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COMUNICADO: Maltratadas, violadas, obligadas a ser madres y asesinadas: casos que reflejan la realidad de niñas y adolescentes en una sociedad indolente

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Asunción, 28 de marzo de 2018

Ante los frecuentes y resonados casos de diferentes formas de violencia hacia las niñas y las adolescentes durante el último mes, desde la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), red que articula diversas organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la vigilancia, defensa y exigibilidad de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia en Paraguay, observamos con profunda preocupación cuanto sigue:

  • Una niña Nivaclé de 12 años, queda embarazada como resultado de un abuso sexual en Loma Plata (Boquerón); una niña de apenas 10 años fallece en la ciudad de Guayaibí (San Pedro); una adolescente de 14 años muere, al momento a dar a luz, en el Hospital Regional de Itauguá; la madre de otra niña oriunda de San Vicente Pancholo (San Pedro), denuncia que su hija, una niña de 13 años, fue abusada y se encuentra embarazada y que ni la Fiscalía ni la Codeni han actuado. Una adolescente de 16 años muere dando a luz a sus mellizos en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, la misma ya había sido violada a los 13 años por su padrastro, dando a luz en su momento a un bebé. A pesar de las distancias entre los lugares donde han ocurrido estos casos, ellos no son aislados: todas estas niñas y adolescentes comparten la característica de haber sido abusadas sexualmente durante sus infancias.
  • Entre el 2014 y el 2016, el registro de casos de abuso sexual infantil de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA) se duplicó, pasando de 160 casos a 365 casos¹; cifra alarmante que solo evidencia la punta de un iceberg, pues en este terreno existe un alto subregistro de una situación que es vista como normal por gran parte de la sociedad.
  • El embarazo infantil y adolescente en Paraguay es una realidad; se registra, por día, el nacimiento de dos bebés cuyas madres son niñas de entre 10 y 14 años de edad, mientras que las madres de otros 55 nacidos vivos por día, cuentan con entre 15 y 20 años de edad.
  • Las causas de estas cifras son diversas y complejas, pero tienen una conjunción: la vida y el cuerpo de niñas y adolescentes que son obligadas a asumir roles y responsabilidades que no deben ser propios a su edad y por tanto a su desarrollo evolutivo biopsicosocial. Esta situación resulta en que 2 de cada 3 niñas o adolescentes embarazadas no terminen el ciclo escolar, perpetuando el ciclo de pobreza a la generación siguiente y precarizando sus propias vidas.
  • La desigualdad social continúa siendo una constante determinante en el desarrollo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, existiendo claras evidencias de que los sistemas de protección articulados por el Estado aún resultan insuficientes en su efectividad.
  • Persisten aún importantes desaciertos históricos en los Gobierno de turno en su labor de administrar un Estado que cumpla con su función de garante de derechos, incluso por acción u omisión pueden implicar retrocesos –como por ejemplo, la eliminación del enfoque de género en la educación pública– que ponen en riesgo estándares mínimos conquistados, en relación al ejercicio y goce pleno de derechos.
  • La niñez y la adolescencia son etapas de transición y desarrollo biológico, psicológico, sexual y social de las personas que, por sus complejas características, requieren de atenciones particulares, prioritarias y centrales por parte de los Estados, que en su obligación de respetar, proteger y satisfacer los derechos humanos, deben delinear políticas públicas como medio para alcanzar el horizonte del bienestar de la población en general, y de niñas, niños y adolescentes (NNA) en particular.
  • Este grupo de población (NNA) representa al 36% de las personas que viven en el territorio nacional². Sin embargo, el peso numérico de esta población no ha hecho que adquiriera la relevancia suficiente que lo ponga como foco principal de la agenda política y pública, ni garantiza que la voluntad política sea traducida en presupuestos adecuados y servicios especializados.
  • Existe una baja presión tributaria y por tanto baja inversión social en Paraguay; es urgente para erradicar las desigualdades el invertir en la niñez y adolescencia, no como una cuestión de caridad o de incluir una dosis de simpatía (o empatía) en una estrategia de desarrollo económico. Se trata de invertir en desarrollo humano³, de crear una sociedad cohesionada y una economía fuerte incluyendo efectivamente a este grupo etario del cual depende nuestro futuro, aunque paradójicamente lo olvidamos en el presente.

Por lo anterior, exigimos a las autoridades nacionales de los tres Poderes del Estado y de los tres niveles de gobierno (nacional, departamental y municipal) que cumplan de modo urgente todas las recomendaciones internacionales en materia de protección hacia la niñez y la adolescencia, junto con los marcos normativos vigentes en el país y en particular con la Ley N° 5.777/2016 de “Protección integral para mujeres contra toda forma de violencia”, que establece las responsabilidades estatales para la prevención, atención y sanción de la violencia a través de una serie de medidas a ser ejecutadas para la prevención, detección y atención de la violencia, entre ellas, algunas orientadas específicamente a la protección de los derechos de las niñas y las adolescentes.

