Caso Curuguaty: CODEHUPY presentó pedido de suspensión de juicio a adolescente Raquel previsto para el 26 de junio

Martes 24 de junio del 2014

En la mañana de hoy, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), integrada por 36 redes y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos, y que constituye el Capítulo paraguayo de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), presentó ante el Tribunal de Sentencia de Salto del Guairá un pedido de suspensión del juicio oral a la adolescente Raquel, procesada en el caso Curuguaty, cuya defensa es ejercida por la CODEHUPY a través de las abogadas María José Durán y Mirta Moragas. El juicio está previsto para el 26 de junio al 11 de julio de este año.

El pedido se sustenta en el hecho de que el Tribunal de Sentencia aún no ha resuelto dos incidentes presentados por la CODEHUPY el 10 de abril pasado: 1) un incidente de nulidad, a través del cual se peticiona la nulidad del proceso contra la adolescente, teniendo en cuenta que se omitió la realización del examen psicosocial a la misma, el cual constituye una diligencia de obligatoria realización. Así, al haberse violado las reglas especiales del procedimiento penal adolescente, corresponde que el Tribunal de Sentencia declare la nulidad de todo lo actuado, y en la práctica ello generará la no realización definitiva del juicio a la adolescente; 2) un incidente de prejudicialidad, el cual guarda relación con uno de los hechos punibles por los que está acusada la adolescente Raquel, que es invasión de inmueble ajeno. En tal sentido, y considerando que hasta el momento existen procesos judiciales abiertos en relación a la titularidad de las tierras donde sucedieron los hechos del 15 de junio de 2012, corresponde en primer lugar que culminen dichos procesos y luego de ello definir si la misma podrá ser juzgada por el citado hecho punible. De resolverse en tales procesos que las tierras pertenecen al Estado paraguayo, entonces la adolescente Raquel no podrá ser juzgada por invasión de inmueble ajeno.

Desde el principio del debido proceso y de acuerdo a otros aspectos legales, el juicio no puede realizarse mientras no se resuelvan ambos incidentes presentados. Al mismo tiempo de solicitar la suspensión del juicio a la adolescente Raquel, la CODEHUPY también urgió al Tribunal la resolución de ambos incidentes presentados.

Para más información:

· Enrique Gauto Bozzano (Secretario Ejecutivo CODEHUPY): 0971 – 365 000

· Abog. María José Durán (CODEHUPY): 0961 – 880 447

Fuente: http://www.codehupy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=265:caso-curuguaty-codehupy-presento-pedido-de-suspension-de-juicio-a-adolescente-raquel-previsto-para-el-26-de-junio

Comunicado de la CDIA ante la 44ª Asamblea de la OEA

La Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), red de 32 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa, promoción, protección y vigilancia de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes del Paraguay, en el marco de la 44ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) desarrollada en nuestro país del 2 al 5 de junio, manifiesta cuanto sigue:

– TOMAMOS el tema de la Asamblea “Desarrollo con inclusión social” como principal eje orientador de las discusiones a llevarse adelante dentro de tan importante espacio, INSTANDO a los tomadores de decisiones a entender que desarrollo no solo refiere al progreso económico, sino también crecimiento dentro de los diferentes aspectos que hacen a sociedades justas y democráticas, y que la inclusión social debe darse para todos y todas, sin ningún tipo de discriminación ni condicionamiento, con un respeto irrestricto a todos los derechos humanos.

– INVITAMOS a los Estados Partes a incluir en sus agendas de trabajo, así como en los Objetivos Post 2015 de las Naciones Unidas, la protección de la niñez y la adolescencia ante todo tipo de violencia, quienes se han definido no como “el futuro”, sino como “el presente”, en virtud de su derecho a la participación protagónica, que debe ser promovido y defendido. Así mismo, LAMENTAMOS las constantes violaciones a los derechos humanos y actos de violencia contra los sectores empobrecidos, pueblos originarios y campesinos, una constante a nivel mundial que debe detenerse.

– NOS PREOCUPA los reiterados intentos por bajar la edad de imputabilidad, que busca criminalizar a los niños, niñas y adolescentes a través de un Sistema Penal Juvenil que en la actualidad no cumple con los estándares jurídicos establecidos en los diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos, respecto a los derechos de los adolescentes que se encuentran dentro del mismo. En relación a esto, recordamos que la privación de libertad siempre debe ser el último recurso, que toda medida adoptada debe garantizar la inserción familiar y social de los adolescentes, resguardando siempre su desarrollo personal en los ámbitos cognitivo, emocional y social.

