COMUNICADO: Maltratadas, violadas, obligadas a ser madres y asesinadas: casos que reflejan la realidad de niñas y adolescentes en una sociedad indolente

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Asunción, 28 de marzo de 2018

Ante los frecuentes y resonados casos de diferentes formas de violencia hacia las niñas y las adolescentes durante el último mes, desde la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), red que articula diversas organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la vigilancia, defensa y exigibilidad de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia en Paraguay, observamos con profunda preocupación cuanto sigue:

  • Una niña Nivaclé de 12 años, queda embarazada como resultado de un abuso sexual en Loma Plata (Boquerón); una niña de apenas 10 años fallece en la ciudad de Guayaibí (San Pedro); una adolescente de 14 años muere, al momento a dar a luz, en el Hospital Regional de Itauguá; la madre de otra niña oriunda de San Vicente Pancholo (San Pedro), denuncia que su hija, una niña de 13 años, fue abusada y se encuentra embarazada y que ni la Fiscalía ni la Codeni han actuado. Una adolescente de 16 años muere dando a luz a sus mellizos en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, la misma ya había sido violada a los 13 años por su padrastro, dando a luz en su momento a un bebé. A pesar de las distancias entre los lugares donde han ocurrido estos casos, ellos no son aislados: todas estas niñas y adolescentes comparten la característica de haber sido abusadas sexualmente durante sus infancias.
  • Entre el 2014 y el 2016, el registro de casos de abuso sexual infantil de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA) se duplicó, pasando de 160 casos a 365 casos¹; cifra alarmante que solo evidencia la punta de un iceberg, pues en este terreno existe un alto subregistro de una situación que es vista como normal por gran parte de la sociedad.
  • El embarazo infantil y adolescente en Paraguay es una realidad; se registra, por día, el nacimiento de dos bebés cuyas madres son niñas de entre 10 y 14 años de edad, mientras que las madres de otros 55 nacidos vivos por día, cuentan con entre 15 y 20 años de edad.
  • Las causas de estas cifras son diversas y complejas, pero tienen una conjunción: la vida y el cuerpo de niñas y adolescentes que son obligadas a asumir roles y responsabilidades que no deben ser propios a su edad y por tanto a su desarrollo evolutivo biopsicosocial. Esta situación resulta en que 2 de cada 3 niñas o adolescentes embarazadas no terminen el ciclo escolar, perpetuando el ciclo de pobreza a la generación siguiente y precarizando sus propias vidas.
  • La desigualdad social continúa siendo una constante determinante en el desarrollo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, existiendo claras evidencias de que los sistemas de protección articulados por el Estado aún resultan insuficientes en su efectividad.
  • Persisten aún importantes desaciertos históricos en los Gobierno de turno en su labor de administrar un Estado que cumpla con su función de garante de derechos, incluso por acción u omisión pueden implicar retrocesos –como por ejemplo, la eliminación del enfoque de género en la educación pública– que ponen en riesgo estándares mínimos conquistados, en relación al ejercicio y goce pleno de derechos.
  • La niñez y la adolescencia son etapas de transición y desarrollo biológico, psicológico, sexual y social de las personas que, por sus complejas características, requieren de atenciones particulares, prioritarias y centrales por parte de los Estados, que en su obligación de respetar, proteger y satisfacer los derechos humanos, deben delinear políticas públicas como medio para alcanzar el horizonte del bienestar de la población en general, y de niñas, niños y adolescentes (NNA) en particular.
  • Este grupo de población (NNA) representa al 36% de las personas que viven en el territorio nacional². Sin embargo, el peso numérico de esta población no ha hecho que adquiriera la relevancia suficiente que lo ponga como foco principal de la agenda política y pública, ni garantiza que la voluntad política sea traducida en presupuestos adecuados y servicios especializados.
  • Existe una baja presión tributaria y por tanto baja inversión social en Paraguay; es urgente para erradicar las desigualdades el invertir en la niñez y adolescencia, no como una cuestión de caridad o de incluir una dosis de simpatía (o empatía) en una estrategia de desarrollo económico. Se trata de invertir en desarrollo humano³, de crear una sociedad cohesionada y una economía fuerte incluyendo efectivamente a este grupo etario del cual depende nuestro futuro, aunque paradójicamente lo olvidamos en el presente.

