otros s/ homicidio doloso”, relacionada a la muerte de dos adolescentes varones durante un motín en el Centro Educativo de Itauguá (CEI), el 21 abril de 2.014¹. De esta forma el juicio, cuyo inicio estaba fijado para el pasado viernes 9 de diciembre, no cuenta con una nueva fecha para su realización.

El aplazamiento estuvo fundado en un pedido formulado por la defensa, de acceder a las grabaciones del circuito cerrado del CEI en la fecha de los hechos, y otros pedidos de las partes, sobre pruebas que no han sido incluidas al expediente. Por su parte, la defensa también ha solicitado la nulidad del proceso, mediante un incidente presentado ante el Tribunal.

El Tribunal de Sentencia está originalmente compuesto por Alicia Orrego Pérez, en calidad de presidenta y actualmente con permiso, acompañada por Lilian Rosaura Flores y Rubén Morínigo, en calidad de miembros.

Antecedentes

El 21 de abril del 2.014, varios adolescentes recluidos en el CEI habrían iniciaron una acción de protesta en reclamo a constantes situaciones de maltratos físicos y verbales, mala calidad de la alimentación, falta de insumos básicos; con el objetivo de llamar la atención de los funcionarios administrativos del CEI, habrían quemado colchones en el interior de sus pabellones.

Cuando ya la tensión había disminuido, varios guardias o educadores, entre ellos los acusados (Juan Carlos Saucedo, Ignacio Franco Fernández y Adrián Jara), se habrían acercado hasta el pabellón 3B del CEI, donde habrían realizado disparos con armas de fuego, a quemarropa, hacia el interior del pabellón en el cual se hallaban más de una veintena de adolescentes. Como consecuencia de dicha acción, fallecieron los adolescentes F. D. R. I. (16 años) y N. J. D. R. (17 años), mientras que otros resultaron heridos.

El 23 de enero de 2.015 fue formulada la acusación contra los educadores señalados, a cargo de la Abg. Teresita Torres Molas del Ministerio Público, Unidad Fiscal Nº 1 de la ciudad de Itauguá.

La acusación fue acompañada por la querella adhesiva formulada desde la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy). Las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores, o reglas de Beijing, indican que el personal de los centros de atención de adolescentes no debe portar armas.

Desde el 2.004 existe una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que sanciona al Estado Paraguayo en el caso “Instituto de Reeducación del Menor Panchito López”, por violar los derechos a la vida, a la integridad personal, al debido proceso y a la protección judicial de aproximadamente 4.000 jóvenes que pasaron por dicho lugar entre 1.996 y 2.001, en razón de que el Estado no adoptó medidas especiales de protección que está obligado a tomar a favor de adolescentes privados de su libertad². El Panchito López contaba con capacidad para 15 internos, pero albergaba entre 200 y 300 al mismo tiempo; debido a esta condición, entre el 2.000 y el 2.001, durante 3 incendios, murieron un total de 12 adolescentes, y decenas resultaron heridos.

Imagen: Diario Última Hora


 

¹ http://www.hoy.com.py/nacionales/guardias-compran-balas-con-su-dinero-reconoce-ministerio

² https://www.facebook.com/notes/cdia-observa/comunicado-ante-gesti%C3%B3n-de-conflictos-dentro-del-centro-educativo-itaugu%C3%A1-y-ases/740676492620038