BIENES PÚBLICOS: VIEJAS PRÁCTICAS EN NUEVOS RUMBOS

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Asunción, 5 de marzo del 2015

A partir de los últimos hechos acontecidos y que fueron de público conocimiento en torno a la utilización indebida de bienes del Estado con fines partidarios y proselitistas por parte de la Asociación Nacional Republicana (ANR), actual partido de gobierno, la Asociación de ONGs de Paraguay – Pojoaju; la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia – CDIA; la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay – Codehupy y Decidamos, Campaña por la Expresión Ciudadana, expresan lo siguiente:

– Son fines de la función pública el servicio al país, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Nacional (Art. 101), así como la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos, conforme a lo dispuesto por las leyes vigentes y la Constitución.

 

– Los bienes públicos, sean tangibles o intangibles, se encuentran a disponibilidad de las personas, con uso comedido y sostenido, bajo criterios de corresponsabilidad y sin mecanismos de discriminación o uso exclusivo por parte de un sector. Los mismos son propiedad del Estado por tanto del pueblo,  están en custodia o al cuidado de quienes gobiernan coyunturalmente, tienen que ser utilizados con la responsabilidad debida, y en el marco de lo establecido por las normas jurídicas existentes.

 

– Los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), son corresponsables en velar por el buen uso de los bienes públicos y los recursos del Estado. No hacerlo implica desconocer la legislación nacional vigente y la misma Constitución Nacional. Las autoridades públicas, sean electas o administrativas, del nivel local, departamental o nacional, tienen la obligación de proteger y conservar los bienes del Estado, debiendo utilizar los que le fueran asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento, sin emplear o permitir que otros empleen los bienes del Estado para fines particulares o propósitos que no sean aquellos para los cuales hubieran sido específicamente destinados (malversación).

 

– En el país, de modo histórico, la visión patrimonialista que tienen los sectores políticos tradicionales hacia los bienes públicos y los recursos del Estado, ha significado no sólo una utilización indebida de los mismos, sino también una violación de las leyes vigentes y de la misma Constitución Nacional. En la mayoría de los casos de uso indebido de bienes públicos, la justicia, que debería obrar de oficio, no ha tomado cartas en el asunto, lo cual demuestra un claro contubernio entre los poderes del Estado en cuanto a la gestión particular de los recursos estatales.

 

En un país sumido en situaciones de pobreza extrema e inequidad social, también implica una clara violación a los derechos humanos por parte de las autoridades públicas. Al cumplirse 26 años de retorno a la democracia en el país, es tiempo de superar el clientelismo y el prebendarismo, de lo contrario nuestra democracia junto con la república y sus instituciones seguirán siendo frágiles y de baja calidad. Por tanto, como redes de organizaciones sociales del país:

 

1. Hacemos un llamado a los tres poderes del Estado, que demuestren un comportamiento adecuado a la altura que los tiempos exigen, y que además tengan el decoro de realizar sus tareas de forma ética, democrática, transparente, participativa, y ajustadas a las disposiciones constitucionales.

 

2. Exigimos la investigación de la mala utilización de los bienes públicos y de los recursos del Estado, y que las personas responsables sean identificadas y sancionadas, a fin de evitar que este tipo de conductas ilegales queden impunes.

 

3. Instamos a la ciudadanía a realizar denuncias concretas sobre casos de mala utilización de los bienes públicos y recursos del Estado, sea en el ámbito municipal, departamental o nacional.

 

Contactos:

(021) 423 175

 

Pojoaju, Asociación de ONG del Paraguay

Decidamos, Campaña por la expresión ciudadana

Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy)

Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA)

Ver: http://goo.gl/ddObDK

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