Por lo anterior, exigimos a las autoridades nacionales de los tres Poderes del Estado y de los tres niveles de gobierno (nacional, departamental y municipal) que cumplan de modo urgente todas las recomendaciones internacionales en materia de protección hacia la niñez y la adolescencia, junto con los marcos normativos vigentes en el país y en particular con la Ley N° 5.777/2016 de “Protección integral para mujeres contra toda forma de violencia”, que establece las responsabilidades estatales para la prevención, atención y sanción de la violencia a través de una serie de medidas a ser ejecutadas para la prevención, detección y atención de la violencia, entre ellas, algunas orientadas específicamente a la protección de los derechos de las niñas y las adolescentes.

Consejo Directivo

CDIA Paraguay

Contactos:

Ricardo Derene – 0981 242 427

Maribel Mercado – 0985 523 938

Aníbal Cabrera – 0971 914 915


 

¹ Datos proveídos por la SNNA al Observatorio de Políticas Públicas y Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la CDIA, 2017.

² Datos proveídos por la Dirección de Encuestas a Hogares de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos al Observatorio de Políticas Públicas y Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la CDIA. La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del 2016 estima que la población paraguaya asciende a 6.854.366 habitantes, de los cuales 2.547.809 tienen menos de 18 años de edad.

³ Entendido como “el proceso de expansión de las capacidades de las personas que amplían sus opciones y oportunidades” (PNUD, Informe de desarrollo humano).

Posicionamiento público sobre la propuesta del impuesto al tabaco, que destina un porcentaje a programas de salud pública, educación y las CODENI

La Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) de Paraguay, red que articula a más de 30 organizaciones de la sociedad civil del país en acciones de promoción, defensa, vigilancia, exigibilidad e incidencia en el ámbito de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia; expresa cuanto sigue:

 

  1. El Código de la Niñez y la Adolescencia, adoptado en el año 2001 (Ley N° 1680/01), incorporó el enfoque de derechos humanos en la atención a las niñas, niños y adolescentes, grupo de población que en el 2016 llegó a ser más de un 36% del país.

 

  1. Las obligaciones y responsabilidades de protección a la niñez y adolescencia fueron así transferidas desde el nivel nacional al local, a partir de la desconcentración de competencias, siendo los gobiernos locales la puerta de entrada del Sistema Nacional de Promoción y Protección Integral de Derechos de la Niñez y la Adolescencia (SNPPI), sin embargo esto no fue acompañado con una real descentralización de los recursos.

 

  1. Las CODENI (Consejerías Municipales por los Derechos del Niño) tienen el mandato legal de la prevención, para así evitar que las niñas, niños y adolescentes sean excluidos de los sistemas de cuidado, de protección social (salud, educación, etc.) y que tampoco sean víctimas de diversas formas de violencias o entren en conflicto con la ley penal.

 

  1. En la actualidad, del total de 255 municipios en el país, al menos 211 cuentan con los servicios de una CODENI, demostrando así –aún con muchas debilidades– su co-responsabilidad en la atención a este grupo de población que precisa ser el más visibilizado y el mejor atendido. Sin embargo, esto no será posible sin un presupuesto real para realizar su labor adecuadamente y según lo indicado por el marco legal vigente.

 

  1. El proyecto de ley de “impuesto selectivo al tabaco”, pendiente de estudio en el Congreso, es una gran oportunidad para empezar a poner fin a esta omisión, destinando al menos el 10% de lo obtenido del impuesto al tabaco a las municipalidades para el fortalecimiento de los programas de las CODENI.

 

Instamos a las y los parlamentarios a priorizar en sus agendas a la niñez y la adolescencia, sancionando esta modificación legislativa; y que con su entrada en vigencia se prevean la existencia de controles cruzados que garanticen la transparencia, el acceso a la información pública y la participación ciudadana, con apoyo de las organizaciones de la sociedad civil y en coordinación interinstitucional e intersectorial en los tres niveles de gobierno.

 

Consejo Directivo

CDIA Paraguay

 

Contactos:

Miguel Fleitas, Consejo Directivo CDIA

(0961) 490 995

Aníbal Cabrera, Dirección Ejecutiva CDIA

(0971) 914 915

Posicionamiento público sobre la necesidad de contar con una Educación Integral de la Sexualidad en el sistema educativo nacional de Paraguay

En Paraguay cada día nacen dos bebés de niñas de entre 10 y 14 años de edad, todas han sido víctimas de abusos sexuales por parte de personas adultas; es urgente tener un diálogo social y político serio como sociedad para poner fin a la violencia hacia la niñez y la adolescencia – en todas sus formas -, junto con la importancia de tener las herramientas pedagógicas necesarias para la prevención, mecanismos de autocuidado y protección de las niñas y los niños en Paraguay.

