Posicionamiento público sobre la necesidad de contar con una Educación Integral de la Sexualidad en el sistema educativo nacional de Paraguay

En Paraguay cada día nacen dos bebés de niñas de entre 10 y 14 años de edad, todas han sido víctimas de abusos sexuales por parte de personas adultas; es urgente tener un diálogo social y político serio como sociedad para poner fin a la violencia hacia la niñez y la adolescencia – en todas sus formas -, junto con la importancia de tener las herramientas pedagógicas necesarias para la prevención, mecanismos de autocuidado y protección de las niñas y los niños en Paraguay.

Ante el sesgado actuar sobre el tema por parte de las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), las organizaciones de derechos humanos firmantes, recordamos que:

1. El artículo 73 de la Constitución Nacional, señala como uno de los fines de la educación el de “eliminar los contenidos educativos de carácter discriminatorio”; y el artículo 14 del Código de la Niñez y la Adolescencia, señala que “el Estado, con la activa participación de la sociedad y especialmente la de los padres y familiares, garantizará servicios y programas de salud y educación sexual integral del niño y del adolescente, que tiene derecho a ser informado y educado de acuerdo con su desarrollo, a su cultura y valores familiares”.

2. Las acciones del MEC deben orientarse hacia la profundización de las causas e implicancias sociales y culturales que subyacen en la normalización de la violencia hacia la niñez y el abuso sexual en nuestra sociedad, tomando medidas educativas sobre una base científica y con enfoque de derechos humanos, que permitan brindar herramientas según del desarrollo evolutivo de cada niñas y niño.

3. La importancia de promover y sostener espacios de diálogos entre diferentes sectores de la sociedad acerca de las cuestiones complejas que enfrentamos como país; fomentando la vigencia de los derechos humanos, en el marco de la institucionalidad democrática y la garantía de una convivencia diversa por medio de un Estado laico.

4. Es prioritaria una educación de calidad, pública, laica, diversa y democrática, sustentada en la carta de principios de los derechos humanos. Erradicando así todas las formas de violencias, exclusión y discriminación a las personas que habitan el territorio nacional.

5. Las políticas públicas nacionales no pueden hacer coro fácil a discursos de odio que no reconocen la dignidad intrínseca de toda persona, convirtiéndose así en una herramienta de poder que pone obstáculos para la realización cotidiana de los derechos humanos.

6. La función clave de la educación es la tarea de la ampliación progresiva de la cultura de derechos humanos en nuestra sociedad, es necesario generar una propuesta de educación integral de la sexualidad, sobre una base científica y con enfoque de derechos humanos.

El derecho a la educación no es un derecho a cualquier educación, menos sesgada por valores propios del ámbito privado o basadas en creencias no científicas; y no puede definirse por criterios personales de ninguna autoridad, y más si los mismos no están en consonancia con la Constitución Nacional. El ocultar materiales educativos no modifica la realidad ni esconde la situación de la niñez y la adolescencia en Paraguay. Es tiempo de romper el oscurantismo en la educación paraguaya.

Contactos:

Aníbal Cabrera, CDIA. 0971 914915
Óscar Ayala, CODEHUPY. 0971 284292
Cristina Coronel, Serpaj Paraguay. 0981 516033

cdia-serpaj-codehupy

Posicionamiento conjunto ante la privación ilegítima de libertad hechos de tortura a una adolescente y no independencia de operadores de justicia (CDIA – Serpaj-Py)

Ante las situaciones de privación ilegítima de libertad, denuncia de torturas por parte de efectivos de seguridad del Estado, la desprotección constante de la niñez y la adolescencia en la zona norte del país y las injerencias de otros poderes del Estado en las actuaciones de la defensora publica María Inés Acosta Fernández; la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia – CDIA y el Servicio de Paz y Justicia – SERPAJ-Py, manifestamos cuanto sigue:

1. RECHAZAMOS de forma absoluta lo sucedido con una adolescente de 17 años, madre de dos niños (2 años y 9 meses respectivamente), detenida y presentada a los medios como apoyo logístico del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), junto con otras dos personas, en la zona de Kuruzu de Hierro, ciudad de Horqueta, departamento de Concepción.

2. APOYAMOS el accionar responsable de la Defensora Pública, María Inés Acosta Fernández, quien, en el ejercicio de su labor como defensa de la adolescente, denunció públicamente que la misma sufrió hechos de torturas por parte de militares (vestidos de particular). En dicho acto la misma expresa haber sido golpeada, luego le han colocado bolsa de plástico por la cabeza, como forma de asfixia; con la finalidad de indagar sobre el paradero de un familiar. También, relató la adolescente que le implantaron armas de fuego y otras pruebas.