Consejo Directivo

CDIA Paraguay

Contactos:

Ricardo Derene – 0981 242 427

Maribel Mercado – 0985 523 938

Aníbal Cabrera – 0971 914 915


 

¹ Datos proveídos por la SNNA al Observatorio de Políticas Públicas y Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la CDIA, 2017.

² Datos proveídos por la Dirección de Encuestas a Hogares de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos al Observatorio de Políticas Públicas y Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la CDIA. La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del 2016 estima que la población paraguaya asciende a 6.854.366 habitantes, de los cuales 2.547.809 tienen menos de 18 años de edad.

³ Entendido como “el proceso de expansión de las capacidades de las personas que amplían sus opciones y oportunidades” (PNUD, Informe de desarrollo humano).

Seminario Internacional “Avances y desafíos para la erradicación de la trata de niñas, niños y adolescentes en Paraguay, en el marco de la Agenda 2030”

CALCO - Seminario Erradicación de la Trata PY

Registrate para participar del Seminario Internacional “Avances y desafíos para la erradicación de la trata de niñas, niños y adolescentes en Paraguay, en el marco de la Agenda 2030”, que se realizará el miércoles 21 de marzo de 2018, de 08.00 a 16.00 hs, en el Salón Escenario del Gran Hotel del Paraguay (De la Residenta 902 casi Padre Pucheau 902, Asunción).

La propuesta del Seminario es generar un espacio de análisis, conversación, reflexión y sobre la problemática de Trata en Paraguay, con mayor énfasis en niñez y adolescencia. Así como para la presentación de materiales guías para la promoción, prevención y protección integral de los niños, niñas y adolescentes víctimas de trata en Paraguay.

Inscribite completando el siguiente formulario: https://goo.gl/7jqzp2

Caso CEI: querella apelará sentencia de juicio por muerte de los dos adolescentes

Hoy, martes 26 de diciembre de 2017, a las 19.00 hs, la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) presentarán un escrito de apelación contra la Sentencia Definitiva (S. D.) Nro. 528, dictada en el juicio caratulado: “Ignacio Franco Fernández y otros s/ homicidio doloso y otro”, por el Tribunal de Sentencia de Luque, conformado por Abg. Alicia Orrego, Abg. Lilian Rosaura Flores y Abg. Rubén Morínigo.

La presentación será realizada en la oficina de atención permanente de la circunscripción del Departamento  Central, en la ciudad de San Lorenzo, por las abogadas Sonia Von Lepel y Natalia Rodríguez, de la Codehupy y la CDIA, respectivamente, quienes ejercen la querella adhesiva en este caso.

En la sentencia del juicio por las muertes de los adolescentes Francisco Rojas y Néstor Duarte, ocurridas en el Centro Educativo de Itauguá (CEI) el 21 de abril del 2014, fue condenado el ex guardia perimetral del CEI, Adrián Díaz, a cuatro años y siete meses de privación de libertad. Así mismo, el Tribunal decidió absolver de culpa y pena a los otros dos procesados: Ignacio Franco Fernández y Juan Carlos Saucedo, por no encontrar probada su participación en la muerte de los dos adolescentes bajo custodia del Estado.

Ante los elementos que demuestran la participación y responsabilidad del encausado Ignacio Franco Fernández en el hecho culposo, las abogadas de la querella presentarán la impugnación de la sentencia número 528 del pasado 27 de octubre. Mediante la apelación, se espera que dicha decisión sea revertida; y que las familias de los dos adolescentes puedan ejercer próximamente las acciones de reparación respectivas.

Aquí los antecedentes del caso: https://goo.gl/u5k529

Contactos de prensa:

Abg. Natalia Rodríguez – 0971 479 973

Posicionamiento público sobre el desalojo forzoso de la comunidad indígena Ava Guarani Tekoha Jejytymiri y las malas prácticas constantes de agentes estatales que no garantizan los DDHH

Asunción, 13 de diciembre de 2017

La Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) de Paraguay, red que articula a más de 30 organizaciones de la sociedad civil del país en acciones de promoción, defensa, vigilancia, exigibilidad e incidencia en el ámbito de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia; expresa cuanto sigue:

1-. Rechazamos absolutamente el desalojo forzoso realizado a integrantes de la comunidad indígena Ava Guarani Tekoha Jejytymiri (niñas, niños, adolescentes y personas adultas), del distrito de Itakyry, en el departamento de Canindeyú; ocurrido el pasado miércoles 06 de diciembre de 2017, en lo que la comunidad indígena identifica como sus tierras ancestrales.