Ante el sesgado actuar sobre el tema por parte de las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), las organizaciones de derechos humanos firmantes, recordamos que:

1. El artículo 73 de la Constitución Nacional, señala como uno de los fines de la educación el de “eliminar los contenidos educativos de carácter discriminatorio”; y el artículo 14 del Código de la Niñez y la Adolescencia, señala que “el Estado, con la activa participación de la sociedad y especialmente la de los padres y familiares, garantizará servicios y programas de salud y educación sexual integral del niño y del adolescente, que tiene derecho a ser informado y educado de acuerdo con su desarrollo, a su cultura y valores familiares”.

2. Las acciones del MEC deben orientarse hacia la profundización de las causas e implicancias sociales y culturales que subyacen en la normalización de la violencia hacia la niñez y el abuso sexual en nuestra sociedad, tomando medidas educativas sobre una base científica y con enfoque de derechos humanos, que permitan brindar herramientas según del desarrollo evolutivo de cada niñas y niño.

3. La importancia de promover y sostener espacios de diálogos entre diferentes sectores de la sociedad acerca de las cuestiones complejas que enfrentamos como país; fomentando la vigencia de los derechos humanos, en el marco de la institucionalidad democrática y la garantía de una convivencia diversa por medio de un Estado laico.

4. Es prioritaria una educación de calidad, pública, laica, diversa y democrática, sustentada en la carta de principios de los derechos humanos. Erradicando así todas las formas de violencias, exclusión y discriminación a las personas que habitan el territorio nacional.

5. Las políticas públicas nacionales no pueden hacer coro fácil a discursos de odio que no reconocen la dignidad intrínseca de toda persona, convirtiéndose así en una herramienta de poder que pone obstáculos para la realización cotidiana de los derechos humanos.

6. La función clave de la educación es la tarea de la ampliación progresiva de la cultura de derechos humanos en nuestra sociedad, es necesario generar una propuesta de educación integral de la sexualidad, sobre una base científica y con enfoque de derechos humanos.

El derecho a la educación no es un derecho a cualquier educación, menos sesgada por valores propios del ámbito privado o basadas en creencias no científicas; y no puede definirse por criterios personales de ninguna autoridad, y más si los mismos no están en consonancia con la Constitución Nacional. El ocultar materiales educativos no modifica la realidad ni esconde la situación de la niñez y la adolescencia en Paraguay. Es tiempo de romper el oscurantismo en la educación paraguaya.

Contactos:

Aníbal Cabrera, CDIA. 0971 914915
Óscar Ayala, CODEHUPY. 0971 284292
Cristina Coronel, Serpaj Paraguay. 0981 516033

cdia-serpaj-codehupy

Posicionamiento público de la CDIA sobre el incendio en el Centro Educativo de CDE y la situación de los y las adolescentes privados de libertad en Paraguay

Ante los hechos acontecidos en la mañana del 13 de septiembre de 2017, cuando un grupo de adolescentes privados de libertad realizaron una protesta por las malas condiciones de vida y malos tratos al interior del “Centro Educativo” de Ciudad del Este (Dpto. de Alto Paraná, Paraguay); que derivó en un incendio, con 14 adolescentes afectados por humo y el fuego [1], y la posterior muerte de uno de ellos [2], de un total de 42 adolescentes presentes en el lugar; manifestamos cuanto sigue:

  1. Solidaridad con los adolescentes afectados por la tragedia y sus familias, todas ellas víctimas de un modelo de desarrollo excluyente que genera violencia estructural, y normaliza el mal trato, condiciones de vida inhumanas e incluso las torturas.
  2. Preocupación por las constantes situaciones de protestas y fugas en los mal llamados “Centros Educativos”, a cargo del Ministerio de Justicia dependiente del Poder Ejecutivo, cuyas autoridades principales y funcionarios públicos no prestan el debido cuidado y protección que requieren los y las adolescentes privados de libertad, que es responsabilidad del Estado paraguayo.
  3. Recordamos que en septiembre de 2004, hace 16 años, el Estado paraguayo fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la violación los derechos humanos de más de 4.000 adolescente privados de libertad en el Instituto de Reeducación del Menor “Panchito López” [3]; entre estas violaciones se encuentra la muerte de 12 adolescentes en un incendio en el año 2001. El Paraguay asumió el compromiso internacional de aplicar medidas de no repetición ante estos hechos.
  4. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), tras su visita de seguimiento en 2016 recomendó [4]“solicitar una inspección de los extintores de incendio […] y desarrollar las acciones pertinentes para que los mismos estén en condiciones para ser utilizados”, y “elaborar un plan de evacuación para casos de incendio y otros siniestros”.
  5. En su mayoría los y las adolescentes en privación de libertad no cuentan con un proceso judicial justo y de acuerdo a su contexto y desarrollo biosicosocial. El acceso a la justicia no está garantizado de modo adecuado, tiene un alto sesgo punitivo antes que educativo y de reinserción, dado que el modelo de justicia restaurativa no es aplicado a cabalidad por los y las operadores de justicia, debido a la baja especialización de estos.