3. SOLICITAMOS una investigación sobre la denuncia de la Defensora Pública, quien expresó que un funcionario de alto rango del Ministerio del Interior, le envió mensaje de texto que dice: “deje de apretar tanto, como defensa obstruye los trabajos del Ministerio Público”. Debe primar la independencia de los Poderes del Estado, más en los casos concernientes a las actuaciones de la justicia, de modo libre e imparcial.

4. REITERAMOS nuestra preocupación sobre militarización de la zona norte, lugar donde las FTC y el Ministerio Público generan zozobra en la población antes que prestar seguridad real; es la tercera adolescente en menos de dos años que es aprehendida como supuesto “apoyo logístico”, cuando deberían de aplicarse medidas de protección, dada sus edades.

5. REPUDIAMOS todo tipo de violencia ejercida desde grupos armados regulares e irregulares, que genera zozobras y amedrentamientos a la población que habitan los territorios del Norte.

6. NOS SOLIDARIZAMOS con las personas afectadas por todos estos hechos (secuestros, detenciones arbitrarias, persecuciones, represiones, asesinatos sin investigación, ejecuciones extrajudiciales, etc.)

7. RECORDAMOS que el artículo 38 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño¹ exhorta a los gobiernos a que tomen todas las medidas posibles a fin de velar para que ningún niño, niña o adolescente participe directamente en conflictos armados. El Protocolo Facultativo de Naciones Unidas sobre la participación de los niños en los conflictos armados² entró en vigor el 12 de febrero de 2002 y tiene como objetivo aumentar la protección de los niños, niñas y adolescentes durante los conflictos armados.

8. URGIMOS al Estado la aplicación del artículo 4 del protocolo facultativo que exige a los gobiernos adoptar todas las medidas posibles para impedir que grupos armados recluten y utilicen para sus fines a niños, niñas y adolescentes, cada Estado deberá tomar las medidas legales necesarias para prohibir y castigar esas prácticas.

9. EXIGIMOS que las autoridades nacionales de los tres Poderes del Estado y los operadores de justicia tomen las medidas urgentes para que este tipo de hechos cesen, como ser: a) La tipificación penal del acto de reclutamiento por grupos no estatales como delito; b) El reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes reclutados como víctimas junto con sus familias; c) La creación de programas especializados para la prevención, la protección y el restablecimiento de derechos y d) la ampliación de los planes, programas y proyectos que el Estado viene desarrollando tendientes a garantizar el ejercicio y goce efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

10. REALIZAREMOS una comunicación urgente a la Oficina del Alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sobre las actuaciones del Estado en estas situaciones manifestadas en el presente posicionamiento conjunto; tanto al Comité de Derechos del Niño/a, como a la Relatoría de Independencia de Magistrados y Abogados.

Como sociedad tenemos la responsabilidad de ser partes activas en la aplicación de los Protocolos Facultativos ratificados por nuestro Estado, especialmente en la exigibilidad y la vigilancia de su aplicación y en este caso en particular, el reclutamiento de adolescentes por grupos distintos a las Fuerzas Armadas es un fenómeno reiterado en la zona norte y que nos es reconocido ni abordado por el Estado, a pesar de que organizaciones como el Serpaj – Paraguay e integrantes de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, han venido advirtiendo que Paraguay debía tomar todas las medidas necesarias para evitar que este fenómeno se instale en el país.

Asunción, 25 de noviembre de 2.016.-

Contacto por el SERPAJ–Py:
Vidal Acevedo – (0971) 336 934

Contacto por la CDIA:
Maribel Mercado – (0985) 523 938

Comunicado disponible en PDF: https://goo.gl/zpv8IA


¹ NNUU / UNICEF, Convención de Derechos del Niño, ver en: http://www.unicef.es/infancia/derechos-del-nino/convencion-derechos-nino

² NNUU / UNICEF, Protocolo facultativo sobre la participación de los niños en los conflictos armados, ver en: http://www.unicef.org/spanish/crc/index_30203.html 

 

Comunicado: Ante el atentado criminal en Arroyito, Concepción (Serpaj-Py, CDIA y Pojoaju)

El Servicio Paz y Justicia Paraguay, la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) y la Asociación de ONGs de Paraguay (POJOAJU), organizaciones fraternas que promueven el desarrollo, la democracia y los derechos humanos, ante el atentado criminal producido en el Núcleo 6, Arroyito, Concepción y en el que fallecieron 8 personas integrantes de las Fuerzas de Tarea Conjunta, manifestamos cuanto sigue:

1. Condenamos rotundamente el hecho registrado que altera principios básicos de derechos humanos y de convivencia democrática. Atentar contra la vida de personas más que configurar un gravísimo hecho punible, conforma el derrumbe del sentido de la dignidad de la vida como núcleo fundamental de la sociedad.

