Posicionamiento público de la CDIA sobre el incendio en el Centro Educativo de CDE y la situación de los y las adolescentes privados de libertad en Paraguay

Ante los hechos acontecidos en la mañana del 13 de septiembre de 2017, cuando un grupo de adolescentes privados de libertad realizaron una protesta por las malas condiciones de vida y malos tratos al interior del “Centro Educativo” de Ciudad del Este (Dpto. de Alto Paraná, Paraguay); que derivó en un incendio, con 14 adolescentes afectados por humo y el fuego [1], y la posterior muerte de uno de ellos [2], de un total de 42 adolescentes presentes en el lugar; manifestamos cuanto sigue:

  1. Solidaridad con los adolescentes afectados por la tragedia y sus familias, todas ellas víctimas de un modelo de desarrollo excluyente que genera violencia estructural, y normaliza el mal trato, condiciones de vida inhumanas e incluso las torturas.
  2. Preocupación por las constantes situaciones de protestas y fugas en los mal llamados “Centros Educativos”, a cargo del Ministerio de Justicia dependiente del Poder Ejecutivo, cuyas autoridades principales y funcionarios públicos no prestan el debido cuidado y protección que requieren los y las adolescentes privados de libertad, que es responsabilidad del Estado paraguayo.
  3. Recordamos que en septiembre de 2004, hace 16 años, el Estado paraguayo fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la violación los derechos humanos de más de 4.000 adolescente privados de libertad en el Instituto de Reeducación del Menor “Panchito López” [3]; entre estas violaciones se encuentra la muerte de 12 adolescentes en un incendio en el año 2001. El Paraguay asumió el compromiso internacional de aplicar medidas de no repetición ante estos hechos.
  4. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), tras su visita de seguimiento en 2016 recomendó [4]“solicitar una inspección de los extintores de incendio […] y desarrollar las acciones pertinentes para que los mismos estén en condiciones para ser utilizados”, y “elaborar un plan de evacuación para casos de incendio y otros siniestros”.
  5. En su mayoría los y las adolescentes en privación de libertad no cuentan con un proceso judicial justo y de acuerdo a su contexto y desarrollo biosicosocial. El acceso a la justicia no está garantizado de modo adecuado, tiene un alto sesgo punitivo antes que educativo y de reinserción, dado que el modelo de justicia restaurativa no es aplicado a cabalidad por los y las operadores de justicia, debido a la baja especialización de estos.

Las diversas situaciones que viven los y las adolescentes en privación de libertad, son responsabilidad del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pues existe una deuda histórica del Estado paraguayo hacia el acceso a la justicia de este grupo de población, al no destinar los recursos necesarios que permitan un abordaje integral. Es tiempo de dejar de lado las excusas y cumplir en su totalidad la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en temas de justicia penal adolescente.

 

Asunción, 15 de septiembre de 2017

 

Consejo Directivo

CDIA Paraguay

 

Contactos:

Aníbal Cabrera – (0971) 914 915

Miguel Fleitas – (0961) 490 995


[1] Motín e incendio en correccional de menores del Este deja 14 heridos. Ver en: http://www.abc.com.py/edicion-impresa/judiciales-y-policiales/motin-e-incendio-en-correccional-de-menores-del-este-dejan-14-heridos-1631663.html

[2] Muere adolescente quemado en un motín en CDE y cuatro están graves. Ver en: http://www.ultimahora.com/muere-adolescente-quemado-un-motin-cde-y-cuatro-estan-graves-n1107956.html

[3] Caso Panchito vs. Paraguay, Corte Interamericana de DH. Sentencia del 02 de septiembre de 2004. Ver en:  http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=221&lang=e

[4] Informes de visitas de seguimiento del MNP al Centro Educativo de CDE en 2016. Ver en: http://www.mnp.gov.py/index.php/repository/informes-de-monitoreo-y-seguimiento/centros-educativos/func-startdown/230/

CASO CEI: Juicio en suspensión y pendiente de nueva fecha para su realización

El 21 de abril de 2014, luego de que fuera desactivado un motín con quema de colchones en el Centro Educativo Integral de Itauguá (CEI), Francisco Daniel Rojas Insfrán (16) y Néstor Javier Duarte Rodríguez (17) habrían sido asesinados por guardias que realizaron disparos con armas de fuego contra ambos adolescentes privados de su libertad en el CEI. Según lo informado, la quema de colchones fue realizada en el interior de los pabellones como medida de protesta ante las constantes situaciones de maltratos físicos y verbales, la mala calidad de la alimentación, la falta de insumos de básicos de higiene y aseo, entre otros.

En septiembre de 2014, la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) presentaron una querella adhesiva criminal por homicidio doloso contra los presuntos autores de los disparos que dieron muerte a los dos adolescentes privados de libertad.

El caso fue elevado a juicio oral y público por el Juez Miguel Ángel Bernardes el 22 de junio de 2015, quien admitió la acusación fiscal en el auto de apertura a juicio por el presunto asesinato de los jóvenes en contra de Ignacio Franco Fernández, Juan Carlos Saucedo y Adrián Díaz, ex guardias perimetrales del CEI.