Las diversas situaciones que viven los y las adolescentes en privación de libertad, son responsabilidad del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pues existe una deuda histórica del Estado paraguayo hacia el acceso a la justicia de este grupo de población, al no destinar los recursos necesarios que permitan un abordaje integral. Es tiempo de dejar de lado las excusas y cumplir en su totalidad la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en temas de justicia penal adolescente.

 

Asunción, 15 de septiembre de 2017

 

Consejo Directivo

CDIA Paraguay

 

Contactos:

Aníbal Cabrera – (0971) 914 915

Miguel Fleitas – (0961) 490 995


[1] Motín e incendio en correccional de menores del Este deja 14 heridos. Ver en: http://www.abc.com.py/edicion-impresa/judiciales-y-policiales/motin-e-incendio-en-correccional-de-menores-del-este-dejan-14-heridos-1631663.html

[2] Muere adolescente quemado en un motín en CDE y cuatro están graves. Ver en: http://www.ultimahora.com/muere-adolescente-quemado-un-motin-cde-y-cuatro-estan-graves-n1107956.html

[3] Caso Panchito vs. Paraguay, Corte Interamericana de DH. Sentencia del 02 de septiembre de 2004. Ver en:  http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=221&lang=e

[4] Informes de visitas de seguimiento del MNP al Centro Educativo de CDE en 2016. Ver en: http://www.mnp.gov.py/index.php/repository/informes-de-monitoreo-y-seguimiento/centros-educativos/func-startdown/230/

COMUNICADO: La educación, puerta de acceso a derechos

En ocasión al inicio de clases en las instituciones educativas de gestión pública en Paraguay, desde la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) recordamos al Estado y a la sociedad que:

a-. La educación es un derecho humano fundamental, esencial para poder ejercer todos los demás derechos; promueve la libertad, la autonomía personal y genera importantes beneficios para el desarrollo de la sociedad. Sin embargo, en Paraguay miles de niñas, niños y adolescentes siguen sin acceso a oportunidades educativas, en muchos casos debido a la situación de pobreza en la cual se encuentran.

b-. El Paraguay se comprometió, en 2016, al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) [1], que en el objetivo número 4 indica: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Entre sus metas principales se encuentran:

4.1- De aquí a 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados escolares pertinentes y eficaces.

4.5- De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, y las niñas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional.

c-. En enero de 2017, el Gobierno de Paraguay, en ocasión a la reunión de Responsables de Educación de América Latina de la UNESCO [2], se comprometió a:

9. (…) continuar avanzando en la expansión de los programas de atención y educación de la primera infancia, priorizando aquellos grupos marginados y/o excluidos, a partir de una oferta de calidad que promueva el desarrollo integral de niños y niñas, con la participación activa de las familias y comunidades, y que se encuentre articulada interinstitucional e intersectorialmente, asegurando así el éxito escolar en los ciclos sucesivos.

d-. La educación permite a las personas que se encuentran social y económicamente excluidas, romper el círculo intergeneracional de la pobreza por su propio esfuerzo y participar plenamente en la vida de la comunidad. El país cuenta con instrumentos normativos nacionales e internacionales que estipulan las obligaciones jurídicas del derecho a la educación; estos instrumentos promueven la realización del derecho que toda persona posee de disfrutar del acceso a la educación de calidad, sin discriminación ni exclusión [3].

Por tanto, le corresponde al Estado el cumplimiento de las obligaciones relativas al acceso y universalización de la educación de calidad para todas las personas, tanto de índole jurídica como política, junto con la aplicación y la supervisión más eficaces de las estrategias educativas [4].

Asunción, 22 de febrero de 2017

Consejo Directivo
CDIA Paraguay

Contactos:
Maribel Mercado, Secretaría General CDIA – (0985) 523 935
Aníbal Cabrera Echeverría, Dirección Ejecutiva CDIA – (0971) 914 915


[1] NN.UU. ODS 2030. Ver en http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

[2] UNESCO. Declaración de Buenos Aires, enero, 2017. Ver en http://www.unesco.org/new/es/santiago/press-room/our-stories/buenos-aires-declaration

[3] Constitución Nacional de la República del Paraguay. Artículo 46. De la Igualdad de las personas.

[4] Constitución Nacional de la República del Paraguay. Artículo 73. Del Derecho a la Educación y sus fines.