2. Extendemos nuestra solidaridad con los familiares de las personas fallecidas en el atentado y nos sumamos a sus clamores que demandan a las autoridades nacionales responsables, y a toda la sociedad a pedir Verdad y Justicia.

3. Exigimos, por tanto, a dichas autoridades realizar todo lo necesario en el marco de los principios democráticos y las garantías de los derechos humanos, para esclarecer el hecho que se produjo en un contexto de prolongado conflicto en el que demasiadas vidas ya fueron perdidas.

Los tres poderes del Estado tienen en sus manos las debidas responsabilidades para crear las condiciones requeridas a modo que el sufrimiento por la violencia llegue a su fin y que la pérdida de vidas deje de ser la norma cotidiana de convivencia en Paraguay.

27 de agosto de 2016

Contactos para entrevistas
Cristina Coronel, integrante de Serpaj PY

Tel: (0981) 516-033

Maribel Mercado, Secretaria General del Consejo Directivo de CDIA

Tel: (0985) 523-938

Susana Aldana, Secretaria Ejecutiva de Pojoaju

Tel: (0981) 835-422

Comunicado: Nuevos métodos, el mismo arreo de siempre (Serpaj-Py y CDIA)

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

NUEVOS MÉTODOS, EL MISMO ARREO DE SIEMPRE

El Servicio Paz y Justicia Paraguay (Serpaj-Py) y la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), expresan su absoluto rechazo a la nueva estrategia de arreo de jóvenes para el Servicio Militar Obligatorio (SMO), implementada por la Dirección General de Reclutamiento, Reserva y Movilización (DIGERRMOV), dependiente de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), a través de la utilización de vehículos particulares, hecho denunciado en publicaciones periodísticas de la fecha¹; y manifestamos cuanto sigue:

1. El reclutamiento forzoso constituye una privación ilegítima de la libertad y abuso de autoridad, que se encuentra castigada en el Código Penal, estableciendo sanciones de hasta 5 años de cárcel. Su realización viola la Constitución Nacional (artículos 5, 9, 11, 12, 15, 16, 17 y 41); la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículos 9, 12 y 20); la Convención de Naciones Unidas de los Derechos del Niño (artículos 35 y 37) y su Protocolo Facultativo sobre la participación de los niños en los conflictos armados ; además del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas (artículos 9 y 17), instrumentos de Derecho Internacional firmados y ratificados por el Estado paraguayo.

2. Las FFAA nos demuestran que no respetan los derechos humanos ni sus actos se hallan enmarcados en el Estado de Derecho, dado que la utilización de manera discrecional de los recursos públicos no puede ser legitimada mediante una “orden particular”, como la emitida por el Director General de la DIGERRMOV, Gral. Div. Milciades Rojas Fleitas, el pasado 2 de marzo de 2016.

3. Es inaceptable la actividad denominada “servicio de inteligencia”, consistente en la provisión de combustible a vehículos particulares, confirmando nuevamente que las FF. AA. siguen siendo una institución sin control, con recurrentes casos de corrupción y manejo espurio de la cosa pública.

4. Solicitamos, a las autoridades competentes, iniciar una investigación inmediata sobre la ejecución presupuestaria en general y en particular del rubro 360, por parte del Ministerio de Defensa Nacional, para la adquisición de combustibles y lubricantes, que ha experimentado un incremento sustancial durante los últimos años.

5. Exigimos al Presidente de la República, señor Horacio Cartes, en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, su intervención para frenar cualquier tipo de arreo en todo el territorio nacional, así como disponer la investigación exhaustiva de estos hechos y el castigo a sus responsables.

Contactos para medios de prensa:
Vidal Acevedo, integrante de SERPAJ PY – (0971) 336 934
Aníbal Cabrera, Dirección Ejecutiva CDIA – (0971) 914 915


¹ Investigación periodística sobre el caso, ver en: http://www.ultimahora.com/ffaa-arrean-jovenes-el-servicio-militar-usando-vehiculos-particulares-n1009307.html

² Protocolo de NNUU sobre participación de NNA en conflictos armados, ver en: http://www.unicef.org/spanish/crc/index_30203.html

Aquí el Comunicado en PDF: https://goo.gl/ugCvUB