2-. Lamentamos que, en el proceso de desalojo poco claro, este grupo nativo conformado por 26 familias soportó la quema de 18 casas, la destrucción de sus cultivos y la matanza de animales domésticos por parte de particulares, en las 500 hectáreas que ocupaban; al no tener donde ir, en la actualidad están acampando de modo precario en la Plaza de Armas (Asunción).

3-. Recordamos que los desalojos forzosos constituyen graves violaciones a derechos humanos internacionalmente reconocidos y garantizados por nuestra legislación interna, en particular el derecho de toda persona a una vivienda adecuada, a la alimentación, al agua, a la salud, a la educación, al trabajo, a su seguridad, a la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y a la libertad de circulación.

4-. Advertimos que los desalojos forzosos hacen que las personas se queden sin un hogar y en la pobreza más extrema, sin medios para garantizar su subsistencia y, en la práctica, sin un acceso real a recursos jurídicos o de otro tipo. Los desalojos forzosos intensifican la desigualdad, los conflictos sociales y la segregación, que invariablemente afectan a los sectores más pobres de la sociedad, más vulnerables económica y socialmente, y en particular a las mujeres, a la niñez y la adolescencia, a las personas con discapacidad, entre otras.

5-. Exhortamos a los tres poderes del Estado paraguayo a revisar la normativa vigente, protocolos de actuación y demás instrumentos y mecanismos de trabajo que permitan cumplir a cabalidad los “Principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo” de las Naciones Unidas. Estas directrices tienen por objeto ayudar a los Estados a elaborar políticas y legislaciones para evitar los desalojos forzosos en el ámbito nacional.

Por lo anterior volvemos a señalar que una falta de acceso a la justicia y no existencia de sistemas reales de protección sociales generan que estas malas prácticas constantes de agentes estatales, tanto judiciales como de las fuerzas de seguridad, no garantizan los derechos humanos de las personas y comunidades más vulnerables de nuestra sociedad; es imperante la restitución de derechos y las garantías de no repetición.

 

Consejo Directivo

CDIA Paraguay

 

Contactos:

Miguel Fleitas, Consejo Directivo CDIA, (0961) 490 995

Aníbal Cabrera, Dirección Ejecutiva CDIA, (0971) 914 915

Posicionamiento público sobre la propuesta del impuesto al tabaco, que destina un porcentaje a programas de salud pública, educación y las CODENI

La Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) de Paraguay, red que articula a más de 30 organizaciones de la sociedad civil del país en acciones de promoción, defensa, vigilancia, exigibilidad e incidencia en el ámbito de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia; expresa cuanto sigue:

 

  1. El Código de la Niñez y la Adolescencia, adoptado en el año 2001 (Ley N° 1680/01), incorporó el enfoque de derechos humanos en la atención a las niñas, niños y adolescentes, grupo de población que en el 2016 llegó a ser más de un 36% del país.

 

  1. Las obligaciones y responsabilidades de protección a la niñez y adolescencia fueron así transferidas desde el nivel nacional al local, a partir de la desconcentración de competencias, siendo los gobiernos locales la puerta de entrada del Sistema Nacional de Promoción y Protección Integral de Derechos de la Niñez y la Adolescencia (SNPPI), sin embargo esto no fue acompañado con una real descentralización de los recursos.

 

  1. Las CODENI (Consejerías Municipales por los Derechos del Niño) tienen el mandato legal de la prevención, para así evitar que las niñas, niños y adolescentes sean excluidos de los sistemas de cuidado, de protección social (salud, educación, etc.) y que tampoco sean víctimas de diversas formas de violencias o entren en conflicto con la ley penal.

 

  1. En la actualidad, del total de 255 municipios en el país, al menos 211 cuentan con los servicios de una CODENI, demostrando así –aún con muchas debilidades– su co-responsabilidad en la atención a este grupo de población que precisa ser el más visibilizado y el mejor atendido. Sin embargo, esto no será posible sin un presupuesto real para realizar su labor adecuadamente y según lo indicado por el marco legal vigente.

 

  1. El proyecto de ley de “impuesto selectivo al tabaco”, pendiente de estudio en el Congreso, es una gran oportunidad para empezar a poner fin a esta omisión, destinando al menos el 10% de lo obtenido del impuesto al tabaco a las municipalidades para el fortalecimiento de los programas de las CODENI.

 

Instamos a las y los parlamentarios a priorizar en sus agendas a la niñez y la adolescencia, sancionando esta modificación legislativa; y que con su entrada en vigencia se prevean la existencia de controles cruzados que garanticen la transparencia, el acceso a la información pública y la participación ciudadana, con apoyo de las organizaciones de la sociedad civil y en coordinación interinstitucional e intersectorial en los tres niveles de gobierno.

 

Consejo Directivo

CDIA Paraguay

 

Contactos:

Miguel Fleitas, Consejo Directivo CDIA

(0961) 490 995

Aníbal Cabrera, Dirección Ejecutiva CDIA

(0971) 914 915