– EXIGIMOS a los Estados Partes la Ratificación de la Convención Interamericana contra el racismo y la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Niñas, niños y adolescentes son vulnerables a diario ante casos de discriminación por raza, etnia, discapacidad, edad, clase, sexo, género, religión, entre otros y actualmente el país no cuenta con mecanismos legales que protejan a los mismos ante dichas situaciones. La ratificación de ambas convenciones otorgará el marco legal para la actuación en situaciones concretas relacionadas a estos tipos de vulneraciones.

– A nivel nacional, RECORDAMOS al presidente Horacio Cartes el compromiso firmado para con la infancia y la adolescencia a través de los “20 Compromisos para mejorar la cantidad y la eficiencia de la inversión en la Niñez y la Adolescencia”, ratificado al momento de su asunción. El Estado paraguayo no puede ni debe continuar desatendiendo a las niñas, niños y adolescentes, y debe asumir su rol como miembro de la Comunidad Internacional, garantizando una mejor calidad de vida a los mismos, con políticas sostenibles en el tiempo.

Asunción, 2 de Junio de 2014

Encuentro “Acogimiento Familiar” y resultados de investigaciones

El Encuentro “Acogimiento Familiar como medida alternativa a la institucionalización”, fue realizado el pasado jueves 22 de mayo, en el Centro Cultural de la República “El Cabildo”.

Durante el mismo, fueron presentados los resultados del “Estudio sobre la situación de los procesos judiciales de niños y niñas separados de sus familias”, investigación llevada adelante por las organizaciones Fundación Corazones por la Infancia y Enfoque Niñez, integrantes de la CDIA. Estos arrojan que, como principal señalamiento, la dilación o demora de los procesos se dan a raíz del incumplimiento de los plazos establecidos en el Código de la Niñez y la Adolescencia y en la Ley de Adopciones Nº 1136/97.

Así mismo, fue presentado el Informe “El derecho del niño y la niña a la familia. Cuidado alternativo. Poniendo fin a la institucionalización en las Américas”, por parte de la Sra. Rosa María Ortiz, Relatora de Derechos del Niño de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Por su parte, la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA) expuso sobre las temáticas “Política Nacional de Protección Especial” y “La Vulneración de Derechos, Una Responsabilidad Compartida”, presentadas por el Ministro-Secretario Ejecutivo, Abog. Carlos Zárate y el Director de Gabinete, Abog. Ricardo González Borgne, respectivamente.

El objetivo principal del encuentro temático sobre Acogimiento Familiar fue la identificación del estado actual de las medidas cautelares de protección en relación a niños y niñas separados de sus familias.

La actividad, organizada por la CDIA y la SNNA, contó con la presencia de representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Centro de Adopciones, Codenis y organizaciones de la sociedad civil.

COMUNICADO ante gestión de conflictos dentro del Centro Educativo Itauguá y asesinato a dos adolescentes

 

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

 

La Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), expresa su preocupación por la gestión de conflictos al interior del “Centro Educativo Itauguá”, que derivó con el asesinato de dos adolescentes, y varios heridos, por lo cual:

– NOS SOLIDARIZAMOS con las familias de los adolescentes que resultaron víctimas fatales (FDRI y NJDR, ambos de 16 años) y con los heridos, ante los hechos acontecidos el día de ayer en el “centro educativo” de Itauguá, y REPUDIAMOS estos hechos de violencia y especialmente la pérdida de vidas humanas.

– RECORDAMOS que el Ministerio de Justicia, en representación del Estado Paraguayo, es garante de los derechos de las personas privadas de libertad y tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de los internos y para prevenir diligentemente situaciones de riesgo que, como en este caso, amenacen y violen gravemente los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, caso contrario es responsable de cualquier vulneración de derechos que sufran las personas que están bajo su tutela y protección.

– OBSERVAMOS con mucha preocupación que la situación actual del Centro Educativo Itauguá, caracterizada por el hacinamiento, la falta de infraestructura adecuada, de sanidad y acceso a cuidados médicos y psicológicos, la falta de personal idóneo y capacitado, así como la ausencia de supervisión judicial y de proyectos específicos destinados a la rehabilitación y reinserción de los internos, entre otras, constituyen factores determinantes en los hechos acontecidos ayer, y en otros que pudieran ocurrir a futuro.

– EXISTE desde el 2.004 una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que enfrenta el Estado Paraguayo en el caso “Instituto de Reeducación del Menor Panchito López”, por violar los derechos a la vida, a la integridad personal, al debido proceso y a la protección judicial de aproximadamente 4.000 jóvenes que pasaron por dicho lugar entre 1.996 y 2.001, en razón de que el Estado no adoptó medidas especiales de protección que está obligado a tomar a favor de adolescentes privados de su libertad, por lo que lamentamos nuevamente la pérdida de vidas paraguayas en instituciones del Estado.