La audiencia preliminar de junio de 2015 contó con la participación de las madres de Francisco y Néstor, durante la cual una de ellas exigió justicia al Estado paraguayo, para que la situación “no vuelva a suceder con sus compañeros aún recluidos (en el CEI) y tratados de la peor manera”.

El juicio está en suspensión desde el 9 diciembre de 2016, fecha en la cual no pudo llevarse a cabo por una providencia del entonces presidente interino del Tribunal de Sentencia de Luque, Hugo Villasanti, debido a un pedido formulado por la defensa de acceder a las grabaciones del circuito cerrado del CEI en la fecha de los hechos, agregar pruebas que no están adjuntas al expediente y ante otros pedidos de las partes. Concretamente, la defensa de los acusados solicitó la nulidad del proceso, mediante un incidente de nulidad de la audiencia preliminar.

A 3 años del hecho, cumplidos el pasado 21 de abril, aún no se dicta resolución del Tribunal de Apelación de Central (Palacio de Justicia de San Lorenzo) con respecto a la apelación deducida por la parte querellante; por lo que el proceso sigue pendiente para la realización del juicio oral. El Tribunal de Apelación de Central está conformado por: María Teresa González de Daniel, Fabriciano Villalba y María Lourdes Cardozo de Velázquez.

LITIGIO ESTRATÉGICO
Tanto la CDIA como la Codehupy, organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos en el Paraguay, han acompañado a los familiares de las víctimas mediante una querella adhesiva, comprendida en el marco de litigio estratégico con los siguientes objetivos:
– Búsqueda de justicia: que sean investigados los hechos y sea determinado el grado de responsabilidad penal de los acusados, y su posterior sanción.
– Acompañamiento psicológico y comunitario: realizado a los familiares de los adolescentes asesinados.
– Instalación de políticas públicas integrales dirigidas a adolescentes en conflicto con la ley penal: con acciones que garanticen los derechos humanos de los y las adolescentes privados de su libertad, y principalmente para la no repetición de este tipo de hechos.

CASO PANCHITO LÓPEZ Y LA CONDENA AL ESTADO PARAGUAYO
En el 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado Paraguayo por el caso “Instituto de Reeducación del Menor Panchito López”, por múltiples violaciones a los derechos humanos de aproximadamente 4.000 adolescentes, entre los años 1996 y 2001, pues a juicio de la Corte IDH el Estado paraguayo no adoptó las medidas de protección que está obligado a tomar a favor de los y las adolescentes privados de su libertad.

La sentencia de la Corte determinó principalmente:
– La declaración de una política de Estado en materia de adolescentes en conflicto con la ley consistente con los compromisos internacionales del Paraguay;
– Contemplar estrategias, acciones apropiadas y la asignación de los recursos que resulten indispensables para que los adolescentes privados de libertad se encuentren separados de los adultos, y;
– La creación de programas de educación, médicos y psicológicos integrales para todos los adolescentes privados de libertad.

SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN ADOLESCENTE PRIVADA DE LIBERTAD EN PARAGUAY
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) brinda información sobre sobre el estado de las y los adolescentes privados de libertad, donde “el 52% manifestó haber sido golpeado, maltratado o insultado en el centro educativo por parte de los educadores/guardias”¹, según consta en el Informe de Gestión 2016.

El CEI es mayor centro educativo del país, pues alberga a 35% de la población adolescentes; tras una de visita de seguimiento llevada a cabo en abril de 2016, pudo constatarse lo siguiente²:
– Al menos 85% de sobrepoblación: 191 adolescentes estaban privados de libertad; el CEI dispone de cupo para 120, con 9 pabellones; aunque según estándares de la Corte IDH solo dispone de capacidad para 70 personas, pues se estiman 7 metros cuadrados por cada persona privada de libertad.
– Infraestructura insuficiente: con clara sobrepoblación, el CEI solo disponía de 97 camas, muchas de ellas en malas condiciones, para toda su población; además los pabellones no disponían de ventilación ni iluminación adecuada. También fueron detectados techos con goteras y paredes con humedad; ninguno de los pabellones contaba con duchas suficientes ni agua caliente.
– Mayoría por hechos punibles contra la propiedad: 7 de cada 10 adolescentes (71,8%) estaban privados de libertad por hechos punibles contra la propiedad; 14,4% por hechos punibles vinculados a delitos por sustancias estupefacientes; y el 9,6% por hechos punibles contra la vida.
– Falta de asesoría jurídica y acompañamiento: 84% de los adolescentes entrevistados manifestaron que no fueron asesorados por los/as abogados/as del CEI, tampoco sus familias.
– Derecho a la salud: solamente el 80% de ellos manifestó que existe atención sanitaria en el CEI.


¹ Informe Anual de Gestión – Año 2016: http://www.mnp.gov.py/index.php/repository/informe-anual-de-gestion/Informes-anuales-de-gesti%C3%B3n/Informe-Anual-de-Gesti%C3%B3n—A%C3%B1o-2016/

²  Informe de Seguimiento Centro Educativo Itauguá – Abril 2016: http://www.mnp.gov.py/index.php/repository/informes-de-monitoreo-y-seguimiento/centros-educativos/Centros-educativos/Informe-de-Seguimiento-Centro-Educativo-Itaugu%C3%A1/