– REITERAMOS que la privación de libertad de adolescentes constituye una medida de último recurso que en caso de ser necesaria debe imponerse por el tiempo más breve que proceda. Además, debe estar encaminada de manera integral a permitir la resocialización del adolescente. En ese sentido, la posición especial de garante frente a adolescentes privados de libertad implica la adopción de medidas especiales para lograr tal finalidad y debe ser asumida por el Estado con particular cuidado y responsabilidad, tomando en consideración el principio del interés superior del niño.

– URGIMOS al Ministerio de Justicia que en cumplimiento de su deber de garantía, arbitre las medidas necesarias tendientes a prevenir con mayor intensidad situaciones de riesgo que pudieran conducir a la violación de derechos de adolescentes privados de libertad y que se encuentran bajo su protección.

– EXIGIMOS a los tres Poderes del Estado que los hechos acontecidos sean investigados con la debida diligencia y que los responsables sean sancionados, sin discriminación de que estos sean funcionarios administrativos o autoridades políticas, que por acción u omisión tuvieron responsabilidad en el lamentable acontecimiento ocurrido. Estas investigaciones deben estar orientadas, además, a la identificación de las causas de los hechos de violencia y la búsqueda de respuesta efectivas para evitar su repetición y buscar una solución de fondo al problema estructural que padece el Sistema Penal Juvenil en el Paraguay.

 

Consejo Directivo

CDIA

Contactos: 

Dirección Ejecutiva CDIA – Raquel Fernández (0981 481 960)

Consejo Directivo CDIA –  Soledad Cáceres  (0981 219 943)

 

Asunción, 22 de abril de 2014

El juicio del caso Curuguaty es un “circo montado para condenar a todos”, afirma abogada

Mirta Moragas, una de las abogadas defensoras de RRVO, rechaza que tribunal no especializado en temas de niñez y adolescencia juzgue a joven que en el momento de producirse la masacre de Curuguaty era menor de edad.

 

Moragas rechazó en primer lugar que el juicio de RRVO –acusada de invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y homicidio doloso en grado de complicidad– se realice de manera paralela al juicio de los adultos y con la intervención del mismo tribunal. Esto luego de que el juicio de la joven, inicialmente programado para el 21 de abril, fuera pospuesto para el 26 de junio, el mismo día en que serán juzgados los adultos.

 

“No puede ser que el mismo tribunal juzgue a la vez a los adultos y adolescentes, primero a la mañana y luego a la tarde. Esto es un desconocimiento del derecho adolescente”, expresó. El tribunal está conformado por Benito Ramón González, Ramón Trinidad Zelaya y Carlos Alberto Martínez, ninguno de los cuales es competente en derecho de la niñez y la adolescencia.

 

El juicio es un “circo montado para condenar a todos”, denunció la defensora al mencionar que ninguno de los jueces pertenece al fuero de la adolescencia.  Añadió que esta es una de las tantas irregularidades, ya que no se aplicará el criterio de especialidad que corresponde a los adolescentes según el sistema garantista paraguayo.

 

Incidentes

 

La abogada también recordó que el pasado 10 de abril presentaron dos incidentes contra el proceso. Primero, el de la prejudicialidad, mediante el cual se plantea que el juicio no puede seguir mientras no se resuelva a quién pertenecen las tierras. Esto debido a que si las tierras son públicas quedan invalidados los cargos de invasión de inmueble y asociación criminal.

 

Mediante el segundo incidente se pide la nulidad de todo el proceso, pues la adolescente nunca fue sometida a un test sicosocial que determine el grado de madurez en que se encontraba al momento en que ocurrieron los hechos que se le atribuyen cuando contaba con 16 años de edad, un requisito para determinar la reprochabilidad en el derecho adolescente.

 

“El Estado no puede decir dos años después que la adolescente es culpable sin saber cómo se encontraba en ese momento. Sin el test sicosocial todo el proceso es nulo”, explicó.

 

Esta desidia procesal fue atribuida por Moragas a las defensoras públicas Rut Contrera e Inés Estigarribia, quienes dejaron en total estado de indefensión a la adolescente e incluso actuaron a modo de fiscalas acusadoras.

 

RRVO está acusada de invasión de inmueble, asociación criminal y homicidio doloso en grado de complicidad. El fiscal Jalil Rachid la acusa de haberse mostrado con su hijo en brazos para generar un ambiente de confianza y tomar desprevenidos a los policías con el fin de realizar una emboscada. Rachid sustenta su teoría en que al llegar al llamado “punto cero”, Rubén Villalba hizo un gesto a la joven para que se retirara una vez lista la celada.

 

Fuente: Ea Periódico de Interpretación y Análisis, Lunes 21 de abril del 2014 – http://ea.com.py/el-juicio-del-caso-curuguaty-es-un-circo-montado-para-condenar-a-todos-afirma-abogada/